La CPI acusó al régimen de Nicolás Maduro de liderar un “ataque sistemático contra la población civil”

CARACAS.- La estrategia del chavismo para frenar la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) se ha convertido en un búmeran contra sus intereses. Pese a los ataques contra el fiscal Karim Khan, este no se dejó amedrentar y desmontó uno a uno sus argumentos hasta llegar a sostener que hubo un “ataque sistemático contra la población civil”.

Khan lo tiene claro: sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y son de tal calibre que merecen seguir siendo investigados y posteriormente enjuiciados. Para ello solicitó anteayer que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación, un paso trascendental para que la CPI en un futuro aplique contra Nicolás Maduro y sus colaboradores medidas parecidas a las ya tomadas contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de la primera investigación de este calibre en América Latina.

“Desde al menos abril de 2017 miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”, sostiene la Fiscalía de la CPI en su informe de 22 páginas.

Los delitos de lesa humanidad que pusieron en marcha el mecanismo de la CPI son ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Delitos que los distintos informes de Naciones Unidas han vinculado al propio Maduro, a sus colaboradores más próximos y al generalato chavista.

Khan sostiene que esta política “sistemática” fue alentada y aprobada por el gobierno y llevada a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, con la posible ayuda de grupos e individuos progubernamentales. Palizas, asfixia, ahogamientos y las descargas eléctricas forman parte del manual de los torturadores chavistas.

La contundencia del fiscal es aún mayor a la hora de sostener que el gobierno no fue capaz de demostrar “que haya realizado o que esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.

La defensa chavista

De esta forma, Khan echa por tierra el principal alegato de la revolución bolivariana, quien a través de su fiscal, Tarek William Saab, insiste en que ha castigado a quienes han realizado algunos de estos hechos delictivos.

“Y cómo va a haber investigaciones o castigos, si fueron ellos mismos los que instauraron las violaciones de derechos humanos como una norma en Venezuela. Se cometieron y se siguen cometiendo crímenes sin que funcione la justicia de manera justa e imparcial”, redondeó Henrique Capriles, candidato a las primarias internas de la oposición.

Otro de los argumentos esgrimidos por el chavismo es que los delitos cometidos no fueron suficientemente graves, pese a su envergadura. La Fiscalía no lo ve así, ni mucho menos, y considera que existen motivos para creer que sí se cometieron esos delitos de lesa humanidad. “Khan vuelve a refutar los argumentos de la dictadura y ratifica que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, resumió la activista de derechos humanos Tamara Suju.

Hace 17 meses, tras la visita de Khan a Caracas, Maduro protagonizó un acto público para asegurar a sus aliados internacionales que había firmado un memorándum de entendimiento con el fiscal de la CPI. “Estoy realmente complacido porque estamos comprometidos a trabajar de formar colaborativa”, se jactó entonces el “presidente pueblo”.

Cuando el chavismo comprobó que con la seducción no lograba convencer al fiscal británico comenzaron los ataques directos contra Khan, a quien acusaron de basarse en “fuentes secundarias carentes de toda credibilidad”, de “marcada parcialidad” y de “clara politización”. El órgano legislativo condenó incluso, con el habitual boato revolucionario, la actuación del fiscal de la CPI.

Las investigaciones de Khan sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela, sumadas a los distintos informes de Naciones Unidas, se convirtieron en el principal obstáculo que enfrenta Maduro en su carrera por legitimarse ante los ojos de la comunidad internacional. “Serias violaciones a los derechos humanos se siguen llevando a cabo en Venezuela hasta la fecha”, disparó la semana pasada Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

Pese al control social que los agentes gubernamentales aplican al país, las manifestaciones de los últimos meses en demandas de mejores salarios fueron reprimidas una vez más. Valiñas hizo hincapié en la desprotección de los ciudadanos por la carencia de justicia.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, tampoco se ahorró sus críticas ante las muertes en operativos policiales, la persecución contra periodistas y activistas, las detenciones arbitrarias y el cierre de medios de comunicación.

Sólo durante 2022, por lo menos 824 personas perdieron la vida a manos de policías y militares, según la investigación conjunta de la ONG Provea y la Fundación Centro Gumilla, perteneciente a los jesuitas.

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