Ya no dependerá de Trump: el verdadero plan contra la inmigración de Ron DeSantis en Florida

Ron DeSantis avanzó con una estrategia sin precedentes en Estados Unidos: dio poder federal a los patrulleros de carretera para detener y procesar inmigrantes. Según el gobernador, Florida ya no dependerá de Donald Trump en temas migratorios. Para activistas, esto consolida un “estado policial” que apunta a la comunidad hispana.

DeSantis anunció que más de 100 integrantes de la Patrulla de Carreteras (FHP, por sus siglas en inglés) fueron nombrados como delegados especiales del programa federal de U.S. Marshals. La figura legal, conocida como “Special Deputation Program”, otorga autoridad para ejecutar órdenes federales y procesar a detenidos. Esto incluye verificar estatus y colaborar en deportaciones, sin depender del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Dave Kerner, del Departamento de Seguridad en Carreteras, dijo en rueda de prensa que incorporaron tecnología para hacer estas verificaciones en tiempo real. El funcionario aseguró: “Si usted ve a un ‘state trooper’, él o ella puede detener, investigar, aprehender y deportar”.

“Lo que tenemos ahora con la FHP es que pueden realizar operaciones migratorias de forma completamente independiente del gobierno federal. Ningún otro estado está haciendo esto”, declaró DeSantis en conferencia de prensa, según CBS 12.

“Cuando Joe Biden era presidente, estos agentes detuvieron a un ilegal manejando ebrio. Podían llamar al ICE. Y tal vez el ICE quisiera venir a detenerlo”, explicó DeSantis. “¿Cuántas veces creen que el ICE quiso venir cuando Biden era presidente? No muchas”, concluyó.

Por otro lado, activistas aseguran que esto sienta un precedente peligroso. “Lo que está haciendo DeSantis no tiene precedentes”, dijo Juan Cuba, de Sheriff Accountability Action. “Esto está yendo por encima de ICE, por encima del gobierno federal”, comentó a Univision Noticias.

Florida es el estado con más agencias que están colaborando con ICE bajo el programa 287 (g), con 168 ejemplares. El modelo “task force” permite interrogar y arrestar a cualquier persona sobre su estatus, incluso sin orden judicial.

Las 67 oficinas de alguaciles del estado participan del sistema. DeSantis presiona para sumar a otras entidades no aptas para este rol, como departamentos de emergencias. También prepara una propuesta para que abogados de la Guardia Nacional actúen como jueces migratorios.

El caso de Juan Carlos López Gómez, ciudadano estadounidense-mexicano, expone los riesgos del nuevo sistema. Según Associated Press, fue arrestado en abril por patrulleros que afirmaron que no tenía estatus legal, pese a que tenía identificación de Georgia y nació en EE.UU.

Su abogado, Mutaqee Akber, explicó en Univisión Noticias que el arresto ocurrió bajo una ley bloqueada por la justicia. “Fue dejado en prisión 30 horas cuando es ciudadano estadounidense. Eso es extremadamente preocupante”, declaró. Tras la presión de activistas, fue liberado y se desestimó el cargo.

Florida coordinó con el ICE la llamada “Operación Tidal Wave”, que llevó a más de mil arrestos en una semana. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que usó “todas las herramientas disponibles” para remover extranjeros criminales.

Alana Greer, del Proyecto de Justicia Comunitaria, advirtió que esto erosiona la confianza ciudadana. “Estamos viendo a comunidades preocupadas, con miedo profundo ante esta escalada”, señaló.

Los patrulleros de carretera operan sin cámaras corporales y, según Akber, aplican “detenciones con pretexto” basadas en apariencia. “Buscan cualquier excusa para detener a alguien en zonas determinadas y realizar investigaciones más exhaustivas”, explicó.

El DHS recomendó en 2024 que los U.S. Marshals mejoren el control y seguimiento de estos delegados. Pidió auditorías rutinarias y que se refuercen los canales para denunciar abusos y mala conducta.

En palabras de Cuba, DeSantis construyó un “estado policial” orientado contra la población migrante. Para los activistas, el objetivo es claro: romper la confianza en las instituciones y desalentar la permanencia de extranjeros en Florida.