La tentación del modelo Bukele pone a prueba a dos democracias modelo de América Latina

De Keiko Fujimori a Abelardo de la Espriella, la ola de triunfos de candidatos de derecha que la región viene experimentando en los últimos meses está sustentada por la creciente demanda de seguridad, que se consolidó en casi todos los países de la región como una de las principales preocupaciones sociales.

El éxito de las políticas de reducción del delito de Nayib Bukele ha inspirado en los últimos años promesas de mano dura, que en la práctica muchas veces no tienen los resultados esperados. Pero ahora el debate sobre cuántas libertades la gente está dispuesta a resignar a cambio de seguridad está poniendo a prueba incluso a países vistos como ejemplos democráticos de la región, como Chile y Costa Rica.

La estrategia de Bukele tiene dos pilares visibles. Por un lado, la construcción de megacárceles, que ha sido imitada a lo largo de todo el continente americano. Un informe de Insight Crime publicado este mes estima que hay unas 15 proyectadas o ya construidas, incluida una en la Argentina.

Y por el otro lado, la concentración de poder mediante un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas (se estima que el 2% de la población está detrás de las rejas). La baja indiscutible del delito en El Salvador tiene un costo institucional altísimo, con un líder que ya ha reescrito las reglas para lograr una segunda reelección.

“Pero a pesar de haber emulado el enfoque de El Salvador, ningún otro país ha logrado replicar sus resultados”, dice el informe.

La experiencia de Ecuador, que ya lleva más de un año, es una primera advertencia sobre los límites de esa fórmula. Daniel Noboa recurrió a estados de excepción, militarizó las calles y construyó una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, la violencia siguió creciendo y en 2025 el país alcanzó una tasa récord de 50,9 homicidios cada 100.000 habitantes. En El Salvador hubo un tercer pilar invisible, pero fundamental: las negociaciones que el gobierno de Bukele mantuvo con las cúpulas de las pandillas y que, según diversas investigaciones, contribuyeron a la caída de los homicidios incluso antes del régimen de excepción.

“Decir que los países están intentando copiar el modelo Bukele es mucho decir”, advierte a LA NACION Guadalupe Correa-Cabrera, codirectora de Contra, un centro de estudios especializado en crimen organizado de la George Mason University.

En su opinión, muchas de las políticas de mano dura que se anuncian en América Latina son más bien retórica electoral: medidas aisladas, muy visibles y bien promocionadas, pero sin un proyecto integral detrás.

“En El Salvador era más fácil. Tenía muchísimos problemas, pero fue relativamente más sencillo aplicar estas políticas que en otros países más complejos, donde la propia geografía hace difícil el control territorial por parte de las fuerzas del orden, tanto militares como policiales”, explica Correa-Cabrera. “El territorio salvadoreño es pequeño y no tiene tanta complejidad en términos de geografía y demografía”.

El verdadero desafío, sostiene, está en combatir la corrupción y la impunidad dentro del propio Estado. “La delincuencia organizada que vemos en América Latina no puede sobrevivir sola, necesita protección política”, dice.

Las advertencias, sin embargo, no frenaron el atractivo electoral de la fórmula. Los últimos dos presidentes que asumieron en América del Sur convirtieron a la promesa de mano dura en el centro de sus campañas.

En Perú, Keiko Fujimori anunció el viernes el estado de emergencia en Lima y el Callao y envió al Congreso un proyecto para que le permitan legislar por decreto en seguridad y otras áreas por 120 días.

En Colombia, Abelardo de la Espriella también convirtió la seguridad en una de sus prioridades, con una agenda de mayor cooperación militar con Estados Unidos y la incorporación de su país al Escudo de las Américas, la coalición regional impulsada por Washington contra los carteles que contempla la posibilidad de poner soldados norteamericanos en la región.

Los procesos políticos que están atravesando Chile y Costa Rica, dos de las democracias que eran consideradas modelos de la región, son un buen ejemplo del debate sobre hasta dónde pueden tensarse las reglas institucionales en nombre de la seguridad.

Hasta el estallido de 2019, Chile era visto como un país previsible, una garantía de estabilidad. Los convulsionados años que siguieron, con dos traumáticos procesos para reformar la Constitución incluidos, vieron un dramático aumento de la violencia, con hasta un 30% de aumento de los homicidios entre 2021 y 2022. La seguridad se convirtió en el mayor reclamo de los ciudadanos durante la recta final del mandato de Gabriel Boric, y entonces apareció José Antonio Kast, que con un discurso basado en la recuperación del orden y una visita incluida a El Salvador, logró espantar los fantasmas que rodeaban a su figura y ganar la presidencia.

Pero el primer tramo de su mandato se le hizo cuesta arriba, en parte afectado por cuestiones externas como el aumento de los combustibles por la guerra, y en parte por errores internos, como cuando dijo que la deportación masiva de migrantes prometida era una “metáfora”. Con un fuerte deterioro de su imagen, ahora volvió a hacer una apuesta fuerte por la seguridad. Primero hizo un traslado de presos al estilo Bukele, la “Operación Cancerbero”, y luego presentó un proyecto de reforma constitucional para instaurar un nuevo tipo de estado de excepción. Esta figura otorgaría al presidente la atribución de decretar la medida unilateralmente por 120 días, prorrogables por otros 120 días sin requerir la aprobación del Congreso, permitiendo restringir libertades de tránsito, reunión, asociación e interceptar comunicaciones sin control judicial previo, entre otras.

La iniciativa ha generado un fuerte debate, con críticas esperables de la izquierda y no tanto de la derecha, y Kast, que había logrado mostrarse como una opción moderada en la campaña, ahora está recibiendo acusaciones de sus propios aliados de ser “iliberal”.

“Desde el año pasado, cuando Kast era candidato, algunos intelectuales habían esbozado la tesis de que el suyo era un proyecto iliberal”, explica a LA NACION el analista político Cristóbal Bellolio. “Y la verdad es que Kast resistió bastante bien esa acusación porque no tiene la estridencia de líderes similares. Siempre se manifestó muy respetuoso de las formas republicanas. Él tiene, además, un estilo muy ordenado”.

Según Bellolio, esa imagen comenzó a resquebrajarse con la nueva reforma constitucional. “En la necesidad de cumplir su promesa de orden público, de mano dura, de combate a la delincuencia y al crimen organizado, acaba de presentar una reforma constitucional que ya es un poco incoherente con la filosofía conservadora que él mismo estableció: que la Constitución no es necesariamente la herramienta para cambiar la realidad de la gente, que las cosas hay que hacerlas a través de una mejor gestión”, señala.

En ese sentido, considera que el argumento de Kast para impulsar la reforma es precisamente el que alimenta las acusaciones de iliberalismo. “Kast invoca la democracia para erosionar el componente liberal”, resume. En otras palabras, el argumento de Kast es que tiene un mandato de la población que los contrapesos institucionales del sistema no le permiten cumplir.

Para Bellolio, sin embargo, el principal problema político de Kast no está en la discusión académica sobre si su gobierno es o no iliberal, sino en que la propia ciudadanía parece no acompañar su propuesta. “Si Kast tuviese un 80% de aprobación a su reforma en materia de seguridad, lo que dijeran los académicos y los intelectuales daría un poco lo mismo”, sostiene.

La encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que solo un 10% de los ciudadanos apoya la reforma constitucional en sus términos actuales, y un 51% considera que debe ser retirada del Congreso. “El problema es que la gente no le dio respaldo en las encuestas a su reforma de seguridad. Les pareció que era excesivo”, concluye Bellolio. “Fue la propia gente la que, de alguna manera, al restarse de apoyar esta reforma, pone al gobierno de Kast en una situación complicada”.

En Costa Rica, la gente no parece tan convencida como los chilenos de que resignar libertades por seguridad es una mala elección. Durante décadas, el país fue considerado una excepción dentro de América Central por la solidez de sus instituciones democráticas y la ausencia de fuerzas armadas. Sin embargo, enfrenta un incremento del 50% en su tasa de homicidios desde 2020, como parte de un aumento de la violencia vinculado a la inserción de redes de narcotráfico sudamericanas que utilizan los puertos costarricenses como puntos de transbordo hacia mercados internacionales.

Un extenso reportaje publicado esta semana en The Wall Street Journal relata cómo la frustración produjo un terremoto político en 2022, cuando el país eligió por estrecho margen a Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial que prometía combatir la corrupción del sistema político.

Durante su mandato, Chaves arremetió contra el Poder Judicial, los medios de comunicación y sus adversarios políticos, mientras impulsaba cambios de fondo. También propuso enfrentar la violencia siguiendo el ejemplo de El Salvador y visitó la prisión de máxima seguridad construida por Bukele. A su regreso, impulsó la construcción de una cárcel similar en Costa Rica, que está prevista para abrir este año. Elegida presidenta este año, su heredera política, Laura Fernández, profundizó esa línea y nombró a Chaves como una suerte de superministro.

Ricardo Zúñiga, un exfuncionario del Departamento de Estado norteamericano que trabajó durante años en América Central, dijo que Chaves y Fernández buscan “debilitar” al único poder del Estado que no controlan. “Hay un alto riesgo de que tengan éxito”, advirtió. “Hay muy poca paciencia en la población para los argumentos sobre el Estado de derecho”.

La oposición y varios analistas coinciden con Zúñiga en que la presión sobre el Poder Judicial forma parte de un proyecto autoritario dirigido a debilitar los contrapesos democráticos. En Costa Rica, sectores opositores y el fiscal general han denunciado que las persistentes acusaciones de ineficiencia contra los magistrados y los drásticos recortes presupuestarios impuestos al sistema de justicia configuran una maniobra de concentración de poder que debilita las capacidades de investigación judicial del Estado.

Esta confrontación se ha extendido al ámbito de la prensa. Los constantes cuestionamientos del oficialismo a medios de comunicación críticos como el diario La Nación y la posterior revocación de visados estadounidenses a sus directivos han sido catalogados por el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, como medidas de intimidación características de regímenes autoritarios.

“No hay en Costa Rica ninguna bukelización. Sí hay que darle continuidad a la mano dura”, dijo esta semana la presidenta Fernández en una entrevista con El País. Un video de 1998 que cada tanto vuelve a aparecer en las redes muestra a Hugo Chávez prometiendo que en Venezuela no habría expropiaciones. En una región que todavía tiene frente a sus ojos el costo de dejar morir a una democracia como Venezuela, las alarmas por Costa Rica podrían empezar a sonar más fuerte.