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El debate por las big tech: la UE, con una política más agresiva sobre las compañías digitales
El bloque fue hiperactivo en los últimos años en el terreno de las tecnologías de la información y la comunicación; tomó medidas claves sobre los datos personales
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Corresponsal en FranciaLuisa Corradini
PARÍS.– Durante los últimos diez años, la Unión Europea (UE) ha sido hiperactiva en el terreno de las tecnologías de la información y la comunicación. Del derecho a la competencia a la protección de datos personales, pasando por el mercado único, los reglamentos, decisiones y directivas llueven. En ese terreno, las decisiones tomadas a fin de controlar la acción de los gigantes de internet bien se podrían calificar de ejemplares.
Pero no siempre fue así. Antes de 2014, la actitud de la Comisión Europea (CE) frente a las grandes plataformas en línea y otros gigantes de la red carecía de vigor. Hasta entonces, los procesos contra Google y otras empresas líderes del sector buscaban sobre todo una salida mediante la negociación. De ahí el desparpajo con que estas actuaban, sin que nadie pusiera un freno.
Todo cambió en 2014 con la llegada de la danesa Margrethe Vestager al puesto de comisaria europea para la Competencia. Las investigaciones sobre los Gafam (Google, Apple, FaceBook, Amazon y Microsoft), pero también Booking, Alibaba, Bytedance (Tik Tok), Snapchat y Samsung –como las prácticas abusivas de posiciones dominantes de Amazon, Broadcom o Google o la optimización fiscal de Apple–, concluyeron con importantes sanciones.
La UE también tomó serias medidas en el terreno de los datos personales. Una posición ampliamente inspirada en la política francesa y alemana en la materia. Con legislaciones sobre la protección de datos que remontan a 1995 y sobre la vida privada desde 2009, el Reglamento General sobre la Protección de Datos (RGPD) fue un rayo que, al menos en el plano psicológico, confirmó el papel de la UE en materia de regulación numérica.
Poco a poco, Europa se forjó una sólida reputación, a fin de existir entre esos dos bloques que son Estados Unidos y China, cada uno con su propia doctrina en cuanto a la regulación digital.
“La UE quiere dar un marco, fijar límites. En ese terreno, hay un antes y un después del RGPD. Más allá de la idea que uno tenga de ese texto sobre el marketing y la colecta de datos, creo que se convirtió en la columna vertebral de una filosofía numérica europea”, afirma Denis Berthault, presidente de la Agrupación Francesa de la Industria de la Información (GFII).
Esa cuestión de los datos ocupaba justamente la primera parte del capítulo numérico del plan presentado por la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando presentó su candidatura. “Debemos encontrar nuestro propio camino, equilibrando el flujo y la amplia utilización de datos, pero preservando al mismo tiempo un alto grado de protección de la vida privada, de seguridad y de ética”, escribió.
Soberanía
Los datos y todo lo que se les aproxima, la inteligencia artificial (AI), por ejemplo, encarnan un desafío para la soberanía y se han convertido en un elemento de soft power.
Una IA “ética” era uno de los puntos fundamentales de la candidatura de Von der Leyen, que prometió la elaboración de una “propuesta legislativa que permitiera una postura europea coordenada relativa a las implicancias humanas y éticas de la inteligencia artificial” en los primeros cien días de su mandato. Y así sucedió en abril de 2021. El texto propone inscribir en el derecho europeo una definición tecnológicamente neutra de la AI y adoptar diferentes medidas en función del nivel de riesgo planteado por esa tecnología. Por ejemplo, un riesgo inaceptable como el de una evaluación o notación social, que viola los valores del bloque europeo y están, en consecuencia, prohibidas.
En octubre de 2020, el Parlamento Europeo adoptó tres resoluciones legislativas sobre la IA sobre la ética, la responsabilidad civil y la propiedad intelectual en relación con la IA, la robótica y las tecnologías asociadas.
Dos meses después, el lanzamiento de los tan esperados Digital Services Act (DSA) y Digital Market Act (DMA) cambiaron totalmente la relación entre Bruselas y esos gigantes del universo digital, prolongando las medidas ya existentes de protección a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea.
