La factura que, tarde o temprano, Australia sabía que llegaría

La guerra contra el terrorismo de la década pasada enfocada en Afganistán y su secuela de contención de los últimos meses en Siria e Irak sigue emitiendo facturas. En el cierre del año le tocó pagar a Australia, un histórico aliado de las potencias occidentales en su lucha contra el extremismo islámico.

El letal incidente de ayer es el último y el único exitoso de una serie de intentos fallidos de derramar sangre en suelo australiano, hechos que ya habían llamado la atención de las autoridades y alertado a los servicios de seguridad.

Por eso la mayoría de los medios y expertos internacionales evitaron hablar de la "pérdida de la inocencia" de los australianos. El primer golpe ya lo habían recibido en 2002, pero no en casa: en Bali, una bomba en un bar había matado a 88 de sus conciudadanos junto con otras 114 personas.

El ataque ocurrió un año después de que el primer ministro conservador John Howard se alineara con George W. Bush en la guerra contra Al-Qaeda y los talibanes en Afganistán. El premier, que se encontraba en Washington el nefasto 11 de septiembre de 2001, calificó el atentado como un ataque directo a su país.

En 2003, Howard estrechó más sus lazos con Bush y apoyó la invasión de Irak con el envío de 2000 soldados que -después de las británicas- integran las fuerzas armadas más modernas y entrenadas entre los países que aún mantienen a Isabel II como jefa de Estado.

De Bali a Martin Place transcurrieron 12 años de relativa calma con la vuelta del laborismo al poder en 2007, cuyas internas protagonizadas por los ex premieres Julia Gillard y Kevin Rudd impactaban en los medios de ese país.

Sin embargo, desde enero pasado, la violenta irrupción de Estado Islámico (EI) en Siria e Irak volvió a tomar por el cuello a las potencias occidentales para recordarles con decapitaciones y masivas ejecuciones una de las tantas realidades de Medio Oriente. Las medidas se aceleraron a partir de junio, cuando la veloz ofensiva de ese grupo terrorista puso en jaque a las afueras de Bagdad y su aceitada maquinaria de muerte cayó sobre las minorías étnicas y religiosas de esas zonas donde el EI procura instalar un califato.

Apenas llegado al poder en septiembre de 2013, el primer ministro liberal Tony Abbott comenzó a recibir informes de los servicios de inteligencia que consignaban que un centenar de personas proporcionan apoyo desde Australia a los jihadistas de Irak y Siria.

En diciembre de ese año, las autoridades detuvieron en Sydney a un grupo de hombres a los que se acusó de reclutar a seis personas para enviarlas a Siria. Abbott y su gobierno enfrentaban los mismos problemas que sus pares en Gran Bretaña y Francia (ver aparte).

Los mismos espías también le dijeron que hay australianos que combaten en Siria desde 2012, cuando dos hombres de Melbourne, de ascendencia libanesa y turca, murieron supuestamente después de unirse a la insurgencia asociada con Al-Qaeda que lucha contra las tropas de Bashar al-Assad y las milicias de los rebeldes moderados.

La prensa hizo su parte y divulgó que un hombre de 27 años de Brisbane -también de ascendencia libanesa- estrelló un coche bomba contra una escuela que utilizaban soldados en el este de Siria, matando a 35 de ellos. Además, este año se publicaron las historias de cinco australianos que murieron luchando junto a los extremistas en Siria, la mayoría de familias libanesas o turcas y apenas pasados los 20 años.

Presionado, el gobierno de Abbott adoptó medidas internas y externas. Impulsó y logró que se aprobara en agosto una ley para disuadir a los australianos de adherir a la jihad que amenaza con prohibirles el regreso al país o revocarle el pasaporte al que lo intente. La norma constituye una de las leyes antiterroristas más duras de Occidente y permite a los servicios de inteligencia interrogar a escondidas a sospechosos durante una semana y arrestarlos y mantenerlos en detención domiciliaria sin una orden judicial.

En cuanto a sus aliados, el premier anunció el envío de 600 militares para ayudar a contener a los terroristas de EI, pero sin aclarar si esas tropas participarían en operaciones de combate. El siguiente paso fue autorizar ataques aéreos contra las posiciones de EI. Por último, el 4 de diciembre, Australia prohibió a sus ciudadanos viajar a la provincia siria de Raqqa, bastión de EI.

El gobierno sabe que 60 australianos todavía combaten en algún lugar de Siria o Irak. Lo que por el momento ignora es si continuarán llegando facturas a pagar con sangre.