Para la Casa Blanca, una decisión incómoda

WASHINGTON.- La decisión de la administración Obama de autorizar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mate a un sospechoso de terrorismo que es ciudadano americano desencadenó ayer un debate sobre los límites legales y políticos de los ataques con aviones teledirigidos, el principal pilar de la campaña contra el terrorismo.

La idea de que el gobierno puede, de hecho, ejecutar a uno de sus propios ciudadanos lejos de una zona de combate, sin proceso judicial y basándose en información secreta de inteligencia, causa una profunda incomodidad en algunas autoridades legales.

Como sucedió en el caso de Anwar al-Awlaki, un sospechoso de terrorismo nacido en Estados Unidos que fue muerto ayer tras un ataque norteamericano en Yemen, para someterlo a vigilancia como parte de una "lista de blancos", las agencias de inteligencia hubiesen necesitado una orden judicial.

Pero al incluirlo en la "lista de pedidos de muerte", tal como lo hicieron los funcionarios de la CIA, con la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, el caso no requirió ninguna aprobación judicial.

"El Congreso había protegido las llamadas de Al-Awlaki por celular", dijo Vicki Divoll, una ex abogada de la CIA.

"Pero no proporcionó ninguna protección a su vida. Eso no tiene sentido", comentó.

Los funcionarios de la administración tenían la opinión de que ningún derecho legal o constitucional podía proteger a Al-Awlaki, el carismático predicador que decía que su deber religioso era atacar a Estados Unidos.

"La ciudadanía estadounidense no le da a nadie carta blanca para entablar la guerra contra su propio país -dijo un funcionario de contraterrorismo que habló sobre el programa clasificado, desde el anonimato-. Si usted une su suerte a los enemigos del país, le corresponde también compartir su destino."

Obama, que hizo campaña por la presidencia manifestándose en contra de las prácticas de interrogatorio y detención de la época de George W. Bush, invitó implícitamente al escrutinio legal y moral de sus propias políticas.

Pero al igual que el debate sobre la tortura durante la administración Bush, la discusión pública de lo que los funcionarios denominan "blancos de muerte" está limitada por el secreto que protege a los programas robotizados de la CIA.

El representante John F. Tierney, quien encabezó las audiencias parlamentarias sobre la legalidad de los "blancos de muerte", dijo que estaba decidido a ventilar las preguntas contenciosas y a procurar que se aplique una legislación para regular esas operaciones.

La información sobre la calidad de un blanco como Al-Awlaki "sin duda plantea la pregunta de qué derechos tiene un ciudadano y qué medidas deben adoptarse antes de que se lo incluya en esa lista", dijo Tierney.

Los funcionarios de contraterrorismo, con el apoyo de demócratas y republicanos en el Congreso, dicen que los ataques con misiles demostraron ser un arma muy exitosa contra los militantes de las áreas tribales de Paquistán, la locación de todos los ataques teledirigidos conocidos de la CIA, con la excepción de uno en Yemen, en 2002.

Según sus cifras, los misiles han matado a más de 500 militantes desde 2008, y unas pocas docenas de civiles que estaban en los alrededores.

Harold Koh, asesor legal del Departamento de Estado, dijo que los ataques robotizados contra Al-Qaeda y sus aliados eran legales como parte de la acción militar autorizada por el Congreso, tras los atentados del 11 de Septiembre. Según esas reglas, dijo, esos "blancos de muerte" no eran asesinatos, algo que está prohibido por orden ejecutiva.

Pero la revelación de que Al-Awlaki había sido añadido a la lista de pedidos de muerte de la CIA cambió el debate legal en varios sentidos. Supuestamente, estaba afiliado a una rama yemení de Al-Qaeda. Los analistas de inteligencia creen que no llevaba mucho tiempo planificando ataques, incluido el fallido intento de bombardear un avión comercial el 25 de diciembre de 2009.

Al-Awlaki era un estadounidense nacido en Nuevo México, por lo que debería haberse encontrado protegido por la Quinta Enmienda, que asegura que no será "privado de la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso legal".

Divoll, ex abogada de la CIA, dijo que debería requerirse algún proceso judicial antes de que el gobierno mate a un ciudadano lejos del campo de combate. Además, ofreció un argumento práctico para que se haga una revisión del caso fuera de la rama ejecutiva: el de evitar errores.

Señaló artículos periodísticos que revelan que, en 2004, agentes de la CIA apresaron a un ciudadano alemán, Khaled al-Masri, y lo tuvieron detenido en Afganistán durante meses antes de reconocer que habían detenido al hombre equivocado. "¿Y si lo hubiéramos puesto en la lista de «blancos de muerte»?", se preguntó.

Otro ex abogado de la CIA, John Radsan, dijo que todos los ataques robotizados debían ser sometidos a rigurosas comprobaciones internas para asegurar que "más allá de una duda razonable", el blanco es realmente un combatiente enemigo.

Más allá del debate legal, la pregunta ahora es si la muerte de Al-Awlaki no lo eleva a la categoría de mártir y eso amplificará su mensaje violento. Mohamed Elibiary, un defensor comunitario musulmán de Texas, que recomienda la aplicación de la ley para combatir el terrorismo, dijo que tendría más sentido ayudar a las autoridades a arrestar a los terroristas.

"Hay maneras más tontas y maneras más inteligentes de eliminar a los enemigos", sostuvo.

Pero los funcionarios estadounidenses creen que los arrestos tal vez no puedan ser posibles.

"Si debemos detener a peligrosos terroristas que se ocultan en remotas partes del mundo, inaccesibles a las tropas estadounidenses, ¿qué tenemos que hacer? ¿Taparnos los oídos y permitir una devastadora explosión en Times Square?", se preguntó.

Traducción de Mirta Rosenberg

Por Scott Shane

The New York Times

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