Avanza el Departamento de Justicia sobre los migrantes indocumentados que pasan por las prisiones de California

La administración Donald Trump exigió a los alguaciles de California que entreguen registros detallados de los no ciudadanos alojados en sus cárceles. La solicitud, emitida a través del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), abarca nombres, delitos cometidos y fechas de liberación. Además, amenaza con acciones legales si los condados no colaboran.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) requirió a los alguaciles de condados como Los Ángeles y San Francisco que brinden de forma voluntaria datos sobre no ciudadanos estadounidenses detenidos. El pedido incluye los cargos por los que fueron arrestados y las fechas de su posible liberación. El plazo para la entrega es de 30 días.

La fiscal general Pam Bondi justificó la medida al afirmar que “remover a inmigrantes ilegales con antecedentes penales es la máxima prioridad” del gobierno federal. En el mismo comunicado, el DOJ amenazó con emplear “todos los medios disponibles” si no recibe una respuesta.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, señaló que su oficina no puede cumplir con el pedido federal debido a la legislación santuario de California. En específico, explicó que desde 2017 está vigente una ley que impide preguntar sobre el estatus migratorio de las personas arrestadas.

Asimismo, Luna aclaró que solo entrega a un detenido si el ICE presenta una orden judicial firmada por un juez. También recordó que su oficina no guarda información migratoria de los reclusos: sólo las huellas dactilares se ingresan en una base nacional compartida con agencias federales.

Por su parte, el alguacil de San Francisco, Paul Miyamoto, sostuvo en diálogo con San Francisco Chronicle que el “gobierno federal ya conoce la identidad y tiene las huellas dactilares de cada recluso en las cárceles de San Francisco”.

“Si el gobierno federal tiene una razón legal para arrestar a alguien, puede hacerlo obteniendo una orden penal o judicial”, agregó. Por último, concluyó: “Mi prioridad es la seguridad pública, no la política”.

Según Los Ángeles Times, Rob Bonta, vocero del fiscal general de California, enfatizó que la ley estatal “permite que las cárceles de los condados transfieran a una persona a la custodia del ICE solo si se presenta una orden de arresto penal por una violación de la ley federal penal migratoria”.

Sin embargo, también declaró que el pedido es incompatible con la ley estatal: “No permite la notificación generalizada al DOJ sobre personas alojadas en cárceles de los condados, independientemente de si han sido declaradas culpables de un delito o no”.

La confrontación entre la Casa Blanca y California por las políticas migratorias se intensificó en julio. La semana pasada, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong bloqueó las redadas indiscriminadas en el área de Los Ángeles tras las protestas masivas contra el ICE.

“Como lo exige la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se prohibirá a los acusados realizar detenciones en este Distrito“, destacó la jueza.

Según estipula el escrito, los agentes federales deberán tener una “sospecha razonable” que justifique que la persona arrestada infringió las leyes de inmigración. Por tanto, “color de piel” o “idioma” no debe ser una causa para su detención.