Coronavirus: cómo se decide liberar un preso en el país con la mayor tasa de reclusos del mundo

NUEVA YORK.- El coronavirus no pide permiso. Cruza límites y fronteras, se escabulle en los sitios más recónditos del planeta. Su mejor aliado: la concentración de gente en lugares confinados. En Estados Unidos , las cárceles que viven abrumadas el avance del enemigo invisible han sido un claro ejemplo de cómo opera el microorganismo.

Según datos revelados por la Oficina de Prisiones Federales (BOP, por sus siglas en inglés) -que controla la custodia de más de 142 mil reclusos a nivel nacional-, al menos 1300 presos han sido testeados como pacientes Covid-19 positivos, y otros treinta han muertos. Las cifras de las las prisiones estatales, sin embargo, indican números mucho más altos. Recopilaciones realizadas por el The New York Times revelan que un total de 16.000 personas han sido infectadas dentro de los sistemas carcelarios controlados a nivel estatal.

Casi todas las prisiones -a nivel estatal y federal- han registrado por lo menos un caso de coronavirus en sus establecimientos. La rápida propagación del virus ha obligado a las autoridades a delinear planes para el traslado o la liberación de reclusos a lo largo y ancho del país, y así descomprimir sistemas abrumados.

Un memorándum publicado por la oficina del Procurador General de Estados Unidos, William Barr, dirigido a la Oficina de Prisiones Federales establece qué tener en cuenta para descongestionar el caudal de personas en establecimientos carcelarios. "Si bien tenemos una obligación para proteger a los trabajadores del sistema carcelario y a las personas bajo su custodia, también tenemos la obligación de proteger a la población", remarca el documento. "Eso significa que no se puede correr ningún riesgo al transferir reclusos a hogares de confinamiento", se subraya.

El manuscrito del abogado republicano William Barr remarca la importancia del proceso de selección de presos a ser liberados y aislados frente a esta crisis sanitaria. Según el letrado, no sólo pesa el riesgo de la propagación del coronavirus, sino el riesgo al que se podría someter a la población de otras maneras.

"Al evaluar a qué reclusos se les debe otorgar el confinamiento en hogares, se debe considerar un total de circunstancias para cada preso de manera individual", afirma el texto, que continúa por listar una serie de factores discrecionales que deben ser cumplidas.

• La edad y la susceptible vulnerabilidad del recluso al Covid-19, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés);
• El nivel de seguridad de la instalación que actualmente retiene al interno, con la prioridad dada a los internos que residen en instalaciones de seguridad bajas y mínimas;
• La conducta del preso en la prisión: los presos que han participado en actividades violentas y/o relacionadas con pandillas en la prisión, o que han incurrido en una violación de la BOP en el último año no recibirán tratamiento prioritario en virtud de este memorándum;
• El puntaje del recluso bajo PATTERN (la herramienta de evaluación de prisioneros dirigida a necesidades y riesgos estimados). Los reclusos que estén registrados por debajo del puntaje mínimo no recibirán de prioridad;
• Si el interno ha demostrado no tener una tendencia a la reincidencia, si maximizará la seguridad pública, y si se confirma que su salida del confinamiento presentará lo pondrá en un riesgo menor de contagio de coronavirus que estando recluido;
• La condena por delito del recluso y la evaluación del peligro que representa para la comunidad. Algunos delitos, como el delito sexual, harán que un interno no sea elegible para la detención domiciliaria. Otras ofensas serias deberían luchar más fuertemente para ser entrar en la consideración de la detención domiciliaria.

Además de los factores enumerados, se establece que -previo a autorizar la salida de algún reo-, un director médico de los establecimientos carcelarios deberá -basado en los lineamientos establecidos por el CDC- hacer una evaluación de los factores de riesgo del preso ante un posible contagio de Covid-19. Además, también deberán ser evaluados los riesgos a los que se podría exponer el reo en el hogar donde aspira a ser confinado.

Un problema a gran escala

Estados Unidos tiene más personas detrás de barras que cualquier otro país en el mundo, con un total 2,3 millones de personas como población encarcelada. Casi la mitad de los reclusos se encuentran en prisiones estatales, mientras que el resto se encuentran divididos entre prisiones federales y locales.

El brote de coronavirus en centros carcelarios de todo el país ha dejado a las autoridades frente a la problemática de cómo reducir la población de reclusos e imponer prácticas de distanciamiento social en lugares que presentan altas limitaciones.

En este contexto, el BOP ha recibido críticas de los trabajadores del sector que han sido reportadas en varios medios locales por haber actuado lento y tarde frente a la crisis. Hacia fines de marzo, docenas de expertos en salud pública enviaron una carta al presidente Donald Trump para que tome medidas para proteger a los reclusos y a los detenidos en centros migratorios.

En la misiva, los profesionales de la salud solicitaron al mandatario norteamericano que accione frente al problema que significa el avance del coronavirus en las cárceles. Piden, entre otras cuestiones, que se conmuten las penas de los reos de edad avanzada, que son quienes están más expuestos a los efectos del virus respiratorio. En este sentido aclararon que la liberación de estas personas representaría un bajo riesgo para la sociedad.

En Michigan Tennesse y California, los últimos días se ha resuelto a los testeos masivos que arrojaron que -pese a no mostrar síntomas- un gran porcentaje de los presos tiene el virus respiratorio.

El Instituto Correción Marion, en Ohio, que cuenta con una capacidad máxima de 2623 reclusos, tiene 2179 casos registrados. El 83% de esa población carcelaria tiene coronavirus, lo que lo convierte en el punto con mayor concentración del virus en el país. Lo sigue el Instituto Correcional Pickaway, también en el estado de Ohio, cuenta con una capacidad máxima de 2088 internos: 1629 están infectados, lo que representa casi un 80 por ciento de su población.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dispuso la liberación de 1100 reos que cumplían condena por haber violado su libertad condicional por "razones no graves" o que tenían fechas de liberación previstas para dentro de menos de un año. Desde entonces, grupos de defensa han pedido que el sistema penitenciario estatal libere a más prisioneros que se acercan a su fecha de liberación o que viven con condiciones preexistentes que los ponen en riesgo de contraer el virus.

Michelle Bachelet, comisionada de Derechos Humanos de la ONU, advirtió a los gobiernos que no deben olvidar a la población detrás de las rejas. "En muchos países, los centros de detención están sobrepasados, en muchos casos de forma peligrosa", sostuvo, y remarcó: "Las consecuencias de descuidarlas son potencialmente catastróficas".