Castiñeira de Dios, hombre de ley

José Luis Castiñeira de Dios es, antes que nada, músico. Pero el fundador de Anacrusa (uno de los puntales de la renovación folklórica de los setenta), además de ser compositor, arreglador y director de orquesta, se dedica a la administración cultural.

Según explica, los tres años que pasó en la Dirección Nacional de Música y la entonces Subsecretaría de Cultura de la Nación (1990-1993) le dejaron en la sangre "el veneno de la gestión". En verdad, el origen de esta faceta se remonta a su exilio en Francia, donde trabajó con Miguel Angel Estrella en la fundación Música Esperanza y que hoy continúa, en parte por vocación y en parte porque piensa que, "si uno no se hace cargo, de esta tarea no se encarga nadie".

Castiñeira de Dios no tiene ningún cargo público en la actualidad, pero "despunta el vicio", como ideólogo del proyecto de la ley nacional de música que, a imagen y semejanza de las ya sancionadas para el cine y el teatro, pretende servir como instrumento para la promoción de la actividad musical de todo el país.

El músico participó en la discusión de esas dos leyes y, sobre la base de esa experiencia, bosquejó este proyecto, que es promovido desde la Comisión de Cultura del Senado e incluye la creación de un Instituto Nacional de Música, de funcionamiento similar al de teatro, que hoy dirige el actor Lito Cruz.

Desde noviembre de 1997 la comisión se encuentra trabajando sobre el tema junto con las entidades representativas de la actividad. Esta labor arrojó como resultado un trabajo presentado ante un centenar de artistas y empresarios del sector.

Más allá de la experiencia acumulada, la ley de música ya recorre carriles diferentes a los anteriores, por la propia lógica de la actividad.

"Por ejemplo _explica Castiñeira_, la música tiene la particularidad de que la institución más representativa del ámbito es la sociedad de compositores, Sadaic. No es el caso del teatro, donde la que más tiene peso es la Asociación Argentina de Actores". De hecho, Castiñeira primero acercó su idea a Sadaic, pero, según recuerda, "a Ariel Ramírez (titular de la sociedad) no le pareció bien el proyecto, porque creía que había que hacer una ley de defensa de la música nacional. Y yo por principio estoy en contra de esas leyes, que son chauvinistas y antipáticas".

Sostiene Castiñeira que en el ámbito musical "hacía falta un espacio legal para proteger la actividad y para desarrollarla por una vía distinta a la que existe actualmente. Ya en la comisión del Senado recuperé esa relación con Ariel y Sadaic, porque los convocamos, al igual que a la Asociación de intérpretes (AADI) y a la cámara discográfica (Capif). Los tres plantearon sus expectativas. Ellos sí querían algún tipo de incentivo, fiscal en principio, para la música nacional. Y en esas condiciones aceptaban trabajar en conjunto".

Hasta ahora, la discusión del proyecto se desarrolló por consenso entre las partes, pero existen algunos puntos que seguramente generarán resistencias. Según Castiñeira, esto se producirá una vez que el proyecto pase a la Cámara de Diputados, que es la encargada de discutir el punto más complicado:el financiamiento del Instituto.

"La idea -explica- es crear un instituto que administre un fondo. Estos surgirán del presupuesto nacional y de recursos genuinos. Hay varias fuentes posibles:algún tipo de imposición -relacionada con la actividad misma- y, desde mi punto de vista, un gravamen sobre las entradas. Vamos a ver si llegamos a incluirlo o no, porque con respecto a esa idea sí hay oposición."

Castiñeira defiende esta opción con el argumento de lo que pasó en el caso del cine: "El Instituto subió su presupuesto fundamentalmente sobre la base de las entradas".

Cuando habla de este hipotético impuesto, Castiñeira tiene en la mira los grandes recitales al aire libre. "Uno sabe muy bien que la música genera muchos recursos: 5 o 10 megaeventos generarían recursos para funcionar un año entero con toda tranquilidad".

-¿Qué pasará con los conciertos en espacios más chicos, pueden resistir una nueva carga?

-A lo mejor se puede establecer una escala. Así como en el cine no es lo mismo la recuperación de una película de un presupuesto X de uno H, esto se podría organizar en módulos. Pero me parece que algún sacrificio va a haber que hacer para dotar a esta ley de un fondo con recursos reales, veremos quién es el que lo hace.

El proyecto, según dijo, avanza con el apoyo de todas las bancadas que integran la Comisión de Cultura del Senado y hasta cuenta con el visto bueno de su similar en Diputados.

"¿Director del instituto? No lo sé _dice sin poder contener la risa_, pero imagino que algún lugar voy a tener, sobre todo porque la administración del Estado sólo se aprende administrando el Estado. Y saber algo más de lo que saben los demás es útil, porque se gana tiempo."

El eje de la ley nacional de música es la creación de un instituto nacional. De sancionarse la ley, dicha entidad tendrá autarquía administrativa y funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El patrimonio del instituto absorbería el de la actual Dirección Nacional de Música y, probablemente, tendría bajo su jurisdicción a los organismos estables (Sinfónica Nacional, Coro Polifónico, etcétera).

La sede será el actual Centro Nacional de Música, que funciona en el edificio de la ex Biblioteca Nacional, y tendrá un directorio que, según explica el borrador de la ley, estará integrado por doce miembros.

Seis le corresponderán a los representantes de otras tantas regiones del país, mientras que las restantes serán repartidas entre los compositores, los intérpretes, la industria, las universidades, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.

El instituto destinará un 20 % del monto total de sus recursos para gastos administrativos, un 10% a becas, ayudas y subsidios, un 50% en programas o necesidades de interés nacional y el 20% restante para repartir entre cada una de las zonas culturales.

Por Martín Liut

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