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Marchas y violencia separatista en una Cataluña paralizada
Medio millón de personas marcharon pacíficamente por la libertad de sus dirigentes, mientras que un segundo grupo menos numeroso recurrió a la violencia; el Ejecutivo prometió "todo el rigor" de la ley
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LA NACIONSilvia Pisani
MADRID.- Entre la virtual guerrilla urbana, de un lado, y la celebración festiva, del otro, el Día D de la carga independentista en Cataluña envió un poderoso mensaje de incertidumbre.
Por un lado, que la violencia aumenta. Por el otro, una contundente manifestación de más de medio millón de personas que dijeron, pacíficamente, que les gustaría que la región fuera independiente. Una elocuente caravana que sorprendió por su mensaje.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez admite "preocupación". El separatismo se reviste de dos facciones y las dos van en aumento: la pacífica y la violenta.
La misma inquietud reconoce la oposición, solo que acusa al gobierno de "minimizar" la cuestión. Pero nadie acierta con la fórmula para lo que, hasta ahora, es una tensión irresuelta y en aumento.
La gestión socialista opera con prudencia de cirujano. Desde Bruselas, Sánchez defendió que su "moderación" en Cataluña es sinónimo de "fortaleza" y que contribuye a "calmar los ánimos".
Poco después y ante los nuevos desmanes, su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuantificó en "400 personas" al "independentismo violento" y amenazó con aplicarles "todo el rigor del Código Penal".
Habló de penas de "hasta seis años" de prisión por delitos de alteración del orden público. Pero lo cierto es que, luego de la amenaza, los desmanes siguieron.
Al avanzar la noche el ministro contabilizó 128 detenidos, 207 agentes heridos, 800 contenedores y 107 vehículos incendiados.
El gobierno admitió así la fractura entre el independentismo "violento" y el "no violento". Y lo cierto es que los dos se expresaron con una intensidad inquietante para su estrategia.
Con sus dos caras, la efervescencia callejera es la respuesta de rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo, que el lunes pasado condenó a penas de hasta 13 años de prisión a dirigentes que hace dos años impulsaron la fallida separación de Cataluña.
"Eso es una vergüenza intolerable. Hay que irse de esta cárcel que es el Estado español y que cada día coloca un barrote más", dijo el presidente del gobierno independentista catalán, Joaquín Torra, al ponerse al frente de la resistencia.
Cortadas hace rato las vías de comunicación, el gobierno central no sale del discurso de que "no habrá espacio para la impunidad", pese a que esta florece en virtual batalla campal en las noches de Barcelona.
Tampoco el rey pareció recoger el guante. A Felipe VI le tocó comparecer en Oviedo por los Premios Princesa de Asturias, que marcaron el debut institucional de su hija, pero evitó toda referencia a lo que ocurría por esas mismas horas en Cataluña. No hubo alusión explícita ni implícita a la crisis que desafía a España.
¿Quién está detrás de los desmanes? Entre las imágenes pavorosas de violencia, Madrid se volvió un hervidero de rumores sobre lo que ocurría allí. Como la supuesta presencia de "anarquistas extranjeros, venidos de fuera", según dijo la vocera de JuntsXCat -el partido que ejerce el gobierno regional- Laura Borrás.
"Son datos que estamos investigando", admitió. Pero no dio más pistas.
El independentismo, que gobierna en Cataluña y debería tener la idea más clara, mostraba teorías contradictorias. "Hay infiltrados de la policía", dijo Borrás, con la idea de que había "montajes" desde las fuerzas de seguridad.
"No seamos paranoicos y admitamos que hay un problema", la corrigió el vocero en el Congreso Nacional de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián.
La Audiencia Nacional investiga ya por "terrorismo" a Tsunami Democratic, la plataforma desde cuya web se convocó a movilizarse en contra de las condenas a prisión de los líderes independentistas, entre ellos, el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La condena se conoció el lunes pasado y desde entonces no ha habido una sola noche de paz en Cataluña ante el estallido social en contra de "la burla a la democracia". Tenemos "un problema de orden público", admitió el ministro José Luis Ábalos, uno de los principales asesores del socialista Sánchez, mientras en Barcelona se lanzaban adoquines, de un lado, y balas de goma, del otro.
Ábalos subrayó que se actuará desde "la prudencia". Casi lo mismo que hace dos años decía el destituido expresidente Mariano Rajoy.
La Justicia belga, en tanto, dejó en libertad pero con medidas cautelares al expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa -desde el lunes, y merced a la sentencia del Tribunal Supremo- una orden europea de captura por los delitos de sedición y malversación.
Es la misma sentencia que confirmó la prisión para sus excompañeros de gobierno. Un castigo que pudo eludir al escaparse con sigilo a Bélgica.
La violencia campea y no tiene líder visible. La plataforma que ahora se investiga por "indicios de terrorismo" apela a la idea de "recuperar la iniciativa y hacer nuestra la calle". Hasta ahora, no les va mal. Otro día contradictorio y muy preocupante.
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