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Grecia y sus acreedores acuerdan el tercer rescate
El gobierno de Tsipras negoció un plan por 86.000 millones de dólares que deberá ser debatido en el Parlamento
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Corresponsal en FranciaLuisa Corradini
PARÍS.- Grecia obtuvo ayer un tercer plan de rescate por 86.000 millones de euros, que el Parlamento deberá aprobar mañana. Pero un mes después de haber votado no a la austeridad, los griegos ven este nuevo acuerdo como una violación democrática que desmoronará aún más la economía del país.
"El 5 de julio los griegos votaron no a esto precisamente. Lo aceptan porque nadie quiere salir del euro. Pero sólo derivará en más sufrimiento y una economía hecha trizas", advirtieron los economistas del instituto Capital Economics.
El proyecto sobre el "acuerdo de principio" alcanzado ayer tras 22 horas de negociación en un hotel de Atenas debe ser examinado hoy en comisión y aprobado mañana por el Vouli (el Parlamento griego) para que pueda ser oficialmente aprobado el viernes por el Eurogrupo, integrado por los 19 ministros de Finanzas de la zona euro. "Quedan algunos pequeños detalles en suspenso, que podrán quedar resueltos en las próximas horas", confirmó en Bruselas la vocera de la Comisión Europea (CE), Annika Breidthardt.
La bendición del Eurogrupo es indispensable para que el rescate pueda ser tratado por algunos Parlamentos nacionales de la zona euro que deben dar su voto favorable al programa, entre ellos el alemán. En ese caso, deberán ser convocados en sesión extraordinaria entre el lunes y el miércoles próximos.
Esa carrera contra reloj obedece a la delicada situación financiera de Grecia, que debe recibir la primera transferencia de fondos con urgencia a fin de cumplir con un vencimiento de 3400 millones de euros con el Banco Central Europeo (BCE) previsto para el 20 de agosto.
El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras aspira a que el primer desembolso sea de 25.000 millones de euros. Ese dinero se evaporará inmediatamente, pues corresponde a los vencimientos de pagos al BCE, al FMI en septiembre (1600 millones) y la devolución del crédito puente acordado por la Unión Europea (UE) en julio por un total de 7600 millones de euros.
El primer desembolso incluirá probablemente 10.000 millones destinados a recapitalizar el sistema bancario, que continúa sometido a un severo control de capitales impuesto el 28 de junio, lo que contribuyó a profundizar la recesión.
Fueron necesarias tres semanas de negociaciones para que los ministros griegos de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y de Economía, Yorgos Stathakis, pudieran llegar a un acuerdo con sus acreedores. Con la incorporación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que será el encargado de canalizar este plan de rescate, la ex troika se convirtió en una cuadriga, formada por la CE, el MEDE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además de los aspectos financieros, el proyecto de pacto, conocido en la jerga de los negociadores como MoU (Memorandum of Understanding), incluye un paquete de 35 compromisos asumidos por el gobierno de izquierda radical.
El gobierno destacó como un éxito haber logrado reducir los objetivos presupuestarios para no seguir estrangulando el crecimiento. Para 2015, por ejemplo, negoció que el déficit primario se fijara en 0,25%, menos de lo que querían los acreedores. La mayoría de los sindicatos, por el contrario, denunciaban ayer "un Armagedón para los trabajadores y las clases populares".
Uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones era el destino que debían tener las carteras de créditos morosos -en su mayoría hipotecas inmobiliarias- que lastran a la banca griega. Las instituciones financieras habían comenzado a venderlas a los llamados fondos buitre. Tsipras, por su parte, propone que sean integradas a una entidad pública, algo así como un "banco malo". El gobierno y la cuadriga postergaron la decisión hasta el tercer trimestre, lo que permitió salvar la moratoria que existe hasta fin de año para ejecutar esos créditos.
También se ignora lo decidido sobre el controvertido fondo de privatizaciones, que debe vender activos públicos por un total de 50.000 millones de euros. El gobierno se declaró satisfecho con el "modelo" logrado, pero el perímetro exacto de esos activos recién se conocerá hoy después de la reunión de comisión o, a más tardar, durante el debate parlamentario de mañana.
El acuerdo logrado incluye al parecer el aumento fiscal a los armadores, la abolición de las ventajas impositivas de los agricultores, el fin en 2016 de las exenciones fiscales que favorecían a las islas, cambios en el sistema impositivo sobre bienes inmuebles y la modificación de la reciente moratoria que permitía pagar las deudas impositivas y las contribuciones al sistema de seguridad social en 100 cuotas.
De la misma manera, se prevé la reestructuración del régimen jubilatorio, así como la eliminación gradual de la jubilación anticipada. Ese drástico programa de medidas contempla igualmente la liberalización total del sector energético en 2018 y de algunas profesiones reglamentadas, como ingenieros o escribanos.
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