La UE cierra su billetera a miembros con rasgos autoritarios

PARÍS.- La Unión Europea (UE) se dotará de un arma terriblemente disuasiva para comenzar el período post-Brexit : podrá reducir el financiamiento de los países que violen el Estado de Derecho.

Esa iniciativa sin precedente figura en las propuestas de presupuesto presentadas ayer por la Comisión Europea (CE) para el período 2021-2027, es decir, una vez que Gran Bretaña haya dejado el bloque.

En momentos en que el Reino Unido se prepara a dejar la UE el año próximo -lo que se traducirá en la desaparición de su contribución de entre 10.000 y 13.000 millones de euros por año-, Bruselas desea que el resto de los Estados miembros acepten un aumento de sus respectivos aportes.

Esa suma pasaría así del 1,08% de la renta nacional bruta (RNB) acumulada de los 28 países actuales del bloque a 1,11% de los 27 que permanecerán en la UE. En cifras concretas, el actual presupuesto 2014-2019 -con Gran Bretaña incluida- se eleva a 1,087 billones de euros. En el próximo período, la CE propone un total de 1,279 billones de euros.

Pero la medida más inesperada de la propuesta de la CE concierne la introducción de una suerte de "chantaje al bolsillo" a aquellos miembros que -cada vez con más frecuencia- se alejan del Estado de Derecho. La medida reemplazaría con eficacia la ausencia en los actuales tratados de instrumentos que obliguen a un miembro a respetar esos principios. Y sus principales víctimas podrían ser Polonia y Hungría.

Desde que corrió la voz sobre las intenciones de la CE, y después de haber pasado meses burlándose de las advertencias de Bruselas contra sus reformas jurídicas consideradas violatorias de los derechos cívicos, el gobierno ultraconservador de Varsovia cambió súbitamente de tono.

"Las negociaciones financieras ponen una presión gigantesca sobre esos países", resume una fuente diplomática. La más humillante de esas presiones es la idea de condicionar las ayudas al respeto del Estado de Derecho.

Pero, además, los llamados "fondos de cohesión" serán reducidos en el nuevo presupuesto y se afinarán sus reglas de atribución. Hasta ahora ese instrumento es acordado a los Estados cuyo PBI por habitante es inferior a 90% del promedio comunitario. En el futuro podrían intervenir para su atribución criterios relativos a la diversidad socioeconómica en una región determinada o al costo de la acogida de inmigrantes. Esto enfurece a los gobiernos populistas de Europa del Este.

"No aceptaremos mecanismos arbitrarios que transformen la gestión de los fondos de cohesión en instrumentos de presión política 'a la carta'", dijo el gobierno polaco. Pero aun antes del inicio de las hostilidades, Varsovia y Budapest ya sabían que la era de la gran generosidad europea comienza a llegar a su fin.