Mirar el pasado pensando en el futuro

JOHANNESBURGO.- Nació con el compromiso de confrontar el pasado y cicatrizar las heridas, “en la búsqueda del perdón pero no del olvido”, según las palabras del ministro de Justicia, Dullah Omar.

La Comisión de Verdad y Reconciliación, que preside el arzobispo Desmond Tutu, tiene la misión de bucear en el capítulo más penoso y terrible de la historia reciente de Sudáfrica: las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos políticos ocurridos entre el 1º de marzo de 1960 y el 10 de mayo de 1994, lapso en el cual la violencia cobró su mayor número de víctimas.

La comisión, que no tiene las facultades de una corte legal, puede otorgar una amnistía a todos aquellos que confiesen crímenes políticos y hayan pertenecido a una organización vinculada con el gobierno o con los movimientos de liberación. La amnistía no se aplicará a los casos considerados maliciosos, que hayan perseguido un provecho económico u otro fin que no sea el político, que podrán ser derivados a la justicia ordinaria.

La amnistía ha creado cierta resistencia. Los familiares de los asesinados Steve Biko, líder del Movimiento Conciencia Negra, y de Chris Hani, jefe del Partido Comunista, manifestaron su rechazo por la posibilidad de que se beneficie a los victimarios.

La comisión descorrió un velo de misterio que rodeaba la muerte de Biko, ocurrida en 1977, cuando estaba detenido -según el informe oficial-, "a un golpe de su cabeza contra la pared". Veinte años después, cinco agentes policiales confesaron su brutal golpiza a Biko, aunque insistieron en que la muerte fue accidental.

Las audiencias fueron un ejercicio de memoria, en el que desfilaron testimonios desgarradores. La comisión recibió además testimonios escritos de torturas, tormentos psicológicos, desapariciones, violaciones y asesinatos, tras lo cual verifica la información y busca a los responsables. Para las víctimas, la denuncia tuvo el carácter de un ejercicio de catarsis y de alivio por un padecimiento que debieron callar durante muchos años. Para los victimarios, la posibilidad de una redención pública. Si bien muchos generales y oficiales de rango intermedio declararon para obtener la amnistía, es difícil creer que éstos actuaron sin la autorización o el consentimiento del poder político.

Muchos manifestaron su arrepentimiento y afirmaron que actuaron así para defender a Sudáfrica y a sus familias "de la amenaza comunista".

Pero la gran mayoría de quienes ocuparon puestos de gobierno o posiciones de liderazgo en los movimientos de liberación (investigados por abusos contra los integrantes que colaboraron con el régimen blanco) brillaron por su ausencia.

Si bien el ex presidente Frederik De Klerk negó que el gobierno haya dado orden de asesinar o torturar, Pieter W. Botha (1978-1981) se rehusó a declarar alegando cuestiones de salud.

Las iglesias Anglicana y Católica pidieron perdón durante las audiencias por no haber hecho lo suficiente contra el apartheid. Los principales empresarios declararon, en cambio, que habían luchado contra ese régimen "desde adentro" de sus compañías, aseveración que fue contestada por el líder sindical Sam Shilowa: "En realidad se beneficiaron y fueron cómplices del sistema", dijo.

Informe final

Más de 14.000 víctimas ya brindaron sus testimonios, y 8000 personas involucradas en actos de violencia solicitaron la amnistía, concedida ya a más de 100 de ellas. Una vez finalizadas las audiencias y la recepción de declaraciones, a fin de año, la comisión investigará cada caso y entregará (en julio de 1998) su informe final.

Además, la comisión propuso al gobierno que cada víctima reciba unos 4600 dólares por año, durante seis años, como reparación. "Esos fondos serían aportados por el gobierno, donaciones internacionales y de empresas sudafricanas", explicó a La Nación Paul van Zyl, secretario ejecutivo del organismo.

Pero el precio más alto es sin dudas el emocional. No lo será tanto si se logra la ansiada reconciliación, piedra fundamental para construir una sociedad más tolerante.

Una argentina en busca de la verdad

JOHANNESBURGO (De un enviado especial).- La investigación de los horrores del pasado reciente que realiza la Comisión de Verdad y Reconciliación tiene más de un punto de afinidad con la Argentina: su trabajo se asemeja al de la Conadep, ha recibido aportes de especialistas de nuestro país y una de sus integrantes nació en Rosario: con 57 años y cuatro hijos, Mary Burton forma parte del comité que indaga sobre las violaciones a los derechos humanos.

"Estudié en el Northlands y después me fui a cursar a Europa. Allí conocí a mi futuro marido, un empresario sudafricano", dijo a La Nación .

Después de un tiempo en Brasil, Mary se estableció en Ciudad del Cabo, donde comenzó a trabajar en obras de caridad y luego en una entidad femenina antiapartheid.

"Pensé que había que hacer algo más. Cuando en la década del sesenta comenzó la segregación en los barrios, me volqué a la lucha por los derechos de la comunidad negra. La presión del gobierno contra nosotros se hizo muy intensa, muy peligrosa", añadió.

Burton, quien ocupó de 1986 a 1990 la presidencia de Black Sash, una organización de gran peso en la sociedad sudafricana, resumió así su experiencia en la comisión: "Por mi trabajo como voluntaria, creía haberlo visto todo. Me equivoqué. En las audiencias escuchamos atrocidades inimaginables. Admiro el coraje de todos quienes dieron su testimonio. Creo que lo hicieron para liberarse y continuar con sus vidas. Nosotros no presionamos para que haya un perdón. Hay quienes lo hacen, y otros que no. El rencor está allí. He visto escenas donde víctimas y victimarios lloran juntas por las heridas físicas y morales que les provocó el apartheid. Fue terrible."

La comisión se formó luego de un largo proceso de selección al que se presentaron 400 nominados. Se estableció un panel de ocho integrantes, que tuvieron como misión evaluar a los postulantes: cuatro representantes de partidos (CNA, Partido Nacional, Inkhata y el Frente Libertad) y cuatro de organizaciones no gubernamentales. Finalmente quedaron 25 y, de ellos, el mismo Mandela eligió a 17.

Por otra parte, la comisión recibió la ayuda técnica del equipo argentino de Antropología Forense durante la exhumación de restos de víctimas del apartheid, para la identificación de los restos. Se estima que hay "centenares" de cuerpos de guerrilleros del Umkhonto We Sizwe (Lanza de la Nación), el brazo armado del CNA, enterrados en fosas comunes en todo el país. Muchos otros fueron arrojados a ríos.