Corte Suprema de EEUU revisa caso de exclusión de escuelas religiosas de financiación pública
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el martes dispuesta a revisar la obligación de los colegios religiosos de aceptar a hijos de padres LGBTQ+ y a alumnos del mismo

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el martes dispuesta a revisar la obligación de los colegios religiosos de aceptar a hijos de padres LGBTQ+ y a alumnos del mismo colectivo para poder obtener financiación pública.
La mayoría conservadora, que actualmente cuenta con seis jueces de un total de nueve, se ha mostrado en los últimos años favorable a ampliar el papel de la religión en el ámbito público, especialmente en el sector educativo.
Colorado puso en marcha un programa de educación infantil que cuenta con un presupuesto de 6.000 US$ por alumno al año.
Sin embargo, este estado del oeste estadounidense gobernado por los demócratas excluyó de este programa a dos centros católicos que reclamaban una excepción a la obligación de acoger a niños y padres de alumnos LGBTQ+.
Tras ser desestimadas en primera instancia y posteriormente en apelación, las instituciones católicas de Colorado, junto con los padres de los alumnos y el apoyo del gobierno de Donald Trump, elevaron el caso al Tribunal Supremo.
Los querellantes piden que se aplique la jurisprudencia reciente del Tribunal sobre la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de culto.
"Colorado admite a las escuelas infantiles religiosas" en este programa, aseguró en su alegato la representante de Colorado, Helen Norton, quien aseguró que la exclusión de estas dos escuelas está motivada porque no cumplen "las mismas condiciones" que el resto de centros que reciben esta financiación pública.
"Siguen siendo libres de enseñar sus creencias religiosas, incluso en materia de sexo, género o matrimonio", insistió.
Durante esta primera jornada, varios jueces conservadores parecieron reprochar a Colorado su decisión, ya que cumplir con las condiciones del estado supondría ir en contra de sus convicciones religiosas.
Como ejemplo, la jueza Amy Coney Barrett pidió a Norton que explicara la diferencia entre excluir a estos centros explícitamente y hacerlo imponiendo condiciones "que sabe que estas escuelas no podrán aceptar".
Por su parte, el presidente de la Corte, el conservador John Roberts, señaló al abogado de los demandantes, Nicholas Reaves, la "diferencia significativa" entre este caso y otros en los que el alto tribunal había anulado leyes que "discriminaban expresamente a las escuelas religiosas (...) Este no es el caso aquí", señaló.
La jueza progresista Elena Kagan consideró que los demandantes no reclamaban la igualdad de derechos, sino un trato preferencial "debido a su fe".

