Deportaciones: esto se sabe de las redadas del ICE en Carolina del Norte

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operativos en distintos puntos de Estados Unidos como parte del plan de deportación masiva implementado por la administración de Donald Trump. En Carolina del Norte, donde residen aproximadamente 325 mil inmigrantes sin estatus legal, según estimaciones del Pew Research Center, la incertidumbre ha ido en aumento.

De acuerdo con los últimos informes de las redadas del ICE, el 29 de enero de 2025 se concretaron 1.016 arrestos y se presentaron órdenes de retención para 814 personas a nivel nacional. En este contexto, varias organizaciones han reforzado esfuerzos para informar a la comunidad migrante sobre sus derechos y las medidas de protección ante estas acciones.

La agencia ha implementado operativos de detención en diversas ciudades, incluyendo Charlotte, Raleigh y Greensboro. Las redadas fueron promovidas en redes sociales por diversas agencias federales y por el propio Trump, quien enfatizó que su administración se centra en deportar a migrantes con antecedentes criminales. Sin embargo, líderes comunitarios expresaron su preocupación de que estas acciones también afecten a personas sin historial delictivo.

La organización sin fines de lucro Hogar del Inmigrante, con sede en Winston-Salem, intensificó su labor de apoyo a migrantes afectados por estas medidas. A través de redes sociales, informaron sobre la distribución de tarjetas rojas que explican los derechos constitucionales y la entrega de formularios G-28, los cuales permiten a un abogado representar a una persona detenida por inmigración ilegal.

“Es fundamental que las personas tengan información clara sobre sus derechos y sepan cómo reaccionar ante una redada”, indicaron en su cuenta de Facebook. También habilitaron líneas de atención para reportar la presencia de agentes migratorios en distintos puntos del estado.

Las medidas migratorias generaron inquietud en las escuelas de Carolina del Norte, especialmente tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de eliminar restricciones que impedían operativos de ICE en instituciones educativas, hospitales y lugares de culto.

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake emitió un comunicado donde reafirmaron su compromiso de proteger a los estudiantes indocumentados. Basándose en la decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe (1982), el distrito escolar recordó que todos los niños tienen derecho a recibir educación pública sin importar su estatus migratorio.

Además, se establecieron protocolos para garantizar que los funcionarios de inmigración no puedan ingresar a los establecimientos educativos sin una orden judicial firmada por un juez federal.

Por su parte, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC-Chapel Hill) y la Universidad Estatal de Carolina del Norte anunciaron que cumplirán con las leyes federales y cooperarán con las autoridades migratorias en caso de ser necesario, según el medio local The News & Observe.

El 1 de diciembre de 2024 entró en vigor la Ley HB-10, que obliga a los sheriffs de los 100 condados del estado a colaborar con ICE en la detención de personas arrestadas por ciertos delitos graves y algunos delitos menores. Esta ley fue aprobada después de que la Asamblea General, liderada por el Partido Republicano, anulara el veto del gobernador Roy Cooper.

Según la nueva normativa, cualquier persona arrestada por delitos como homicidio, abuso infantil o ciertos crímenes sexuales deberá ser verificada por ICE. Si la agencia emite una solicitud de detención, la persona podrá ser retenida hasta por 48 horas adicionales.

La organización Comunidad Colectiva confirmó la presencia de agentes de ICE en el sur de Charlotte el 28 de enero. Según lo compartido en redes sociales, se realizaron detenciones en puntos estratégicos como la calle Old Pineville y la salida 4 de la autopista I-77.

La comunidad ha sido instada a reportar cualquier presencia de agentes migratorios a través de líneas de emergencia. Estas acciones han incrementado la preocupación entre los residentes de la zona. Organizaciones locales han reiterado la importancia de la preparación y el acceso a asistencia legal.

Por su parte, el ICE emitió un comunicado en el que aseguró que sus operativos no son aleatorios, sino que están basados en investigaciones y en la identificación de individuos considerados una amenaza para la seguridad pública. La agencia informó que colabora con otras entidades como el Buró Federal (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ejecutar estas acciones.