Incaa: del plan de fomento a la pérdida de las asignaciones, las razones de la salida de Luis Puenzo

El Gobierno confirmó esta noche que intervendrá el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y que Tristán Bauer, el ministro de Cultura, le pidió la renuncia a su presidente, Luis Puenzo, tras la protesta de un colectivo de cineastas que terminó con incidentes hoy, en el microcentro porteño.

Esta tarde, la sede de la calle Lima al 300 se convirtió en escenario del conflicto que atraviesa al sector cultural en general y al audiovisual en particular que reclamó, entre otras cosas, por el fondo de fomento cinematográfico del instituto. Ese mecanismo -que a través de los impuestos aplicados a la exhibición de cine permiten la financiación de películas nacionales canalizadas a través del Incaa- está a punto de perder vigencia. Así lo expone el artículo 4 de la ley 27.432, sancionada en diciembre de 2017, que le pone fecha a la caducidad de la asignación específica de impuestos nacionales para el próximo 31 de diciembre. Esto implica que, si no hay cambios en la ley, la financiación con la que se sostienen el Instituto de Cine, el del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y las bibliotecas populares, terminará con 2022.

En tiempo de descuento y en el contexto de una profunda crisis en términos de asistencia de público a las salas generada en gran medida por la pandemia, los reclamos de los sectores más perjudicados de la industria del cine nacional subieron de volumen, hoy amplificados por la convocatoria de muchos artistas, entre los que se contaron las actrices Verónica Llinás y Julieta Díaz.

Las imágenes de las protestas, la intervención policial y la llegada del ministro de Cultura Tristán Bauer, anunciando cambios en la entidad en declaraciones a las cámaras de TV, dieron cuenta hoy de la gravedad del conflicto que podría paralizar la industria audiovisual nacional. “Hemos venido acá para darle solución al conflicto, para nuestro gobierno la producción de contenidos nacionales es fundamental. Respecto a Puenzo, me voy a reunir con él para resolver la situación. Va a haber cambios porque la intención es darle solución a una situación tensa”, afirmó el funcionario, quien aclaró sobre el destino de los fondos específicos del Incaa y el financiamiento del resto de los institutos culturales: “los temas legislativos se definen en el Congreso”. La confirmación oficial sobre la continuidad de Puenzo al frente del organismo se daría a conocer mañana, tras la reunión que tendría con Bauer, pero la decisión ya era irreversible.

Enfrentadas con la dirigencia del Instituto, organizaciones como el Colectivo de Cineastas pidieron esta tarde la renuncia de Puenzo, a quien calificaron de “autócrata”. Según el comunicado sectorial, la desaparición de las asignaciones específicas dejaría a la industria audiovisual “a merced del Ejecutivo del INCAA de turno, que tendrá el poder de decidir qué parte del Fondo de Fomento se designará a la producción, generando la posibilidad de que sea nula. Las políticas que está aplicando Luis Puenzo son en detrimento de la soberanía audiovisual, de la redistribución federal de los recursos y de la diversidad de miradas”, se lee en el comunicado.

De hecho, incluso la Academia de Cine, integrada por productores que hasta ahora se mantenían, al menos públicamente, al margen de los reclamos, convocó hace pocas semanas a un encuentro de representantes de la industria que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y del que participaron también Gustavo López (vicepresidente del Enacom), Jorge Álvarez (director del Polo Audiovisual Córdoba) y Vanessa Ragone (presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica). Hernán Findling, presidente de la Academia, expresó allí su preocupación por mantener el sistema actual de fomento que, más allá de las cifras, permite cierta estabilidad y planificación esenciales para la producción de cine.

Sin la prórroga a la ley -pedida hace meses y hasta anunciada como proyecto de ley por Puenzo en la apertura del festival de Mar del Plata de 2021, aunque ante el rechazo de la oposición en Diputados a discutirlo nunca se materializó-, los impuestos correspondientes por ley al Incaa se derivarían hacia la recaudación general, que administra el Ejecutivo nacional, que determinaría entonces qué presupuesto anual le correspondería a cada uno de los institutos culturales.