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Cometió dos asesinatos, fue condenado a muerte en Florida y este jueves será ejecutado
Un recluso de 58 años será sometido a la inyección letal por haber matado a un hombre en 1990; a sus 15, en 1979, había asesinado a tiros al ayudante del alguacil del condado de Lee
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LA NACION
Este jueves, Donald David Dillbeck, de 58 años, morirá por inyección letal tras ser condenado a muerte por el asesinato de una mujer, identificada como Faye Vann, que ocurrió en 1990 en Tallahassee. Sus abogados solicitaron a la Suprema Corte de EE.UU. que detuviera el procedimiento, pero la petición fue denegada. El hombre será el primer recluso ejecutado en Florida desde 2019 y el número 100 desde 1976, cuando se restableció la pena de muerte en el estado, según datos del Departamento Correccional de Florida.
El tribunal se negó a detener la pena de muerte luego de que los abogados apelaron a las cuestiones médicas como el último intento. Finalmente, la ejecución se llevará a cabo este 23 de febrero a las 18 hs (hora local) en la Prisión Estatal de Florida. Esta será la primera desde que Gary Ray Bowles fue sometido a la inyección letal en agosto de 2019 por un asesinato en Jacksonville en 1994.
El crimen que cometió Donald David Dillbeck
Dillbeck cometió dos asesinatos. El primero ocurrió en 1979, cuando tenía 15 años y mató a tiros al ayudante del alguacil del condado de Lee, Dwight Lynn Hall. Entonces, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en 1990 se alejó de una función de catering que hacía en Quincy con otros reclusos y fue autor de su segundo crimen en el estacionamiento de un centro comercial de Tallahassee.
En ese entonces, se trasladó a la ciudad de Florida donde tomó un cuchillo e intentó robar el vehículo de Faye Vann, quien estaba sentada en el automóvil. Como se resistió, el recluso la apuñaló. Finalmente, se llevó el vehículo, pero fue arrestado después de un choque. En 1991, lo condenaron por asesinato en primer grado y robo a mano armada, según informó el medio Tampa Bay Times.
El intento de detener la ejecución
En enero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte de Dillbeck, por lo que sus abogados se movilizaron y presentaron documentos en la Suprema Corte de Florida y la de EE.UU.. El argumento principal fue que el recluso sufría de un trastorno del desarrollo neurológico, asociado con la exposición prenatal al alcohol o ND- PAE (por sus siglas en inglés).
Los legistas alegaron también que este padecimiento es “reconocido por la comunidad médica como una condición equivalente a una discapacidad intelectual”. Cabe destacar que la Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminó que ejecutar a quienes sufren de discapacidad intelectual viola una enmienda.
“La Octava Enmienda prohíbe que el estado aplique la pena de muerte a una persona que tenga una enfermedad mental grave. Las cuestiones planteadas adecuadamente sobre la salud mental de la persona, en el momento de la ejecución, deben determinarse en un procedimiento que satisfaga los requisitos mínimos del debido proceso”, se lee en el documento oficial.
Sin embargo, la Suprema Corte de Florida se negó a detener esta decisión. Como antecedente, los encargados de tomar esta decisión explicaron que se había denegado una moción sobre el tema de la discapacidad en 2020 porque descubrieron que Dillbeck y sus abogados “no habían buscado diligentemente un diagnóstico de ND-PAE”.
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