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El vínculo que derivó en las sanciones
EE.UU. confirmó la relación entre El Aissami y un empresario acusado de lavado y narcotráfico
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CARACAS.- Era un secreto a voces en Venezuela hasta que, anteayer, una dependencia oficial confirmó la relación entre el vicepresidente Tareck El Aissami y el empresario Samark José López Bello, que ha sido incluido junto con el funcionario venezolano en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) -una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, por su supuesta relación con el narcotráfico y prácticas de lavado de dinero.
Una nota de prensa de la OFAC afirma que López, nacido en julio de 1974, "proporcionó asistencia material y financiera en bienes y servicios para apoyar en las actividades de tráfico de sustancias ilegales actuando por o en nombre de El Aissami". Economista y empresario venezolano del sector alimentario y de la construcción, López trabajó como director de Planificación del gobierno de Mérida (oeste de Venezuela), la provincia de donde es oriundo el vicepresidente. A partir de ese momento forjó un espectacular ascenso que lo convirtió en un hombre poderoso. Hasta hoy, de él sólo se hablaba en susurros.
López, siempre según la OFAC, supervisa una red internacional compuesta por compañías de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y compañías de activos que tiene contratos con el gobierno venezolano. De ellas, 13 han sido bloqueadas tras la medida anunciada por Washington.
Su nombre se dio a conocer por primera vez en Venezuela en 2009, cuando una concejala de la provincia denunció que una de sus empresas, Grupo Sahect, era la responsable de que caducaran toneladas de alimentos básicos importados por la estatal Pdval. López sobrevivió a ese escándalo, aunque comenzó a ser señalado por la prensa local. Todos apuntaban a una idea que hoy suscribe la OFAC: el empresario era utilizado como testaferro por el vicepresidente para amasar una fortuna. "También maneja los arreglos comerciales y financieros que generan beneficios significativos a El Aissami", afirma esta dependencia norteamericana.
En la base de datos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Samark López aparece como empleado de Profit Corporation, una empresa de ingeniería que ha obtenido contratos en el área de hidrocarburos y el sector eléctrico y que es una de las 13 sancionadas por la OFAC. Según el organismo, cobra un salario de 46.890,17 bolívares mensuales (unos 12 dólares, según la tasa de cambio del mercado negro).
La información oficial desvía la atención sobre el verdadero poder acumulado por López. Su ascenso también coincide con el poder creciente que ha acumulado el vicepresidente luego de la muerte de Hugo Chávez. Se las ha arreglado para ser el escudero de Maduro en medio de la peor crisis económica de la historia de Venezuela.
El largo camino que desembocó en las sanciones anunciadas por Washington contra El Aissami empezó en 2010. Poco antes, en agosto de 2009, fue capturado el narcotraficante venezolano Walid Makled en la frontera con Colombia. Makled aseguró, en entrevistas con la prensa colombiana, que los cargamentos pasaron sin supervisión por Venezuela gracias a un pacto con El Aissami, entonces viceministro del Interior.
El alto funcionario negó una y otra vez esas acusaciones y las calificó de infamias y de ser en realidad una represalia contra Venezuela por expulsar a la DEA en 2005. Pero el Departamento del Tesoro dice que tiene pruebas de que el hoy vicepresidente facilitó el traslado de más de 1000 kilos de droga en varias ocasiones desde Venezuela hacia Estados Unidos y México, que iban destinadas al cartel de Los Zetas.
En su defensa, El Aissami ha dicho que durante su gestión como responsable de la seguridad del Estado venezolano se capturó a más narcotraficantes que en ninguna otra época.
El gobierno de Venezuela respondió recién ayer a la decisión estadounidense (ver aparte). Quien sí lo hizo el lunes fue Samarck López en su página web, donde dijo ser un empresario "que lleva dignidad a la gente".
© El País, SL
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