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ETA intensifica su campaña de extorsión en el País Vasco
Extiende el "impuesto revolucionario"
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LA NACIONSilvia Pisani
MADRID.- La banda terrorista ETA fortalece su estrategia de intimidación a pasos agigantados. No sólo apela a cuadros cada vez más jóvenes y violentos, sino que generaliza el cobro de extorsiones -antes reservado a empresarios medianos y grandes- a profesionales y comerciantes, a quienes reclama cuotas que rondan los 5000 dólares para dejarlos en paz.
Es la traducción económica del cambio de la estrategia terrorista. Así como la violencia callejera -con sus pequeños atentados de todos los días- se volvió una presencia tan opresiva y atemorizante como el crimen y la tortura, el cobro de la pequeña extorsión es un modo paralelo de extender el financiamiento de las actividades ilegales a mayor cantidad de vascos.
"Todos pueden estar en esto. No hay límites", admitió una fuente policial citada por el diario El País.
Los testimonios recogidos tienen una similitud pasmosa. Ocurre casi siempre lo mismo: un joven de no más de 20 años ingresa en un local o toca la puerta de una oficina o consultorio. Y deja un sobre sellado con el dibujo de un hacha y una víbora enroscada en su mango: el escudo de la ETA.
"Es para los presos", dice el joven. Y se va. Dentro del sobre, el destinatario encuentra siempre lo mismo. Un texto escrito en español y en euskera -el idioma del País Vasco- en el que se le exige el pago de una cantidad determinada en un plazo estipulado.
El gobierno, en un brete
"Es una pesadilla", dijeron varios de los destinatarios de la temible nota. Empieza para ellos un dilema de difícil solución. Si no pagan, ellos y su familia corren peligro. Si pagan, saben que su dinero se destinará para comprar armas, dinamita, cables, todo lo que se necesita para sembrar la muerta y la destrucción a bombazos.
El gobierno de José María Aznar está en un brete. Su estrategia policial para enfrentar el terrorismo separatista no da señales de estar atacando la raíz del problema. "Necesitamos ir al origen", dice su ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
Con eso alude a ganar espacios de poder político en las tres provincias vascas, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, de modo de avanzar en la aplicación de planes de fondo que incluyan modificaciones en planes educativos y en organizaciones sociales.
"Este es un problema que no se arregla antes de dos o tres generaciones", dicen los analistas más cautos. Basan su convicción en que difícilmente se puedan lograr resultados a largo plazo mientras "los jóvenes vascos sigan siendo educados en el odio a todo lo que signifique España".
En La Moncloa, la sede del gobierno español, están convencidos de que ése es el camino. El plan que allí se maneja consiste en lograr elecciones anticipadas en el gobierno federal vasco -posiblemente para marzo próximo- y desalojar del poder al gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), socio de fuerzas políticas afines a ETA.
"Es todo lo que podemos hacer. Y no es algo que se consiga en un año, un lustro o una década", dicen allí, al tiempo que rechazan toda posibilidad de diálogo con los terroristas. "¿Cómo pretenden que nos sentemos a conversar con delincuentes... de qué... y para qué?", se preguntan en el entorno de Aznar.
No ocultan la contracara de su plan. Saben que, mientras tanto, la ETA seguirá matando. Creciendo, fortaleciéndose, como la ha venido haciendo en este último año, en que aumentó su fuerza con el reclutamiento de numerosos jóvenes dispuestos a sembrar destrucción en beneficio de un difuso ideal de independencia.
Menos costoso que la sangre que se derrama, el reflejo económico de la violencia está a la vista. Este año, el turismo cayó el 17 por ciento. El éxodo de empresas crece como amenaza junto con la posibilidad de que descienda la inversión externa.
Nacida hace más de treinta años como una reacción de izquierda contra el franquismo, ETA (Euskadi ta Askartasun, Patria Vasca y Libertad) perdura hoy, pese a los cambios operados en el país. Asesinó a 900 personas a lo largo de su historia.
Declara que lucha por la independencia del País Vasco, donde, según las encuestas, siete de cada diez personas no quieren ni oír hablar del tema.
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