El caso de Leonarda hace mella en Francia
La deportación de la joven gitana a Kosovo llevó a replantear toda la política de asilo
PARÍS.- El caso de Leonarda Dibrani, la joven gitana de origen kosovar arrestada durante una excursión escolar y deportada con su familia, sigue atrapando a los franceses y a sus medios de comunicación.
En plenas vacaciones escolares no se habla de otra cosa, como si un resto de mala conciencia colectiva no se hubiera disipado, o quizá como si alguien hubiera diseñado el asunto con esmero para emprender una especie de reeducación de la ciudadanía, una puesta al día de los valores republicanos y de la izquierda, destinada a hacer comprender a los electores que, como dice la líder ultraderechista Marine Le Pen, Francia no puede seguir gastando tanto en los extranjeros.
La sobreexposición pública del ministro del Interior, Manuel Valls, ayuda a que medios y ciudadanos parezcan incapaces de salir del bucle. Ahora Valls prometió acelerar la reforma de la política de asilo para que en vez de los 20 meses promedio que demora hoy en resolver las peticiones, el Estado tarde como máximo entre seis y nueve meses, reduciendo de paso los recursos, las garantías jurídicas de los solicitantes y las ayudas estatales que se conceden a los demandantes mientras dura la tramitación.
La filosofía general de la reforma es simplificar los trámites para ahorrar tiempo y dinero. Valls no sólo cree que algunos extranjeros, como los gitanos, "no quieren integrarse", sino que, en su entrevista con Le Journal du Dimanche, dijo una frase que resume su visión del asilo político: "¿Cómo aceptar que la petición de asilo no sea más que un pretexto para quedarse en Francia?".
Aunque luego lo matizó: "No se puede confundir el asilo con la inmigración ilegal".
La vuelta de tuerca, anunciada como una medida humanitaria durante la campaña electoral por el presidente François Hollande, debería de estar lista antes de fin de año, ya que el Elíseo achaca el ridículo internacional ocurrido con Leonarda y su familia al funcionamiento perverso de la actual política de asilo, y no quiere que se repita un caso semejante.
De todas maneras, la política de mano dura de Valls parece estar redituándole beneficios políticos.
En un sondeo realizado por Harris Interactive para el diario Le Figaro, publicado ayer, el 54% dijo creer que Valls derrotaría a un candidato de la derecha en las presidenciales de 2017. Solo el 16% manifestó, en cambio, que Hollande lo conseguiría.
Lo que parece claro es que el sistema de atención de refugiados hace aguas por todas partes. Según los datos de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Opfra), Francia recibió el año pasado 41.254 demandas nuevas de asilo, lo que eleva la cifra global de casos pendientes a 61.468 personas, y concedió el estatuto de refugiado a 4348 personas, al rechazar 41.672. Los 27 socios de la UE recibieron más de 330.000 nuevas peticiones de asilo en 2012.
En el caso de Leonarda, la gestión fue más larga de lo normal: cerca de dos años. Aunque el costo para las arcas estatales fue limitado. Según los cálculos del diario conservador Le Figaro, los ocho miembros de la familia Dibrani recibieron 12.000 euros de ayudas oficiales durante los cuatro años y diez meses que residieron en Francia. Dividiendo esa cantidad por 58 meses, da un total de 206,89 euros mensuales, es decir, unos 25 euros mensuales por cada miembro de la familia.
Pero el título de Le Figaro fue "Una familia muy ayudada por el Estado". Y muchos franceses tienen la impresión de que los Dibrani se aprovecharon del sistema.
Irónicamente, lo que de verdad le resultó caro al Estado francés fue la deportación de los Dibrani a Kosovo: unos 11.800 euros.
© El País, SL
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