En Chile y otros países de América Latina, la delincuencia es la nueva corrupción

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es su editor general.

SANTIAGO, Chile.- El resultado de las elecciones constituyentes en Chile podría tomar por sorpresa a un observador casual. Ese país que hace apenas un año parecía estar atravesando una transformación de corte progresista, con un flamante presidente treintón y con tatuajes y una nueva Constitución aparentemente encaminada, ahora parece haber tomado el rumbo contrario. El domingo, en la elección de delegados para redactar la nueva Carta Magna, los candidatos de derecha se impusieron con el 62% de los votos y probablemente se aseguren de que el modelo económico promercado que imperó en Chile en las últimas décadas siga más o menos intacto en el futuro.

Si bien la victoria de la derecha se explica por diversos motivos –como la indignación de la opinión pública por la inflación y los repetidos traspiés del presidente Gabriel Boric y sus aliados de izquierda–, hay una razón que se destaca sobre el resto: la inseguridad y el temor de los chilenos a los delitos violentos. La duplicación de la tasa de homicidios en Chile durante la última década y su aumento de un tercio tan solo en 2022 causó estupor en un país que se jactaba de ser uno de los más seguros de Latinoamérica. Y en este sentido Chile no está solo: en otros países de la región antes tranquilos, como Ecuador, Uruguay, Argentina, Perú y Costa Rica, la criminalidad también está al tope de la agenda política. Si el gran tema que puso patas para arriba la política latinoamericana durante la década de 2010 fue la corrupción, en muchos países el crimen violento podría hacer lo mismo en la década de 2020. Lo interesante es por qué ocurre este fenómeno y qué pueden hacer los gobiernos, suponiendo que puedan hacer algo.

El mes pasado estuve varios días en Chile y hay que decir que algunas zonas de Santiago siguen pareciendo bastante seguras, sobre todo para los que están acostumbrados a otras ciudades latinoamericanas, como Río de Janeiro o Bogotá. De hecho, la tasa nacional de homicidios de Chile es de alrededor de 5 por cada 100.000 habitantes y sigue siendo benigna en comparación con la de Brasil (19), Colombia (26) y hasta de Estados Unidos (6). Pero por supuesto que los chilenos no se comparan con sus vecinos y el tema excede los homicidios en sí. En las encuestas, más del 30% de los chilenos dicen que ellos o alguien de su familia ha sido víctima de un robo o intento de robo en los últimos tres meses. Los crímenes más resonantes —como el asesinato de tres policías en menos de un mes, la decapitación de una víctima en abril, y el auge de robos de cargamentos de cobre— fogonearon la sensación de que el Estado de derecho está en retroceso. No sorprende que el 50% de los chilenos consideren que ahora el principal problema del país es la inseguridad, mientras que apenas llegaba al 13% cuando se iniciaron las protestas de 2019 que parecieron anunciar un giro hacia la izquierda y la lista de preocupaciones ciudadanas era encabezada por la salud pública, las jubilaciones y la desigualdad.

¿Por qué razón aumenta el delito? Los expertos en seguridad y funcionarios de gobierno señalan una variedad de causas, como el aumento de bandas delictivas internacionales —como Tren de Aragua, una banda surgida de las cárceles venezolanas—, y un cambio en el flujo del narcotráfico, que convirtió a los puertos chilenos en un punto de carga ideal hacia América del Norte y Europa de la cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú. Algunos analistas también culpan al clima de “vale todo” que prevaleció a comienzos de las protestas de 2019 y otros mencionan los persistentes efectos de la pandemia sobre la economía y la salud mental de la gente.

Para la izquierda latinoamericana en general, la lucha contra el delito rara vez ha sido una prioridad, y hay que reconocer que el gobierno de Boric supo dar un giro para tratar un asunto “que no estaba en nuestro radar cuando llegamos”, como me dijo con franqueza un funcionario. El presupuesto de 2023 prevé un incremento del 4,4% en gastos de seguridad, y Boric también invirtió fuerte en nuevo equipamiento policial y envió a las fuerzas militares a frenar el flujo de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera con Perú. Para una parte del electorado de Boric, fueron medidas de mano dura, pero como señaló otro funcionario, “Entendimos que si no lo hacemos a nuestro modo, valorando la democracia y los derechos humanos, la derecha será mucho peor”. Sin embargo, los diplomáticos extranjeros advierten que para lidiar con la amenaza en ciernes del crimen organizado, a Chile todavía le falta equipamiento, mejor inteligencia interior y un nuevo marco legal. “Están atrasado 20 años”, me dijo un diplomático extranjero destacado en Santiago. Y desde luego, los políticos de todo el espectro ideológico machacan una y otra vez con la inseguridad. El partido de José Antonio Kast, el ultraconservador que perdió frente a Boric en el ballotage presidencial de 2021, fue el gran ganador de este domingo.

Pero si alguien cree que el delito es un problema solo para la izquierda, que mire lo que pasa en Ecuador, donde el principal motivo que tiene al presidente derechista Guillermo Lasso al borde del juicio político es un aumento aún más alarmante de los homicidios y el crimen organizado. Y el presidente conservador de Uruguay tiene enormes problemas para controlar un índice de homicidios que el año pasado aumentó un 25% y ahora triplica el de Argentina, donde incluso con una inflación galopante y una probable recesión en ciernes, el delito compite con la economía como la mayor preocupación de la gente de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Si bien los motivos varían un poco según cada país, un denominador común es el insaciable apetito de drogas de los mercados tradicionales de consumo, como Europa y Estados Unidos, pero también, y cada vez más, dentro de la propia región. “América Latina hoy produce más cocaína que nunca, y eso repercute no solo a lo largo de los Andes, sino en toda Latinoamérica”, dice el experto en delito Jeremy McDermott.

Traducción de Jaime Arrambide

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