La Argentina no es única: los escándalos con la vacunación en el mundo

Abuso de poder. Funcionarios que se saltaron la fila para vacunarse primero. Ministros que debieron renunciar. Estos hechos bien podrían describir lo ocurrido en el caso de “Vacunación VIP” en la Argentina. Pero también explican situaciones similares vividas en Perú, Polonia, Austria, Chile, España y otros países del mundo en las últimas semanas.

La vacuna contra el coronavirus se ha convertido en el bien más preciado durante la pandemia. Y aquellos en una posición de privilegio no han tardado en aprovechar su status para acceder a ella. Pero no solo en la Argentina, el escándalo se replica en otros países.

Vacunagate es el término utilizado para referirse al escándalo por las vacunaciones irregulares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo de Perú contra la Covid-19 que se inició el 10 de febrero de 2021. La crisis comenzó con la difusión de que el expresidente Martín Vizcarra habría recibido las dosis contra el coronavirus destinadas a los ensayos clínicos de Sinopharm de la Fase III en octubre de 2020 en Palacio de Gobierno, sin ser esto de conocimiento público.

Vizcarra –quien fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020 por supuesta “incapacidad moral”– se justificó asegurando que tanto él como su esposa habían participado como voluntarios en los ensayos. Pero Germán Málaga, uno de los médicos que dirigió el estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), aseguró que el expresidente le pidió una vacuna para él y otra para su esposa.

Sin embargo, la vacunación irregular iba mucho más allá del exmandatario. La UPCH ha entregado una lista de inoculaciones secretas a las autoridades de al menos 487 personas, entre quienes se encuentran funcionarios, candidatos y familiares de políticos. Se considera que entre los personajes más comprometidos en este caso –además de Vizcarra y Málaga– están las exministras de Exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti, que tuvieron que renunciar a sus cargos tras conocerse que figuraban en la lista de inmunizados.

Los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú se realizaron entre septiembre y el fin de año pasado con unos 12.000 voluntarios, pero los responsables locales del proceso recibieron dosis adicionales al número de participantes. El lote extra fuera de los ensayos fue de 3200 dosis de “vacuna experimental activa” –no placebo– para ser administrados voluntariamente al personal relacionado a la investigación, dijo la universidad Cayetano Heredia en un comunicado.

Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.

Los escándalos de vacunación VIP trascendieron el Atlántico. En Austria, varios alcaldes, funcionarios o sus familiares recibieron dosis sobrantes de la vacuna contra el coronavirus, pese a no pertenecer al grupo de residentes en geriátricos con el que empezó la campaña, según informaron los medios locales el 20 de enero.

El Gobierno austríaco se mostró “indignado” por varios casos de cargos públicos que han aprovechado su situación para vacunarse antes de tiempo, y ha advertido que quien no se atenga al plan y al calendario de inmunización tendrá que “rendir cuentas”. “Si sobran vacunas, es importante administrarlas rápidamente. Pero deben usarse para los ancianos y no para los políticos, sus esposas o celebridades regionales”, declaró el canciller, el democristiano Sebastian Kurz, quien aseguró estar “decepcionado” con los infractores, según informó el diario Kronen Zeitung.

En la provincia de Vorarlberg, el alcalde de Feldkirch, Wolfgang Matt, fue acusado de “pasar ante una larga fila de personas esperando afuera” por una vacuna. Y en Rankweil, otra ciudad de Vorarlberg, la alcaldesa Katharina Wöß-Krall recibió una dosis el 13 de enero. “Después de que los residentes y el personal de enfermería fueron vacunados, quedaron varias dosis de la vacuna. Debido a la vida útil limitada de la vacuna, acepté la vacuna según mi leal saber y entender. Para mí, tenía más sentido usar la vacuna que tirarla”, se defendió la alcaldesa. Entretanto, la fiscalía de la región de Carintia dijo que estaba investigando las denuncias de que una instalación de vacunas había ordenado dosis adicionales a cambio de promesas de donaciones de los ciudadanos.

Pero los austríacos, cansados de las medidas restrictivas, han expresado su frustración por la lentitud percibida del programa de vacunación del país. Desde entonces, el Ministerio de Salud ha emitido pautas específicas para prevenir cualquier incumplimiento y ordenó dosis adicionales de vacuna solo para los ciudadanos mayores de 80 años que viven cerca de los hogares de ancianos y los trabajadores que visitan regularmente estas instalaciones.

En Polonia todo empezó con un tuit. Leszek Miller, ex primer ministro polaco, publicaba el 30 de diciembre en las redes sociales su certificado de vacunación contra el coronavirus. Extraño, dado que la primera fase del plan nacional de vacunación daba prioridad al personal sanitario. Pronto saldría a relucir que su caso era uno de más de las al menos 18 personalidades, incluyendo a estrellas de cine y cantantes, que consiguieron saltarse el turno para ser vacunadas.

Una auditoría del Hospital de la Universidad Médica de Varsovia, donde se administraron las vacunas, encontró que casi 200 personas que no eran trabajadores de la salud y no tenían vínculos con la clínica, se habían beneficiado de las 450 dosis que había recibido. Algunos políticos también recibieron la vacuna antes de su turno programado y publicaron imágenes en las redes sociales. Esto ha llevado a la destitución de Zbigniew Girzyński, un diputado del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS).

Curiosamente, el escándalo ha disparado el interés en la vacuna en el país. Polonia, era el país con la población que más desconfiaba de la vacuna de toda Europa. Una encuesta de noviembre encontró que solo el 43% de la población quería vacunarse. Pero ese porcentaje aumentó a casi el 70% a principios de enero, tras conocerse el escándalo de vacunación irregular.

En España, el jefe del Estado Mayor, Miguel Ángel Villaroya, renunció el 23 de enero tras saltarse el protocolo para recibir antes la vacuna contra el coronavirus, la primera renuncia de alto nivel en el país en relación con la gestión de la pandemia. La dimisión se produjo al día siguiente de que la ministra de Defensa encargara al propio general un informe sobre las condiciones en que se vacunaron varios miembros de la cúpula militar. Tras conocerse que estos recibieron la primera dosis de la vacuna, fueron acusados de saltarse los criterios de acceso fijados por el Ministerio de Sanidad, que estaba privilegiando de momento al personal sanitario y a los ancianos en residencias.

Pronto, la lista de vacunados VIP en España fue creciendo e incluyó políticos, alcaldes, funcionarios, sindicalistas y hasta un obispo, Sebastià Taltavull, quien se aplicó la vacuna de forma irregular, el 5 de enero, en una residencia para curas jubilados. De los más de 700 denunciados, sólo cinco renunciaron a sus cargos.

En Murcia, el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, y otros 400 empleados de la consejería fueron vacunados sin que formaran parte del grupo prioritario y lo mismo sucedió con alcaldes y funcionarios de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, del País Vasco, de Ceuta, de Galicia.

La nación cuya exitosa vacunación está siendo un ejemplo en la región y en todo el mundo, se ha visto empañada por irregularidades en las vacunaciones. Un total de 37.306 personas recibieron dosis contra la enfermedad antes de lo establecido en su calendario de vacunación. Es decir, menores de 60 años y sin enfermedades crónicas que no pertenecen a los grupos prioritarios. Hasta el momento, nadie ha tomado responsabilidades.

La noticia y las cifras las dio a conocer el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), un episodio que ya se conoce como el Vacunagate chileno. Las cifras indican que 9023 personas vacunadas tienen entre 18 y 39 años; 9071 entre 40 y 49 años y 17.365 entre 50 y 59 años, según informan los medios locales. Entre ellos, estarían personalidades famosas y funcionarios públicos.

Las comunas que lideran el número de vacunaciones a población que no es prioritaria vendrían siendo La Florida (2866) y Punta Arenas (2567). Mientras que en Santiago Centro y Providencia han salido a la luz denuncias por vacunación a carabineros y aspirantes a la institución, como también a miembros de las Fuerzas Armadas.

En Ecuador, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre la actuación del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, tras las denuncias de su participación en un presunto delito de tráfico de influencias en el reparto de vacunas contra el coronavirus para beneficiar a familiares, según informó la entidad el 29 de enero en redes sociales.

La fiscal general, Diana Salazar, recibió una denuncia por parte de la agrupación Acción Jurídica Popular, que detalla que las 8000 vacunas que llegaron al país pasado 21 de enero, estaban destinadas principalmente para personal médico de primera línea de combate a la pandemia. El Gobierno había anunciado que en una “fase cero” o “piloto” iban a vacunarse tanto el personal sanitario en primera línea como personas mayores y asistentes en geriátricos, tanto públicos como privados.

Además, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha tramitado dos solicitudes de juicio político en contra de Zevallos, por incumplimiento de funciones, debido a su gestión durante la pandemia. La primera solicitud es por emisión irregular de carnés de discapacidad, falta de nombramientos a personal de salud y falta de transparencia en el proceso de vacunación. La segunda solicitud presenta nueve causales: ausencia de otorgamiento de equipo de protección a los profesionales de la salud, insuficiente adquisición de pruebas de diagnóstico, falta de transparencia de las cifras de muertos en exceso, extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, desvinculación del personal de salud en medio de la pandemia, falta de control sobre unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, insuficiente adquisición de vacunas para combatir Covid-19 y la alteración del plan de vacunación.

Vacunas de aire, jeringas vacías, falsas aplicaciones, estas fueron las denuncias que surgieron en Brasil, durante la campaña de vacunación que se realiza en el país para frenar el avance del Covid-19.

Según videos que circulan en redes sociales, personas de la tercera edad no recibieron los antídotos que se ofrecieron en el plan de vacunación. En las grabaciones se puede ver el momento en que los adultos mayores son inyectados con jeringas vacías, otras personas solo son pinchadas, pero el líquido no es inoculado en el cuerpo.

En un comunicado, la Policía Civil de Río de Janeiro dijo: “Si las investigaciones confirman que hubo desvío de dosis, o cualquier otra irregularidad, el profesional de salud podrá ser acusado por el crimen de peculado (malversación de fondos), que tiene penas que pueden llegar hasta a 12 años de prisión”.

LA NACION

Vacuna contra el coronavirus

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