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En su lucha contra los pandilleros, Bukele inauguró en El Salvador la cárcel más grande de América
Tiene capacidad para 40.000 prisioneros; con una altísima popularidad el presidente convirtió a su país el año pasado en el menos violento de la región
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LA NACION
SAN SALVADOR.– En un nuevo polemico capítulo de su lucha sin cuartel para acabar con la violencia de varias décadas en su país, que es objeto de duras críticas por parte de los organismos de derechos humanos, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró la megacárcel “más grande de América”, con capacidad para 40.000 prisioneros, a la que ya trasladó a los primeros 2000 pandilleros.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, informó el presidente en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a ese centro.
La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el Cecot se destaca por sus rigurosos controles de ingreso.
En el video que el mandatario compartió en Twitter para hacer el anuncio, se observa a muchos pandilleros con sus torsos desnudos, rapados, vistiendo apenas un pantalón corto blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente del país.
Luego, con sus manos esposadas en la espalda, son subidos a un ómnibus y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad que incluyeron sobrevuelo de varios helicópteros militares sobre el Cecot, lugar al que llegaron al amanecer.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, señaló Bukele.
Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado.
Bukele asumió en 2019 la presidencia de uno de los países más violentos de América, especialmente por la acción de las pandillas conocidas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En 2015 el país había alcanzado un récord criminal con una tasa de 105 homicidios por cada 100 000 habitantes. Pero el año pasado El Salvador se ubicó como el país menos violento de la región con una tasa de 17,6 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Bukele declaró una “guerra contra las pandillas” en marzo pasado, y decretó un régimen de excepción que ya fue extendido dos veces. Los poderes de emergencia han sido controvertidos ya que limitan algunos derechos constitucionales, como permitir que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial.
Hoy, la popularidad de Bukele alcanza el 87%. Su estrategia contra las pandillas suma apoyos además en otros líderes de la región. La candidata presidencial de Guatemala Zury Ríos elogió la política de Bukele y afirmó: “Para mi, él es un modelo de referencia”.
Al llegar ayer a la gigantesca prisión, los pandilleros fueron ingresando por grupos a varias celdas. ”Célula a célula estamos eliminado este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del Cecot, pagarán por lo que son... cobardes terroristas”, escribió por su parte en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El presidio fue construido para recluir a parte de los poco más de 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Para construir la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan ocho pabellones ubicados dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas.
Las organizaciones de derechos humanos argumentan que personas inocentes fueron encarceladas, pero el impulso antipandillas de Bukele sigue siendo popular entre los salvadoreños.
Amnistía Internacional denunció que en el marco del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas cometieron “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
Amnistía Internacional encontró además que “miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales –la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia– sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico”. Además se documentaron numerosos casos de tortura y malos tratos en el interior de los centros de detención.
Bukele anunció su intención de buscar la reelección en 2024, pese a que la Constitución de su país lo prohíbe explícitamente.
Agencias AFP y Reuters
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