Inquietud por los estudiantes mexicanos

IGUALA, México (AFP).– Un coro de voces que van desde el gobierno de Estados Unidos hasta organismos internacionales alzaron la voz ayer por el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el estado de Guerrero hace diez días, luego de ser atacados por la policía y sicarios del narcotráfico.

El Departamento de Estado norteamericano, la OEA y la oficina local de las Naciones Unidas lamentaron el hecho y llamaron a una investigación y a la búsqueda de los jóvenes, de los que nada se sabe con certeza desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre pasado por policías del municipio de Iguala y miembros del cartel local Guerreros Unidos.

La noche del ataque, los policías y sicarios dispararon contra los ómnibus en los que viajaban los estudiantes de magisterio, que pertenecían a la Escuela Normal de Ayotzinapa, conocida por su combatividad y activismo.

"Todavía no hay móvil establecido, se está compilando la información", dijo un oficial federal. Medios mexicanos, que citaron un reporte de los servicios de inteligencia, señalaron que el alcalde de Iguala –José Luis Abarca– podría estar implicado en las desapariciones, así como su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta local del instituto público de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Abarca está prófugo.

"Pineda ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal" repeler a los estudiantes, temiendo que le interrumpieran un discurso previsto para ese día, según el informe.

Algunos de los 28 cadáveres hallados días atrás en seis fosas clandestinas, varios de los cuales podrían ser de los estudiantes, están incinerados y fragmentados, por lo que la identificación puede demorar semanas.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, reconoció que es una "posibilidad real" que ahí haya restos de algunos de los jóvenes, después de que se difundiera anteayer la confesión de dos sicarios de que habían asesinado a 17 estudiantes en el lugar de las fosas. Según la confesión, los matones recibieron órdenes de acudir donde estaban los estudiantes de parte del director de Seguridad Pública, mientras que la orden de asesinarlos fue de un criminal conocido como "el Chucky", un cabecilla del cartel Guerreros Unidos.