Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador: “El crimen en la Argentina se puede combatir desde una forma diferente”

SAN SALVADOR.- Gustavo Villatoro no es un ministro más en El Salvador. Es la cara de la política de seguridad que llevó al presidente Nayib Bukele a conseguir un récord de popularidad en este país y a convertirse en un modelo para la región por su “guerra contra las pandillas” que logró un descenso de los homicidios desde un pico de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015 a un 2,4 el año pasado.

Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de este país centroamericano, fue el enviado de Bukele para la asunción de Javier Milei en la Argentina en diciembre, mientras el presidente se encuentra técnicamente de licencia, un recurso necesario para poder presentarse a la reelección que obtuvo el pasado domingo.

En la Argentina, Villatoro –ex fiscal jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República- se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el comienzo de un vínculo de colaboración en materia de seguridad que luego continuó con una reunión virtual con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Con un uniforme negro que exhibe su apellido al frente y una bandera de El Salvador sobre el brazo derecho, Villatoro recibe a LA NACION en su amplio despacho en la sede del ministerio que dirige, donde hay drones y una gran pantalla de monitoreo de datos. En la entrevista, el funcionario dice que su gobierno ofrece colaboración a varios países de la región para que apliquen “una nueva doctrina dentro del derecho” para combatir al crimen organizado y señala que si bien en el caso argentino la problemática de seguridad es menor, “hay cosas que tienen que ver de El Salvador”.

-¿Cuál fue la receta para avanzar tan rápido en la “guerra contra las pandillas” en El Salvador?

-Creo que esto es algo que el presidente Bukele vino preparando desde el 2017, cuando empezó a trabajar su oferta electoral para la presidencia, que se llamaba Plan Cucatlán, que en resumen es hacer un estudio responsable de por qué en El Salvador, después de firmar la paz en 1992, nunca tuvimos seguridad. En los primeros 20 días de gobierno, aterriza el Plan Control Territorial ya como una política en materia de seguridad. Por las mismas coyunturas políticas -teníamos una Asamblea Legislativa que quería asumir funciones del Ejecutivo y toda esa pugna-, fue hasta que el presidente logra la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa que nosotros podemos terminar todo ese estudio. Había que entender el fenómeno de las pandillas desde la óptica de los procesos judiciales que se habían llevado en los últimos 20 años en contra de estas estructuras terroristas para poder plantearle al presidente la utilización de la última herramienta constitucional que teníamos para restaurar el estado de derecho.

-El modelo generó mucho interés en el resto de la región y varios líderes intentan seguirlo, como se ha visto en Ecuador. ¿Cuál sería el principal consejo para llevar a cabo una política de seguridad similar?

-Como El Salvador, les exponemos el modelo exitoso que tenemos y manifestamos siempre que somos un libro abierto. No vamos a esconder nada de lo que hemos hecho. Porque el copiar y pegar no es una solución, pero sí puedes ver lo que hemos hecho y ajustarlo a tus necesidades primordiales en materia de seguridad. Lo que sí tenemos claros es que lo que está haciendo El Salvador le está metiendo presión a una gran cantidad de gobiernos porque son los ciudadanos de esos países los que están viendo… solo en América Latina hay más de 660 millones de personas que de alguna u otra manera están sometidas al crimen organizado.

-Bukele habló sobre el vínculo de colaboración con la Argentina; y usted se reunió con Patricia Bullrich en diciembre. ¿Cómo surgió ese contacto y cuáles son los planes?

- Básicamente la reunión nace de la designación que se me hace para ir a representar a El Salvador a la asunción del presidente Milei. Y ahí es donde buscamos la oportunidad de tener este acercamiento, también con el ministro de Justicia, y estamos mandando todas esas reformas legales que nosotros hicimos no sólo para preparar la guerra [contra las pandillas], sino para ejecutar la guerra. Y en el caso de que la ministra Bullrich tenga una duda, nosotros no es que la vamos a asesorar, pero con solo tener un referente acá creo que ya estamos aportando bastante. Lo que sí es cierto es que desde este pequeño país de nuestro querido continente americano estamos generando una nueva doctrina dentro del derecho. Estamos generando las bases de los cambios necesarios en el sistema de justicia penal que tiene contaminado a toda América Latina para que por fin los estados tengan la capacidad de derrotar al crimen organizado. ¿Qué crimen organizado? Aquel que usurpa funciones del Estado: controla territorio; controla población; ejerce justicia a su manera, porque mata al que no acata; recauda, porque extorsiona; y encima tiene un ejército porque tienen sus matones que son los que andan poniendo orden. Esos cinco elementos no se le puede permitir a una organización criminal y si tiene alguno de esos, tenés que aplicar la doctrina salvadoreña que hemos llamado “defensa penal del Estado de derecho”.

-¿Cuáles son las bases de esa doctrina?

-Esto es cómo un Estado se tiene que enfrentar a una organización criminal. Imagínate que nosotros nos enfrentamos a una pandilla multicrimen. ¿Sabes desde cuántas unidades especiales enfrentamos al mismo fenómeno? Desde 14. ¿Por qué? Porque el planteamiento de ese Estado que recibimos era crear unidades especiales por tipo de delito. Pasamos 20 años intentando resolver el problema desde ese planteamiento: había unidad de homicidio, unidad de delito contra el patrimonio, unidad de extorsiones, entre otros. Eso no va a resolver el problema; tú tienes que enfrentar como Estado a ese cluster de crimen organizado en conflicto con la sociedad y, por ende, en conflicto con el Estado.

-Bukele mencionó que las dimensiones de problema de seguridad aquí en El Salvador en su momento y en la Argentina actual son distintas y que en ese sentido el “medicamento” tenía que ser distinto. ¿Cómo se hace esa adaptación?

-Conociendo las bases. Esto es como cuando tú vas a un restaurante. Tú tienes un menú y no te vas a comer todo el menú, vas a elegir en base a tu necesidad y tus gustos. Lo que nosotros acá tenemos es un menú bien amplio, que va desde una preparación de reforma, de incremento de penas para ciertos delitos relacionados al accionar de la pandilla, hasta llegar a la activación de un régimen de excepción. En el caso de Argentina, es menor la necesidad que tienen, pero por supuesto que hay cosas que tienen que ver de El Salvador. Solo para darte un ejemplo: yo me acuerdo cómo cuando el fenómeno del robo de bancos en Estados Unidos llegó a ser algo bastante prominente. El Estado federal incorporó el delito de robo de banco como una persecución federal, sin competencia de cada estado. Entonces si en América Latina en los estados federados tienen un problema con el crimen organizado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque no vas a encontrar por robo a estas organizaciones, no las vas a neutralizar delito por delito. ¿Cómo se neutraliza? Trayendo el delito de asociaciones ilícitas y llevarlo a un estatus federal. Porque el Estado tiene que combatir a sus enemigos.

-Desde su experiencia, para un problema como el que enfrenta la Argentina, especialmente con el narcotráfico en Rosario, ¿cuál de ese menú de opciones debería tomar en cuenta?

-Mover la competencia de provincia al delito de asociaciones ilícitas y llevárselo a una esfera federal creo que es un paso bastante importante. En todos los países de América Latina nos pusieron códigos penales para sancionar errores -”maté porque estaba tomando”- pero no está diseñado para el crimen organizado. Entonces, ¿adónde nosotros encontramos los 76.600 objetivos que nuestra fuerza del orden tenía que salir a capturar? En ese sistema perverso de justicia porque todo criminal organizado entra y sale del sistema. Ya lo vivimos nosotros. De los más de 120.000 muertos, por lo menos el 40% de esos homicidios que cometían esos asesinos seriales estaban relacionados a víctimas y testigos. Porque el sistema penal diseñado para delincuentes comunes, no para criminales organizados, requiere que tú te sientes como víctima a declarar en contra de eso. Cuando es una agrupación ilícita, acá es el Estado el que tiene que probar. ¿Cómo lo voy a probar? Fácil, ahí están sus últimos 20 años de récord criminal. Naturalmente hay que hacer toda la revisión, entender quién es mi enemigo, cuáles son los principales delitos que cometen e incrementar las penas. Es parte de todo este estudio que nosotros hicimos y que obviamente está a disposición para cualquier país. Creo que tiene que haber un replanteamiento de todos los estados para enfrentar al crimen organizado.

-¿Qué impresión le quedó de la Argentina?

-Es un país precioso. Sí hay un problema en la zona de Rosario; la tasa de homicidios versus la de Buenos Aires es exponencialmente elevada. Y creo que a pesar de que no es el crimen el principal problema que hoy por hoy enfrenta Argentina, es algo que se puede combatir desde una forma diferente. Acá el tema es ¿sigo haciendo lo mismo para tener los mismos resultados o hago algo diferente? Ahí está la importancia de El Salvador. Le estamos dando el ejemplo al mundo cómo es que se tiene que enfrentar al crimen organizado.

-¿Está en carpeta una reunión entre Bukele y Milei?

-Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que el presidente [Bukele] está en un período de permiso. Yo no tengo ninguna duda de que una vez él asuma pueda generarse una reunión.

-Bukele dijo que una vez que ganen la guerra contra las pandillas terminaría el estado de excepción y al mismo tiempo dijo que están muy cerca de ganarla. ¿Cómo sigue el plan?

-Es algo a nivel de estrategia que estamos realizando continuamente. Estamos ahora trabajando bastante con nuestras policías hermanas de Guatemala, Belice, Honduras, México y Estados Unidos para traer a todos esos que huyeron de la guerra contra las pandillas para someterlos a la justicia salvadoreña. Si hay algo interesante que pasó el 27 de marzo del 2022 [cuando empezó el régimen de excepción] es que por primera vez el estado salvadoreño se puso un paso delante de la criminalidad. El reto que tenemos como gabinete de seguridad es no perderlo y para eso tienes que estar continuamente revisando todo lo que estás haciendo.

-¿Cómo se imagina a El Salvador sin estado de excepción?

-Con esa misma fortaleza que hemos ganado. Sin el régimen de excepción, nosotros nunca hubiésemos llegado a estas tasas de homicidio. Pero lo más importante de todo es: nosotros recibimos un país en el que la impunidad del homicidio era del 97%. ¿Cuál es el resultado de una política de seguridad pública efectiva y su aporte en la justicia? El año pasado, la efectividad -es decir, los responsables de homicidio tras las rejas- fue del 95%. Y en lo que va del año, con los 10 homicidios que vamos, todos los hechores están tras las rejas y esperando el juicio.

-Hay denuncias de familiares de detenidos contra los que todavía no hay pruebas, que dicen que no tienen novedades de esos detenidos. Además, 7000 de los de los más de 76.000 arrestados por el régimen de excepción fueron liberados. ¿Hay alguna autocrítica del plan o algún ajuste que hayan hecho?

-El fenómeno de las pandillas no solo es algo que tú puedes ver en un documental, porque ahí tú no puedes reflejar cómo ellos carcomían en las comunidades. Dentro de la comunidad que ellos mandaban había gente que les colaboraba por la coacción natural de ese estado criminal paralelo y otra que colaboraba porque quería pertenecer. Nosotros tenemos una certeza del 98% de la data de los que son miembros de la organización, los llamados homeboys. En el “chequeo”, que era el nivel previo para llegar a homeboy, no tenemos ningún problema porque el que llegó a ser “chequeo” es porque iba en camino a ser parte de ese cluster de asesinos seriales. En el “colaborador” es que tenemos el problema. Entonces ahí es donde tú encuentras esos más de 7000 casos donde nosotros le hemos dicho al juez “cámbiele la medida de detención en el centro penal; lo vamos a procesar en libertad”. Todavía tengo la opción de encontrar algún elemento más que me confirme que efectivamente prestaban una colaboración sin coacción.

-O sea, para ustedes todos los detenidos tienen o han tenido vínculo con las pandillas…

-Claro.

-¿No hay inocentes o personas que nunca tuvieron contacto con pandillas?

-No. A mí no me gusta usar la palabra inocente porque es algo que un juez tiene que determinar. Ellos están en libertad, pero ninguno ha sido absuelto o declarado culpable.

-Hay informes de organismos de derechos humanos que mencionan más de 200 muertes dentro de los centros penales. ¿Qué se sabe o qué se puede decir del estado de los detenidos dentro de las cárceles?

-Mira, en cualquier cárcel del mundo hay muertos. Y la gente muere por edad, por enfermedad. Lo que nosotros hemos hecho de manera responsable es crear una fuerza de tarea entre Medicina Legal, Fiscalía y Policía. Y cada muerte dentro de la cárcel es investigada. Imagínate tú en una cárcel con 95 asesinos seriales, que 94 deciden matar a uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar? Porque a los responsables, si son asesinos seriales, se les va a incorporar otro delito. Pero no vamos a tolerar que un servidor público esté involucrado. Si estamos usando la Constitución para luchar contra este enemigo de la sociedad y estamos usando el sistema de justicia, ¿cómo me voy a comportar yo como forajido dentro de la cárcel? El cuento de que hay centros de tortura y que nosotros estamos matando, claro que es bien creíble, si no hay que ir tantos años atrás para ver cómo un país de primer mundo combatió terrorismo en otro continente y cómo creó una cárcel en una isla para torturarlos. Ahora bien, que me demuestren cómo yo voy a entrar a una celda de 95 asesinos seriales, un día a sacar a uno y ya no lo voy a devolver. ¿Cuántas veces puedo hacer eso sin que me maten esos 94 o 93 asesinos seriales que quedan? Por sentido común no se puede.

-Hay una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos funcionarios de El Salvador presuntamente por haber negociado con las pandillas. ¿Existió alguna instancia de negociación con las pandillas previa al régimen de excepción?

-Todo esto es parte de esas historias que se pueden crear. ¿Cómo se negocia con alguien que está llamado a desaparecer? Entonces claro, si tú te vas a los últimos 10 años encuentras la perversidad que hizo [el expresidente] Mauricio Funes. Estos mismos periodistas que crean ese cuento se fueron a vivir un año con esos asesinos seriales, expusieron con lujo de barbarie cómo mataban ellos en esa década, y estaban preparando el escenario para que Funes tuviera que hacer una tregua con ellos. ¿Cuál fue el problema de esa tregua? Que ahí se reconoce a ese grupo terrorista como un estado criminal paralelo y tú ves del 2012 al 2015 el crecimiento exponencial del número de miembros de las pandillas a nivel nacional. Entonces claro, venir y decir “estos dos funcionarios del presidente Bukele están negociando con las pandillas” es un cuento fácil de armar.

- Antes mencionó que ustedes tienen la intención de empezar a traer a los líderes pandilleros que están en otros países para enjuiciarlos aquí en El Salvador. Hablando de Estados Unidos, el “Crook” [líder de la MS-13] está ahí. ¿Tienen la intención de traerlo a El Salvador?

- Ellos son soberanos. Pero así como nosotros les estamos prestando delincuentes para que vayan a ser procesados a Estados Unidos, en derecho internacional la reciprocidad es clave. Nosotros lo vamos a pedir, pero ellos son soberanos. Nosotros lo estamos acusando en este país de pertenecer a esa organización terrorista. Obviamente después se manda allá, lo pueden condenar, si es que queda vivo, pues va a tener que ir a cumplir la condena en Estados Unidos.

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