Cuáles pueden ser las peores consecuencias de la ley de inmigración que Abbott está por firmar en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene la última decisión sobre el proyecto de ley 4 del Senado (SB4), que convertirá en un delito estatal ingresar ilegalmente a Texas y le dará a la policía local la autoridad de detener y ordenarles a los migrantes que salgan de EE.UU. Además, empoderará a los jueces para emitir órdenes de expulsión para los infractores, en la que sería la medida migratoria estatal más fuerte de EE.UU.

Después de que los legisladores le dieron luz verde, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa calificaron la medida como “antiinmigrante”, acusando que le dará poderes a las fuerzas locales que deberían reservarse para el gobierno federal. Además, también señalan que, debido a que estas pueden detener a cualquier persona que se vea sospechosa de ser inmigrante, la aplicación de la ley conducirá a la elaboración de perfiles raciales.

La Unión de Libertades Civiles de Texas (ACLU) condenó en un comunicado este y otros proyectos fronterizos y calificó al SB4, como uno de “más radicales jamás aprobados por cualquier estado”. A su vez, sus representantes amenazaron con presentar una demanda si Abbott firmaba.

La ley crea nuevos delitos estatales para los migrantes que entren o vuelvan a ingresar al estado ilegalmente desde otro país, con penas desde dos años de prisión. Uno de los aspectos más controvertidos es que los oficiales y las agencias estatales estarían autorizadas para transportar a los migrantes a los puertos de entrada para asegurarse de que cumplan con su expulsión. En caso de que estos se nieguen, podrían recibir una acusación de delito grave de segundo grado y enfrentarse con hasta 20 años de prisión.

Otro de los puntos más criticados es que en el proyecto de ley no se contempla ninguna parte de financiación o requisito de capacitar a los oficiales que la harían valer, a pesar de que estos tomarían decisiones sobre el estatus migratorio de las personas. Adicionalmente, hay fuertes preocupaciones de que la aplicación de la medida haga que más padres sean separados de sus hijos si son arrestados por estos delitos estatales.

El Centro de Recursos Estatales para Inmigrantes (ILRC), una organización sin fines de lucro que trabaja con inmigrantes, dio a conocer su postura. “Esta medida sin duda pondrá a todos los texanos, independientemente de su estatus, en peligro de ser detenidos por cualquiera que sea considerado sospechoso”, dijo la abogada de políticas y estratega Priscilla Olivarez: “Tendrán la autoridad de mirar a alguien y, si creen que no tiene estatus, detenerlo y arrestarlo. Esto es un perfil racial sancionado”.

Un grupo de 30 exjueces de inmigración, que sirvieron tanto en administraciones republicanas como demócratas, afirmaron que el proyecto de ley era ilegal. “La inmigración es claramente una función federal”, dijeron en un comunicado citado por CNN. “La legislación propuesta de Texas, que permitiría a un juez magistrado de un tribunal estatal emitir una orden de expulsión, no es legal”.

Por otra parte, los defensores de esta medida alegan que es necesario tomar acciones para poder controlar la llegada masiva de inmigrantes a EE.UU. y acusan a la administración actual, liderada por el presidente Joe Biden, de no tomar las decisiones suficientes.