Son venezolanos con TPS y fueron acusados de fraude por US$438.000 en Florida

Las autoridades federales del sur de Florida acusaron formalmente a dos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39 años, presuntamente encabezaron una operación fraudulenta que derivó en la obtención de fondos públicos por 438 mil dólares.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el dúo fue acusado de conspiración de cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos están relacionados con solicitudes presuntamente falsas de préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés), diseñado para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Las investigaciones indicaron que Urribarri y Muñoz, ambos residentes de Dania Beach, habrían creado documentos fiscales alterados para respaldar dos solicitudes de crédito como propietarios de empresas individuales.

Además, ambos participaron en la presentación de una solicitud de préstamo para FU&MM General Services, una compañía que administraban como presidente y vicepresidenta, lo que les generó ingresos y plantilla laboral para acceder a fondos federales.

Una vez aprobado el préstamo por aproximadamente US$438 mil, el dúo supuestamente ideó un mecanismo para ocultar el origen de los fondos. Muñoz también está acusada de realizar operaciones superiores a US$10.000 con dinero presuntamente obtenido de la estafa.

Posteriormente, ambos presentaron documentación fiscal fraudulenta para intentar que el préstamo fuera perdonado por el gobierno federal.

El caso es liderado por el fiscal Daniel Bernstein, con investigación a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Miami. Las autoridades recordaron que todos los acusados deben considerarse inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) enfatizó que los esfuerzos para combatir el fraude vinculado a los fondos de emergencia por la pandemia continúan como una prioridad. Desde 2021, se estableció un grupo de trabajo especial para identificar y procesar los delitos relacionados con estafas a programas como el PPP y otros fondos de alivio por Covid-19.

A través de su sitio web, el DOJ también ha emitido advertencias a los ciudadanos sobre diversas formas de engaño vinculados a la emergencia sanitaria. Entre las modalidades más comunes se encuentran:

• Estafas con supuestos tratamientos contra la Covid-19;
• fraudes de identidad relacionados con beneficios fiscales, y
• Reclamos falsos de seguro de desempleo.

Recomiendan evitar compartir información personal con desconocidos y estar alerta ante comunicaciones que aparenten ser de agencias oficiales como el IRS. Para denunciar estafas relacionadas con la pandemia, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro Nacional de Fraude por Desastres (NCDF) al 866-720-5721 o completar el formulario en línea del NCDF.

Este caso no es el único relacionado con el mal uso de programas de ayuda económica. En Nevada, Lavell Deshon Roberts fue condenado a 33 meses de prisión por retirar de forma fraudulenta casi US$240 mil de beneficios de seguro de desempleo.

El hombre fue arrestado en 2020 luego de que las autoridades encontraran en su vehículo una pistola, US$50.000 en giros postales y diez tarjetas de débito emitidas por el Departamento de Empleo de Nevada.

Roberts habría utilizado las tarjetas para realizar extracciones ilegales en cajeros automáticos de Texas. Su coacusado, Corey Marcus Valrey, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y su sentencia está programada para julio de 2025. Además de la pena de prisión, se ordenó al autor pagar restitución por el total del dinero robado.