“Ius scholae”: Italia vuelve a debatir el derecho a la ciudadanía de menores hijos de inmigrantes

ROMA.- Omar, un joven de 26 años nacido en Perú que vive en Bolonia desde los dos años, quisiera hacer el concurso público para entrar en la policía italiana, pero no puede. Kevin, que nació en Italia de padres que inmigraron de Senegal, quisiera poder votar. Ayoub, hija de kurdos, que fue al colegio en Italia desde el jardín de infantes y cursó todos los niveles, quisiera ser maestra, pero tampoco puede hacer el concurso público para lograr su sueño.

Para resolver un problema que se arrastra de años que es la falta de ciudadanía de un millón de jóvenes que son italianos de hecho, pero no de derecho, vuelve a discutirse a partir de hoy en la cámara de Diputados una ley de “ius scholae” (derecho por escuela), por la que se le daría la ciudadanía a los hijos de inmigrantes regulares con 5 años de escolaridad.

Como ya sucedió en 2015, cuando naufragó una ley sobre “ius solis” (derecho por suelo) que buscaba poder darle la nacionalidad italiana a los nacidos en suelo italiano de padres extranjeros, el nuevo diseño de ley volverá a encender una batalla encarnizada en el Parlamento.

Los partidos de derecha como la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni ya prometieron levantar barricadas y obstruccionismo para bloquear esta medida, presentando una catarata de enmiendas. Mientras que Forza Italia, la agrupación, también de derecha, del expremier y magnate Silvio Berlusconi, al parecer se encuentra dividida, ya que algunos votarían junto a las fuerzas progresistas –Partido Democrático (PD), Movimiento Cinco Estrellas (M5E),Italia Viva (IV), Libres y Unidos (LEU)– que están en favor de este proyecto de ley que le cambiaría la vida a un millón de jóvenes, según el último censo.

Presentado por Giuseppe Brescia, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, del M5E, según el diseño de ley de “ius scholae”, los hijos de extranjeros que ingresaron a Italia antes de los 12 años podrán obtener la ciudadanía italiana si cumplieron un ciclo escolar de 5 años.

Se trata de una propuesta “minimalista” con respecto a la de ciudadanía por “ius solis” con la que la centroizquierda intentó en 2015 otorgarle la ciudadanía a los nacidos en Italia de padres inmigrantes con permiso de residencia. Pero Brescia consideró que era el modo mejor para evitar enfrentamientos ideológicos y lograr la aprobación de un texto a todas luces urgente. “Finalmente el aula está lista para discutir una ley de civilización: comenzamos a saldar una deuda con miles de chicos que se sienten italianos pero que no son reconocidos como tales por el Estado”, indicó.

La cuestión de la ciudadanía de los extranjeros hasta hoy se rige en Italia por una ley de 1992 que se basa en el “ius sanguinis” (derecho por sangre, es decir, es italiano quien tiene sangre italiana y no quien nace en Italia) y prevé una diferencia entre menores y mayores de edad.

Los nacidos en Italia de padres no italianos que residen regularmente en el país pueden volverse italianos si, además de haber sido anotados en el registro civil, también residieron en Italia legalmente e ininterrumpidamente hasta la mayoría de edad (18 años). En este caso, después de haber cumplido los 18 años, deben presentar ante la comuna de residencia una declaración que indica que quieren adquirir la ciudadanía italiana.

Para los menores nacidos en el exterior de padres no italianos que ahora viven en la península, al momento no está previsto ningún modo de obtención de ciudadanía, salvo los canales de acceso que existen para sus padres mayores de edad. Es decir, la obtención de la ciudadanía por una residencia legal de al menos diez años, o matrimonio con un ciudadano italiano.

Como se sabe bien en la Argentina, también pueden obtener la ciudadanía los extranjeros descendientes de italianos emigrados al exterior.

En 2019, para resolver este mismo problema de ciudadanía de miles de chicos italianos de hecho, pero no de derecho, que van al colegio y a la universidad, la centroizquierda había propuesto el “ius culturae”, diseño casi idéntico al del “ius scholae”, pero menos inclusivo. De hecho, mientras que el “ius scholae” indica que también quien ingresó al país con menos de 12 años y cumplió 5 años de escolaridad puede obtener la ciudadanía, el “ius culturae” sólo le daba este derecho a los nacidos en la península.

En un país donde la cuestión de la inmigración suele ser el caballito de batalla de fuerzas populistas de derecha como la Liga de Salvini y Hermanos de Italia de Meloni, es sabido que no será fácil que el Parlmento apruebe el “ius scholae”.

Salvini no sólo clamó que el diseño a debatirse ahora es un “ius solis enmascarado”, sino que advirtió que su discusión podría poner en peligro la estabilidad del gobierno de unidad de Mario Draghi, que su agrupación a regañadientes respalda. “Es increíble, vergonzoso y una falta de respeto para los italianos que en un momento de crisis dramática como este, la izquierda ponga en dificultad a la mayoría de gobierno insistiendo sobre la ciudadanía a los inmigrantes, sin ocuparse de trabajo, impuestos, sueldos”, dijo el líder de la Liga, que también se manfestó contrario al debate de una ley sobre la liberalización del cannabis.

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Le hizo eco Meloni, que en un post de Facebook aseguró que su agrupación de derecha, Hermanos de Italia, que se encuentra en la oposición, pidió la cancelación del calendario de trabajos de la Cámara de Diputados de la discusión de las propuestas de ley “sobre ciudadanía fácil a los inmigrantes y sobre liberalización de la droga”. Se trata de “dos medidas ideológicas e insensatas, llevadas adelante por una izquierda ya lejana del mundo real y de los problemas concretos de los ciudadanos”, disparó Meloni, que definió “una ofensa a los italianos, que enfrentan una crisis económica sin precedentes”, la voluntad del gobierno de Draghi de que el Parlamento se aboque a estos temas.

Le respondió, vía Twitter, la jefa de la bancada de senadores del PD, Simona Malpezzi: “Muchísimos chicos esperan una ley de civilización que reconozca su derecho a la ciudadanía después de haber completado un ciclo de estudios. El Parlamento debe dar una respuesta a un reclamo ampliamente difundido en la sociedad que, también en este caso, está más adelantada que el legislador”.