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La “masacre” de Putumayo, el operativo militar que revive el fantasma de los falsos positivos en Colombia
Inconsistencias entre las revelaciones hechas por un grupo de periodistas y la versión del ejército ponen al Gobierno de Iván Duque en una difícil situación
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En la tarde del lunes 28 de marzo, el presidente de Colombia Iván Duque reportó lo que, en principio, parecía un operativo militar más de los muchos que tienen lugar en ese país latinoamericano. “Continúa la ofensiva #SinTregua contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.
“En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”. Sin embargo, una investigación periodística realizada en conjunto por los medios colombianos Vorágine, El Espectador y Cambio reveló evidencia que sugeriría que en el operativo habrían muerto al menos cuatro personas desarmadas y que las fuerzas militares colombianas habrían alterado evidencia en la escena de los supuestos combates.
Tras la investigación, esos medios califican lo sucedido como “masacre”. Más grave aún son los testimonios de la comunidad de la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, que aseguran que los soldados habrían llegado a la población vestidos de negro y usando capuchas, que habrían manipulado los cadáveres de civiles para hacerlos parecer combatientes y que habían robado a los establecimientos locales.
Localizado en la frontera suroriental de Colombia, la cual colinda con Ecuador y Perú, el departamento del Putumayo es un punto estratégico para el trasiego de armas, drogas y personas por parte de las llamadas bandas disidentes de las FARC y de otros grupos armados. Y esa guerra entre bandas por el control de la zona repercutió en las comunidades mayoritariamente indígenas del departamento, generando muertes, desplazamientos forzados y una constante sensación de terror.
¿Qué ocurrió y quiénes son las víctimas?
Según lograron establecer los seis periodistas colombianos que estuvieron en la vereda Alto Remanso, los hechos tuvieron lugar en la mañana del lunes 28 de marzo. La pequeña población de casas de madera, un salón de clases de primaria, una cancha de fútbol de cemento y un prostíbulo había celebrado un fin de semana de bazares buscando recaudar fondos para pavimentar una calle.
Según los testimonios de los habitantes, los disparos comenzaron a las siete de la mañana del lunes, cuando ya había mujeres y niños en las calles. El primer reporte del operativo lo dio el ministro colombiano de defensa, Diego Molano, en su cuenta de Twitter. Pero la investigación periodística reveló que había detalles de la versión oficial que no coincidían con la evidencia testimonial y fotográfica.
Por ejemplo, aunque era claro que sí hubo hombres armados en la vereda, el número de personas reportadas como armadas no coincidía con el número de armas incautadas. “Lo que nosotros encontramos es que la operación del ejército se desarrolló en medio de población civil. Segundo, que sí había personas armadas allí porque estaban en medio de un bazar de tres días que había convocado la comunidad y al menos había unas 5 personas ahí armadas”, le cuenta a BBC Mundo el periodista del portal Vorágine, José Guarnizo.
La interacción entre la población civil y grupos criminales es común en áreas como Putumayo, cuenta el corresponsal de BBC Mundo Daniel Pardo, debido a que la coca tiene raíces muy profundas en la zona. “El Putumayo es una zona donde el Estado se construyó después de que se construyó la industria cocalera. Esta industria le da de comer a muchas familias y, para el Estado, intervenir ahí siempre fue muy difícil”.
Lo otro que sorprendió a los periodistas que visitaron el lugar fue la identidad de algunas de las supuestas bajas que reportó el ejército: según pudieron confirmar, cuatro de los fallecidos (al parecer desarmados) eran el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, una mujer embarazada de 24 años, el líder de un resguardo indígena y un menor de 16 años.
Y la posibilidad de que los cuerpos hayan sido manipulados antes de que llegaran las autoridades forenses es muy alta. Guarnizo explicó: “Al menos hay unas tres fotos que corresponden con el cadáver del menor de edad, que está tendido sobre la tierra sin un arma. Luego hay dos fotos, en unas lanchas de la Armada Nacional, y en una tiene fusil y en la otra no. Eso es lo que muestran las fotos”.
¿Qué dice el ejército y el Gobierno nacional?
Desde el primer momento, la administración de Iván Duque sostuvo que las fuerzas armadas estaban llevando a cabo un operativo para capturar a alias “Bruno”, un supuesto miembro de las disidencias de las FARC. Luego de participar en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, el martes, en la ciudad de Nueva York, Duque defendió la manera en la que se había ejecutado el operativo.
“La operaciones militares y, en particular, esta que desató controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa”, dijo el mandatario, asegurando que todos los caídos en el operativo tenían nexos con grupos criminales. Sin embargo, una de las críticas que más resuena en medios colombianos es que fuentes aseguran que el ejército tenía información de que “Bruno” ya no estaba en la vereda y aún así procedieron con el operativo.
“Hay versiones del Ejército que no coinciden”, dice Guarnizo: “Una dice que, antes de entrar, se dieron cuenta que Bruno ya no estaba en la vereda. Entonces, ¿por qué realizaron un operativo de estos en medio población civil, sabiendo que su objetivo principal no estaba?”.
El comandante de las fuerzas militares colombianas, el general Eduardo Zapateiro, aseguró que el operativo estuvo “apegado al derecho humanitario”. Sin embargo, levantó una polémica en las redes sociales cuando aseguró que “esta no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad que son combatientes”.
El ministro de defensa Diego Molano, por su parte, aseguró que las fuerzas militares se encargarían de entregar toda la información que pudiera ayudar a clarificar las incertidumbres del operativo militar. “Frente a esa operación, lo que es claro es que se hizo contra esas estructuras en cumplimiento de las normas de ley. Presentaremos los informes a la Procuraduría y esperaremos que la Fiscalía haga la definición de quienes quedaron neutralizados en esa operación”, dijo Molano.
¿Qué consecuencias tuvo la polémica hasta el momento?
A pesar de asegurar querer colaborar con las entidades de control, al menos 36 legisladores presentaron una moción de censura contra el ministro de defensa, argumentando que “los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, son de extrema gravedad”.
Además, Naciones Unidas, a través del jefe de su misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu pidió al consejo de seguridad que haya una “investigación exhaustiva” para esclarecer los hechos en El Remanso. El corresponsal de BBC Mundo Daniel Pardo asegura que las críticas están especialmente dirigidas a la política de seguridad del Gobierno.
“Lo que dicen los críticos es que el Gobierno aplicó una estrategia para combatir el narcotráfico que no responde al conflicto actual”, dice Pardo. La estrategia del Gobierno, explica Pardo, se basa en la política de seguridad democrática, legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual ayudó a diezmar el poder de la estructura jerárquica que eran las FARC. Pero hoy, casi 6 años después de la firma del acuerdo de paz que marcó el fin de las FARC como organización al margen de la ley, el panorama es distinto.
“Después del proceso de paz, la problemática de orden público cambió mucho y se concentró en regiones muy concretas, donde el acceso del Estado fue históricamente precario”. Como es el caso del Putumayo. Pardo explica que, debido a la atomización de las organizaciones criminales y a su integración con las comunidades locales, hoy es más difícil evitar bajas incidentales.
¿Qué fueron los “falsos positivos” y por qué este caso los recuerda?
Una de las heridas más profundas que arrastra Colombia los últimos años son los llamados “falsos positivos”. En 2008, estalló el escándalo que ocasionó que varios laureados militares fueran enviados a los tribunales.
Por ese entonces, Colombia llevaba cinco décadas enfrascada en una guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la que sólo firmó la paz en septiembre de 2016, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos. El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles. Una investigación del Congreso había calculado que más de 2.000 personas resultaron víctimas del caso.
La Jurisdicción Especial de Paz, creada a raíz de la negociación de paz con las FARC para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto, concluyó en 2021 que los civiles asesinados y presentados como como guerrilleros muertos en combate eran 6.402. Ahora, en Colombia se teme que a esa enorme cifra haya que agregar más nombres.
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