La ONG HRW denuncia “abusos aberrantes” de Venezuela en la frontera con Colombia

CARACAS.– Las fuerzas chavistas han cometido “abusos aberrantes” contra la población local de la fronteriza Apure, entre los que se incluyen la ejecución de cuatro miembros de una familia de campesinos, además de torturas, detenciones arbitrarias y reclusiones en bases militares. Así lo ha acreditado Human Rights Watch (HRW) tras una exhaustiva investigación, en la que también echan por tierra el relato revolucionario de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaría enfrentando a terroristas colombianos apoyados por Bogotá y la CIA.

“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro”, alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La ofensiva bélica de las fuerzas chavistas contra el grupo disidente que se enfrenta a los comandantes de las FARC Iván Márquez y Jesús Santrich, aliados de Maduro, comenzó el 21 de marzo en la zona fronteriza que divide el Apure venezolano y el Arauca colombiano. Organizaciones humanitarias y testigos de los enfrentamientos confirmaron a HRW que la Segunda Marquetalia (grupo de Márquez y Santrich que regresó a las armas tras renunciar al proceso de paz) intenta consolidar el control del tráfico de drogas, para lo cual necesita eliminar a sus enemigos del Frente Décimo Martín Villa. Contra estos últimos han embestido las fuerzas chavistas.

Los enfrentamientos continuaron ayer, según denunció Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, con un ataque del Frente Décimo contra soldados venezolanos. “Maduro originó una guerra en contra del ciudadano. ¡Dejen de exponer de manera vil a nuestra gente!”, se quejó el presidente encargado, Juan Guaidó, en sus redes sociales.

La zona en litigio es clave para el narcotráfico en el continente. De hecho, los expertos calculan que por allí se transportan al menos 150 toneladas de cocaína todos los años, producidas en Colombia y con los principales carteles narcos de México como clientes. Para complicar aún más el escenario, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), socia consolidada del chavismo y que participa en Venezuela en el control social impuesto por el oficialismo, también tiene sus propios intereses en la frontera, lo que ya le ha provocado fricciones con los distintos grupos de las FARC.

Las guerrillas colombianas se aprovechan del santuario que han levantado en Venezuela para controlar violentamente la vida cotidiana de los ciudadanos a ambos lados de la frontera, donde los estados no parecen existir. Juicios revolucionarios, toques de queda, pago de deudas y hasta la resolución de diferendos matrimoniales ejecutan los guerrilleros desde el lado venezolano. “Los grupos armados ejercen el control mediante amenazas, secuestros, trabajos forzados, reclutamiento de menores, homicidios y extorsión en cualquier tipo de actividad económica”, precisó el informe de HRW.

La ONG ha incluido el análisis de dos miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses, quienes coincidieron en que los cuatro cuerpos de la familia asesinada se ajustaban a un patrón: acostados boca arriba, brazos extendidos a los lados, hombres con torso desnudo y armas o granadas junto a sus manos derechas.

Pero en el caso de Yanfrán Anzola (22 años) era imposible que portase una granada en esa mano, tal y como sugiere la fotografía: el joven tenía su húmero derecho fracturado. Además los dos balazos en el pecho se realizaron desde corta distancia. También le habían limpiado la cara, manchada de sangre. Todos los cuerpos fueron trasladados hasta allí y en todos concurren circunstancias parecidas.

Los vecinos confirman que vieron cómo agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) se los llevaron detenidos de su vivienda, de la cual además se sustrajeron varios objetos y una motocicleta. La ONU califica a este cuerpo policial, creado por Maduro, como el “escuadrón de exterminio” de la revolución.

El informe de HRW detalla “abusos aberrantes” de todos los tipos, que junto a la violencia de los enfrentamientos y los bombardeos provocaron la fuga de al menos 5800 vecinos de La Victoria y cercanías, quienes cruzaron el río al lado colombiano. “Los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente”, concluyó la organización.