Deportación masiva: Trump analiza quitarles fondos a la TSA y la Guardia Costera para fortalecer al ICE

El gobierno de Donald Trump puso en marcha un ambicioso plan de deportación masiva, el cual requiere de una importante asignación de recursos. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de efectuar el plan, enfrenta un déficit presupuestario de 230 millones de dólares.

La administración Trump podría evaluar reasignar fondos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para financiar las operaciones de deportación del ICE, según publicó NBC News.

La TSA, encargada de la supervisión de la seguridad en aeropuertos, trenes y otros medios de transporte en Estados Unidos, experimentaría una reducción significativa en su financiamiento. De acuerdo con reportes del medio citado, la administración también evalúa redirigir recursos de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera para fortalecer las operaciones del ICE.

Estos planes de reasignación de fondos son parte de la estrategia de Trump para enfrentar la crisis migratoria y cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. No obstante, la reducción presupuestaria en agencias de seguridad genera preocupaciones sobre el impacto en la protección de infraestructuras clave y la seguridad nacional.

Para llevar a cabo las deportaciones masivas, Donald Trump declaró una emergencia nacional en su primer día de función, esto permite el uso de fondos militares en operativos migratorios. Este movimiento, que en algunos casos puede entrar en conflicto con leyes que regulan el uso de fuerzas militares en operaciones civiles, ha sido objeto de debate entre expertos legales y legisladores.

Según datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, entre 2014 y 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha transferido aproximadamente US$1,8 millones para reforzar las operaciones del ICE. Una parte de estos fondos provino de otras agencias gubernamentales, incluida la TSA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera.

El exdirector interino del ICE, Tom Homan, declaró, previo a la toma de poder de Trump, que se necesitarían al menos US$86 millones para ejecutar las deportaciones a gran escala propuestas por el mandatario. La administración señaló que estos recursos podrían obtenerse a través de reasignaciones internas y posibles medidas legislativas.

El costo promedio de deportación de un inmigrante es de aproximadamente US$10.500, según estimaciones de un funcionario del DHS en declaraciones con NBC News. Si la administración Trump busca deportar a un millón de personas, el gasto total ascendería a US$10,5 millones, una cifra que supera el presupuesto anual del ICE, el cual ronda los US$9 millones.

El American Action Forum estima que en EE.UU. residen alrededor de 11 millones de inmigrantes sin estatus legal, muchos de los cuales trabajan en sectores clave como la construcción, la hostelería y la agricultura. La deportación masiva de trabajadores indocumentados podría generar un impacto en la economía estadounidense, lo que afectaría a industrias que dependen de esta mano de obra.

Mientras el gobierno federal busca redirigir fondos para fortalecer las deportaciones, Texas anunció recientemente una inversión de US$6,5 millones para reforzar la seguridad fronteriza. Esta asignación, la más alta en la historia del estado, forma parte de la Operación Estrella Solitaria, impulsada por el gobernador Greg Abbott desde 2021.

Los fondos serán destinados a la construcción de barreras fronterizas, el despliegue de tropas y el aumento del personal de seguridad. Texas también ha asignado recursos para fortalecer la cooperación con agencias federales en la detención y deportación de migrantes indocumentados.

Mientras tanto, la posible reducción de presupuesto en la TSA y otras agencias para financiar operativos del ICE plantea interrogantes sobre sus implicaciones en la seguridad aérea, el control cibernético y la estabilidad económica.

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