Así pone Trump a EE.UU. al borde de una crisis constitucional con su intento de ampliar sus poderes
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente al rechazar las órdenes judiciales?
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En las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump no ha parado de exhibir su poder político.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha ordenado la suspensión de todas las nuevas solicitudes de asilo, cancelado el reasentamiento de refugiados, congelado la contratación y el gasto del gobierno, vaciado parcialmente las agencias establecidas por el Congreso, tomado medidas para prohibir la transición de género en adolescentes y ofrecido un acuerdo de finiquito para cientos de miles de empleados federales.
El torbellino de acciones unilaterales, en línea con sus promesas de campaña, ha forzado los límites del poder presidencial, además de desatar una ola de impugnaciones legales de demócratas, sindicatos y juristas.
Trump vs. el poder judicial
Los tribunales federales han sido, hasta ahora, los únicos obstáculos importantes a la agenda de Trump.
Los jueces han suspendido temporalmente algunas de sus decisiones más polémicas, como la propuesta para poner fin al derecho de nacionalidad por nacimiento, recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Pero Trump sigue presionando y parece dirigirse a un enfrentamiento con el poder judicial que eventualmente podría llegar al tribunal más alto del país.
Esta semana, un juez de Rhode Island afirmó que el gobierno de Trump está desafiando clara y abiertamente su orden judicial de descongelar miles de millones de dólares en fondos federales.
La Casa Blanca respondió que “todas las acciones” que tomó el presidente fueron “completamente legales”.
Si las órdenes de Trump llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que seis de los nueve jueces que la integran -incluidos tres designados por el presidente en su primer mandato- son conservadores.
El tribunal emitió el año pasado una decisión que declaraba a Trump, y a todos los presidentes futuros, inmunes ante un procesamiento judicial por decisiones oficiales tomadas durante su mandato.
Si bien esto ya fue una expansión histórica de la autoridad presidencial, algunos observadores han sugerido que las últimas medidas de Trump podrían formar parte de una estrategia para ampliar aún más sus poderes.
Qué puede ocurrir
Su decisión de congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones federales y desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) entraría a primera vista en conflicto con el sistema de pesos y contrapesos del gobierno estadounidense.
El Congreso, y no la Casa Blanca, tiene la autoridad para controlar el gasto federal y los impuestos. Los legisladores también crearon USAID, y se han presentado demandas argumentando que Trump no tiene autoridad legal para desmantelar la agencia y negarse a gastar los fondos asignados por el Congreso.
Pero, si los tribunales superiores aceptan mantener algunas de sus amplias medidas ejecutivas, podría fortalecer su capacidad para transformar el gobierno y promulgar cambios de política sin la ayuda del Congreso.
Incluso aunque los tribunales fallen en contra del presidente, opina Ilya Shapiro, experto constitucional del Manhattan Institute, esas derrotas legales podrían ser políticamente ventajosas.
“Puede haber beneficios políticos en el hecho de ser desafiado en los tribunales e incluso perder en ellos, porque entonces puede competir contra los jueces y sacar provecho político”, indica.
Sin embargo, hay otro escenario: Trump podría simplemente negarse a cumplir con las órdenes de cualquier tribunal que intente detener su ejercicio sin restricciones del poder presidencial.
En su alocución el martes en el Despacho Oval, el presidente insinuó que esta podría ser una posibilidad.
“Queremos erradicar la corrupción”, afirmó Trump, “y parece difícil de creer que un juez pueda decir que no quiere que lo hagamos”.
“Tal vez tengamos que analizar a los jueces”, continuó. “Creo que es una violación muy grave”.
Un desafío histórico
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, fue aún más contundente el pasado domingo: “Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, publicó en la red social X.
Es una opinión similar a la que el propio Vance expresó en un podcast de 2021 cuando dijo que, si Trump regresaba al poder, debería negarse a cumplir con cualquier orden judicial que le impidiera despedir a empleados federales.
Sin embargo, desafiar directamente un fallo judicial iría en contra de siglos de historia de Estados Unidos y podría ser el inicio de una crisis constitucional que enfrentaría al presidente con la rama del gobierno diseñada para establecer e interpretar las leyes del país.
“Mi interpretación es que el presidente Trump está poniendo a prueba los límites de lo que podría hacer sin que le afecte la ley, haciendo muchas cosas que son claramente contrarias a la ley y tal vez algunas que están más cerca del límite”, evalúa Fred Smith, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory.
“Está rompiendo muchas normas”, opina Smith sobre la nueva administración Trump, y agrega: “Por qué está haciendo eso, solo él lo sabe a ciencia cierta. Pero lo está haciendo”.
Hasta ahora, Trump y sus aliados han pronunciado comentarios agresivos en público sobre decisiones judiciales desfavorables, pero aún no han sido sancionados por desobedecer a un tribunal.
Cuando el presidente fue objeto de varios procesos en los últimos cuatro años, cuestionó con frecuencia la legitimidad de los jueces que presidían el tribunal, pero sus abogados en la sala se adhirieron a la ley y los procedimientos legales.
El juez federal de Rhode Island, que suspendió otra orden de Trump para congelar algunos gastos federales, advirtió el lunes que el gobierno estaba violando su orden de restricción temporal, sin llegar a declararlo en desacato.
Las posibles consecuencias
El académico y jurista conservador Ed Whelan escribió en X que sería “extremadamente grave” que el gobierno de Trump desafiara una orden judicial federal.
“Estoy abierto al argumento de que circunstancias verdaderamente extraordinarias (como una situación hipotética extrema) podrían justificar el desafío”, escribió Whelan. Pero, sentenció, “en nuestro sistema constitucional debería haber una presunción abrumadora a favor del cumplimiento de las órdenes de los tribunales federales por parte del poder ejecutivo”.
Si Trump desobedece -y por lo tanto deslegitima- a los tribunales, la decisión podría volverse en su contra cuando vea aplicarse su propia agenda legal, opinan algunos expertos legales.
Estados demócratas como California, por ejemplo, podrían tender a ignorar las directivas de la Casa Blanca y las leyes federales que no les gustan, y Trump tendría dificultades para utilizar los tribunales a la hora de obligar a aquellos a obedecer.
“Si el ejecutivo decide acatar algunas órdenes judiciales pero no otras, se dará cuenta de que no habrá ninguna orden judicial que desee obedecer”, expone Philip Bobbitt, un experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.
“Simplemente, no creo que hayan pensado en eso”, agrega.
Cuando Donald Trump redecoró a su gusto el Despacho Oval en enero, repuso un retrato del presidente Andrew Jackson que había colgado en la pared frente al escritorio Hayes durante su primer mandato.
Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, es recordado por un importante episodio en el que desafió a la Corte Suprema: cuando los jueces decidieron sobre una disputa entre el estado de Georgia y los gobiernos de la comunidad cherokee en 1832, Jackson se negó a seguir sus directrices.
El histórico mandatario supuestamente dijo, sobre el fallo del presidente de la Corte Suprema: “John Marshall ha tomado su decisión, ¡ahora que la haga cumplir!”.
Casi 200 años después, Trump se encuentra en su propio camino hacia el conflicto con el poder judicial de Estados Unidos.
Por Anthony Zurcher y Kayla Epstein. BBC Mundo
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