Trump vs Newsom: un juez falla a favor de California por la Guardia Nacional en Los Ángeles, pero hay suspenso

Un juez federal de California ordenó que el control de la Guardia Nacional estatal vuelva a estar en manos del gobernador Gavin Newsom, tras considerar ilegal el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump en el contexto de las protestas migratorias en Los Ángeles. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito bloqueó el fallo y llamó a una audiencia para tratar el asunto recién el martes 17 de junio.

El pasado jueves 12 de junio, el juez federal de California, Charles Breyer, emitió un fallo en donde aseguraba que la federalización de la Guardia Nacional para atender las protestas en Los Ángeles no había sido realizada conforme la ley. El gobierno de Donald Trump rápidamente acudió al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito para bloquear la decisión del magistrado y retener el control sobre la fuerza.

El Tribunal de Apelaciones falló de forma expeditiva y explicó: “Los demandantes se oponen a la solicitud de suspensión administrativa y solicitan al Tribunal que establezca un calendario de presentación de informes acelerado para resolver la solicitud de suspensión pendiente de apelación”.

El panel conformado por los jueces Mark Bennett, Eric Miller y Jennifer Sung determinó que el próximo martes 17 de junio habrá una audiencia en donde las partes, gobierno federal y estatal de California, deberán presentar pruebas. De esta manera, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos cuenta con al menos cuatro días de control sobre la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles.

Antes de la intervención del tribunal de apelaciones, el juez federal Charles Breyer, del Distrito Norte de California, falló a favor del Estado Dorado y ordenó que se restituya el control de la Guardia Nacional a Newsom. La decisión se basó en una evaluación detallada de los límites legales del poder presidencial y la protección constitucional del federalismo.

Entre los principales argumentos del fallo, se destacan:

• Exceso de autoridad: consideró que Trump no cumplió con las condiciones establecidas en la ley para federalizar la Guardia Nacional (Título 10 U.S.C. § 12406). No se trató de una invasión extranjera, de una rebelión armada ni de una situación en la que no se pudieran hacer cumplir las leyes con fuerzas regulares.
• Violación de la Décima Enmienda: al federalizar la Guardia Nacional sin cumplir con la ley, el presidente interfirió con el poder de Policía de California y con la autoridad constitucional del gobernador como comandante en jefe de la Guardia estatal.
• Fallo en los procedimientos: según la ley, las órdenes de federalización deben emitirse “a través de los gobernadores de los estados”. En este caso, Trump no notificó ni coordinó con Newsom. La mera inclusión del nombre del gobernador en los documentos no suplió esta omisión.
• Definición de “rebelión”: la Corte aclaró que las protestas en Los Ángeles, si bien incluyeron hechos violentos aislados, no constituyeron una insurrección armada contra el gobierno. No hubo armas de fuego, organización violenta sistemática ni intención de derrocar al Estado.
• Capacidad de ejecutar las leyes: la acción del ICE no se vio impedida. De hecho, las detenciones continuaron y no hubo indicios de que el operativo hubiese fracasado por falta de control.

La decisión judicial también contempló los efectos nocivos del despliegue militar en territorio urbano y sus consecuencias para el estado.

• Tensiones agravadas: el juez sostuvo que la presencia de la Guardia Nacional y de unidades de la Marina “inflamó aún más” las manifestaciones, lo que elevó los niveles de confrontación y provocó un aumento en los arrestos realizados por las autoridades locales.
• Desvío de recursos críticos: el estado de California, en plena temporada de incendios forestales, se vio obligado a retirar a 4000 efectivos de la Guardia Nacional de tareas prioritarias, como la prevención y combate de incendios y la interdicción de drogas como el fentanilo.
• Amenaza al equilibrio federal: la Corte advirtió que la intervención del Ejecutivo federal, sin el consentimiento del estado, constituyó un precedente peligroso que debilita la autonomía estatal y rompe con el equilibrio entre jurisdicciones.
• Protección del interés público: al tratarse de una política considerada inconstitucional, el fallo remarcó que el interés público se beneficiaría con su suspensión inmediata. También se señaló que la militarización de la respuesta frente a manifestaciones afecta los derechos de expresión protegidos por la Primera Enmienda.

El conflicto entre la administración Trump y el gobierno de California comenzó el 6 de junio de 2025, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutó una serie de redadas masivas en el área de Los Ángeles, con el objetivo de cumplir con la promesa presidencial de intensificar las deportaciones.

Las acciones dejaron como saldo entre 70 y 80 personas detenidas, de las cuales 44 fueron formalmente arrestadas. La operación desató una ola de protestas, con manifestantes que repudiaron la política migratoria y denunciaron la falta de aviso previo. Aunque algunos episodios derivaron en disturbios —como daños a la propiedad y enfrentamientos con objetos improvisados—, tanto la Policía de Los Ángeles como el Departamento del Sheriff del condado afirmaron tener la situación bajo control y no solicitaron ayuda adicional.

A pesar de ello, el 7 de junio, el presidente Trump firmó un memorándum donde federalizó a 2000 efectivos de la Guardia Nacional de California. Argumentó que los incidentes configuraban una “rebelión” contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos. Esa misma noche, el secretario de Defensa amplió el despliegue, al sumar otros 2000 efectivos y unidades de la Infantería de Marina.

Gavin Newsom no fue consultado ni notificado previamente, sino que se enteró del movimiento militar a través del ayudante general del estado. El gobernador calificó la medida como una “toma de control federal injustificada”, sostuvo que no había escasez de recursos locales y presentó una demanda para bloquear el operativo, al solicitarle a la Corte una orden de restricción temporal.