Es oficial: esto se sabe sobre las agencias que colaboran con el ICE en Florida
El estado gobernado por Ron DeSantis lidera la afiliación al programa 287 (g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que permite la cooperación entre dependencias policiales en distintos operativos migratorios
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LA NACION
El programa 287 (g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) permite que dependencias estatales y locales colaboren en operativos migratorios. Sin embargo, un estado en particular se adhirió más que el resto. De la mano de Ron DeSantis, de las 140 agencias policiales que firmaron acuerdos, 97 se encuentran en Florida.
Florida, el estado con más acuerdos con ICE
La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 introdujo el programa 287 (g). Este acuerdo permite que el ICE delegue facultades a la policía estatal y local. Según el análisis de WUSF, actualmente 37 estados firmaron al menos un convenio, pero Florida lidera la lista.
DeSantis respaldó esta iniciativa. “Florida está dando el ejemplo en la lucha contra la inmigración ilegal”, afirmó en un comunicado de prensa en febrero. Además, destacó que la capacitación de los agentes estatales permitirá “restaurar el Estado de derecho”. Según un informe de la Oficina de Seguridad Nacional, Florida tiene la tercera mayor población de inmigrantes en el país sin estatus legal.
En marzo, el gobernador DeSantis reafirmó en su cuenta de X su compromiso con las medidas migratorias: “Los días de inacción han terminado. Gobiernen en consecuencia”. Sin embargo, la reacción ante la colaboración con el ICE no fue la misma en todos los condados.
El caso Fort Myers: tensión en el consejo municipal
En Fort Myers, el acuerdo con el ICE generó una crisis política. El consejo de la ciudad quedó dividido en una votación 3-3, con un miembro ausente. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, cuestionó la decisión, señaló que podría “violar la ley anti ciudades santuario” y anunció una investigación.
Ante la presión, el alcalde Kevin B. Anderson convocó a una reunión de emergencia el 21 de marzo. “El ministro de Justicia nos envió una carta que decía que no estábamos cumpliendo con la ley estatal. No estábamos necesariamente de acuerdo con ella, pero vamos a seguir su opinión”, declaró.
El debate atrajo a más de 40 manifestantes, según WGCU. La mayoría se opuso al acuerdo con el ICE. Sin embargo, dos concejales que habían votado en contra cambiaron su postura. Darla Bonk denunció amenazas de muerte y Terolyn Watson argumentó falta de información en la primera votación. Finalmente, el consejo aprobó el convenio por unanimidad el 28 de marzo.
El caso de Orange County: presión por financiamiento
En el condado de Orange, la aprobación del acuerdo con el ICE tuvo un matiz financiero. El 26 de marzo, la comisión del condado aprobó una medida para permitir que los oficiales de la cárcel local transfieran a los reclusos acusados de violar la ley de inmigración en una votación 5-2.
Sin embargo, Rick Brunson, de Central Florida Public Media, declaró que el alcalde Jerry Demings había advertido a los comisionados del condado sobre el riesgo de perder fondos estatales y federales si se rechazaba la colaboración con el ICE.
El sistema carcelario en Orange County presenta desafíos. Con 3000 reclusos y solo 1000 camas, el costo diario de mantener a un detenido es de 145 dólares. Por eso, a cambio de su colaboración, el ICE acordó reembolsar US$88 por cada inmigrante transferido.
Punta Gorda y Jacksonville refuerzan acuerdos con ICE
Por su parte, Punta Gorda también avanzó en la colaboración con el ICE. El concejo municipal aprobó por unanimidad un acuerdo de entrenamiento para su policía local. Esto permitirá a los agentes identificar y detener inmigrantes con antecedentes criminales.
En Jacksonville, la oficina del sheriff participa en el programa 287 (g) desde 2016. Sin embargo, el concejo municipal aprobó una nueva ordenanza que impone 60 días de cárcel a inmigrantes sin estatus legal. La alcaldesa Donna Deegan tiene hasta el 8 de abril para decidir si la promulga o la veta.
DeSantis celebró en X la medida en redes sociales: “Gran trabajo para la ciudad de Jacksonville al seguir la ley de Florida y empoderar a su policía”. Además, recordó que en enero impulsó una sesión legislativa especial para exigir “la cooperación de todas las entidades estatales y locales”.
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