El escuadrón chavista expande la represión a los barrios pobres de Caracas

CARACAS.- El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional están en el punto de mira por hacer justicia por mano propia: acumulan centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos alertaron que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales.

Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por policías en el barrio de Petare (este de Caracas), en septiembre pasado. "Ellos decían que había robado a otro oficial, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso pasó. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto", argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio. "Hablé con Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad", recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.

Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de las FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre; él respondió: "Luis Alfredo Ariza Gamarra". Fue fotografiado en su vivienda, y luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. "Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento", añade su madre.

En total, 6856 personas murieron por "resistencia a la autoridad" entre enero de 2018 y mayo pasado, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número "inusualmente alto" y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.

La recomendación fue desechada por Nicolás Maduro. El presidente gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, poco después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado por Bachelet. "¡Que vivan las FAES!", exclamó en un acto de graduación de oficiales.

Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso está paralizado en los tribunales; no hay detenidos. "Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él [Maduro] reafirme a sus asesinos", explica.

La represión creció al ritmo que bajó la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.

Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. "Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se dispararon desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Eso es a partir de octubre de 2017".

El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.

Cofavic, una ONG defensora de derechos humanos, cuenta unos 9500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi todas las víctimas son hombres menores de 25 años. "Demuestra que no son hechos aislados, sino que pasan de manera sistemática y que tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional", explica Liliana Ortega, directora de la organización.

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