Presión sobre Bolsonaro: el fiscal general pide investigarlo por irregularidades en la compra de vacunas

BRASILIA.- La Fiscalía General de Brasil (PGR) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) abrir una investigación para determinar si el presidente Jair Bolsonaro cometió prevaricación tras ser informado de supuestas irregularidades en el contrato de 1600 millones de reales para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna india Covaxin.

La investigación fue pedida este viernes por el fiscal general adjunto de la República, Humberto Jaqcues de Medeiros. La mala praxis se produce cuando un funcionario público es informado de una irregularidad, pero demora su acción o no actúa para que pueda ser investigada y sancionada, señalaron analistas. En su orden, el fiscal propone un plazo de 90 días para completar esta primera etapa de la investigación.

La petición del fiscal tendrá que ser aprobada por la jueza del STF Rosa Weber y llega en respuesta a una solicitud de senadores que pidieron investigar una supuesta corrupción en la adquisición de vacunas.

El caso de la compra de vacunas Covaxin es uno de los principales focos de la comisión de investigación del Senado (CPI) sobre la gestión del gobierno en la pandemia. Integrantes del CPI y de la PGR quieren saber qué medidas tomó el mandatario cuando fue informado sobre posibles irregularidades relacionadas con la compra de la vacuna.

Humberto Jacques de Medeiros solicitó a la Policía Federal realizar gestiones, tales como escuchar testigos, solicitar información a la Contraloría General de la Federación (CGU), Tribunal Federal de Cuentas (TCU), Fiscalía Federal del Distrito (PR-DF), y el IPC.

El pedido de apertura de la investigación realizada por la PGR se produjo un día después de que la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber rechazara una solicitud de la Fiscalía de esperar la conclusión del CPI antes de decidir sobre una posible investigación contra Bolsonaro por malversación. En su decisión, Rosa criticó duramente la posición de la PGR: dijo que el organismo “se deshizo de su rol constitucional” y ordenó la restitución del proceso para que el equipo del Fiscal General de la República, Augusto Aras, pudiera opinar sobre la apertura o no de la investigación.

“El ejercicio del poder público, repito, es condicional. Y en el diseño de las atribuciones del Ministerio Público no se vislumbra el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República “, escribió.

O Globo/GDA