Joe Biden, Donald Trump y el hallazgo de documentos clasificados: ¿cuáles son las diferencias entre las causas que los complican?

WASHINGTON.- La revelación de que se encontraron documentos clasificados en un despacho privado que Joe Biden utilizó antes de comenzar su campaña en 2020 y en su residencia en Wilmington, Delaware, ha generado comparaciones con la acumulación de registros gubernamentales confidenciales llevada a cabo por el expresidente Donald Trump, algo que está sujeto a una investigación penal.

Con base en lo que se ha dado a conocer, hagamos un análisis:

¿En qué se parecen las situaciones?

En un nivel básico, ambos casos están relacionados con archivos oficiales que contienen advertencias de ser clasificados y que acompañaron a Trump y a Biden después de que dejaron el cargo. Según la Ley de Registros Presidenciales, los archivos de la Casa Blanca deben enviarse a la Administración Nacional de Archivos y Registros cuando una gestión termina su periodo. Por lo general, los ciudadanos particulares carecen de autorización para conservar documentos clasificados y las normas exigen que dichos archivos sean almacenados de manera segura.

El Departamento de Justicia está analizando ambas situaciones. En el caso de Trump, el fiscal general, Merrick Garland, nombró como consejero especial a Jack Smith para que se hiciera cargo de la investigación. En el caso de Biden, Garland designó a un fiscal nombrado por Trump, John R. Lausch Jr., para que llevara a cabo una primera investigación para ayudarlo a determinar si era necesario o no nombrar a un consejero especial.

¿Qué diferencia hay entre las dos situaciones?

Hay lagunas cruciales en el registro público sobre ambos casos, pero la información disponible sugiere que hubo diferencias significativas en cómo salieron a la luz los documentos, en su volumen y —lo más importante— en cómo respondieron Trump y Biden.

Trump y sus asistentes se resistieron a los repetidos esfuerzos del gobierno por recuperarlos todos. Los abogados de Biden informaron del problema y la Casa Blanca dice que cooperó completamente, al buscar incluso en las casas de Biden en Wilmington y Rehoboth Beach, Delaware, “los otros lugares donde los archivos de su oficina vicepresidencial podrían haber sido enviados en el curso de la transición de 2017″. Estas aparentes diferencias tienen implicaciones legales importantes.

¿Dónde estaban los archivos?

En el caso de Trump, varios cientos de archivos gubernamentales marcados como clasificados —junto con miles de documentos y fotografías no clasificadas— terminaron en su club y residencia de Florida, Mar-a-Lago, tras su salida de la presidencia. Algunos estaban en cajas en un armario bajo llave y el FBI descubrió otros en la oficina de Trump, incluido su escritorio, según el expediente judicial.

En el caso de Biden, el gobierno dijo en un comunicado el lunes que “un pequeño número de documentos marcados como clasificados” se habían encontrado en un armario bajo llave en la oficina de un think tank de Washington, el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Agregó que Biden había usado ese espacio de manera periódica tras dejar el cargo de vicepresidente en 2017 y hasta que comenzó su campaña a la presidencia de 2020.

El gobierno también reconoció el jueves que las búsquedas posteriores habían hallado “un pequeño número de registros adicionales de la gestión Obama-Biden con marcas de clasificado” entre los papeles personales y políticos en su casa de Wilmington. La mayoría se encontraron en un espacio de almacenamiento en su garaje, dijo; una página estaba entre los materiales almacenados en una habitación contigua.

¿Cómo llegaron ahí los archivos?

Se dice que, como presidente, en ocasiones Trump se llevaba archivos de la Oficina Oval a las zonas residenciales de la Casa Blanca. Durante el caos de sus últimos días en el cargo, después de intentar aferrarse al poder, al parecer esos archivos fueron empacados con artículos personales como ropa y recuerdos y enviados a Mar-a-Lago.

Aún no se sabe cómo los archivos del gobierno de Barack Obama acabaron en el Penn Biden Center y en la casa de Biden, aparentemente durante la transición de 2017. El martes, Biden dijo que se tomaba muy en serio la información clasificada y que estaba “sorprendido de saber que ahí había registros del gobierno que terminaron en esa oficina”.

¿Cómo salieron a la luz los problemas?

De forma muy distinta.

En el caso de Trump, en la primavera de 2021, la Administración Nacional de Archivos se dio cuenta de que faltaban archivos de importancia histórica y le solicitó a Trump que los devolviera. La agencia finalmente recuperó 15 cajas y descubrió que incluían documentos marcados como clasificados. El Departamento de Justicia recuperó registros adicionales tras emitir una orden judicial, pero obtuvo pruebas de que Trump aún tenía más.

En el caso de Biden, la Casa Blanca dijo que sus abogados descubrieron los archivos el 2 de noviembre cuando estaban haciendo las maletas para desalojar la oficina en el Penn Biden Center y agregaron que “los documentos no fueron objeto de ninguna petición o investigación previa por parte del organismo encargado de resguardar esos archivos”.

El gobierno dijo que después de que se descubrieron los primeros documentos clasificados, el equipo de Biden buscó en otros dos lugares a donde los materiales de su oficina vicepresidencial podrían haber sido enviados después de la salida de la gestión Obama: su casa en Wilmington y otra en Rehoboth Beach, Delaware. No se encontró nada en Rehoboth Beach. No se precisó cuándo comenzaron los registros, pero se informó que la revisión había concluido el miércoles.

¿Cómo respondieron?

De forma muy distinta.

El equipo de Biden informó del problema a la Administración Nacional de Archivos el mismo día en que detectaron los documentos y la agencia recuperó los materiales a la mañana siguiente, según informó la Casa Blanca. Se hizo hincapié en que desde entonces el equipo de Biden ha cooperado con la administración de archivos y el Departamento de Justicia, incluso mediante la búsqueda en sus dos casas, “para garantizar que todos los registros del mandato de Obama y Biden estén en posesión de los archivos”.

El martes, Biden declaró que sus abogados habían actuado de manera adecuada: llamaron de inmediato a la Administración Nacional de Archivos para entregar el material. “Estamos cooperando plenamente —cooperando plenamente— con la revisión, que espero que termine pronto”, afirmó el presidente.

Por el contrario, Trump y sus asistentes retrasaron durante meses la respuesta a las repetidas solicitudes de la Administración Nacional de Archivos y luego no cumplieron del todo con la orden judicial mientras argumentaban falsamente que sí lo habían hecho. Un expediente del tribunal también sugiere que las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que “es probable que los registros del gobierno fueran ocultados y retirados” del depósito de Mar-a-Lago después de la orden judicial.

Trump ha atacado en repetidas ocasiones a la Administración Nacional de Archivos por informar al Departamento de Justicia sobre el asunto y ha calificado la investigación de ilegítima. Un juez federal está considerando declarar a su equipo en desacato por incumplir con la orden judicial.

En cada caso, ¿los documentos seguían siendo clasificados?

Es probable que sí.

Trump afirmó públicamente que, antes de dejar el cargo, desclasificó todo lo que apareció en Mar-a-Lago. No ha aparecido ninguna prueba creíble que respalde esa afirmación y sus abogados se han resistido a repetirla en los tribunales, donde mentir tiene consecuencias profesionales. (Además, los posibles delitos citados en la declaración jurada utilizada para registrar la residencia de Trump en Florida no dependen de si los documentos que se manejaron de manera errónea estaban clasificados).

Aunque la orden ejecutiva que rige el sistema de información clasificada otorga a los vicepresidentes el mismo poder para desclasificar documentos confidenciales que el que ostentan los presidentes, Biden no ha dicho que él desclasificó los materiales encontrados en el clóset del Penn Biden Center. El martes dijo que desconocía de qué documentos se trataba.

¿Cuántos documentos clasificados había?

Al parecer, se trata de muchos más documentos clasificados los que pudieron haber sido almacenados incorrectamente en la propiedad de Trump de los que se hallaron en la oficina de Biden.

Los archivos judiciales dicen que 184 documentos marcados como clasificados estaban en las 15 cajas que los Archivos Nacionales recuperaron inicialmente de Mar-a-Lago. El equipo de Trump entregó 38 registros más después de la comparecencia, y el FBI encontró otros 103 en su pesquisa.

La declaración inicial de la gestión de Biden asegura que se descubrió una “pequeña cantidad” de documentos marcados como clasificados en el armario del Penn Biden Center. CBS News informó que había alrededor de 10. El comunicado del gobierno el jueves sobre el segundo lote encontrado en su casa de Wilmington lo describía de forma similar como “un número pequeño”.

¿Se destruyeron documentos?

Trump parece haber destruido documentos oficiales. Antiguos asesores dijeron que rompió archivos mientras estaba en el cargo, y una carta de los Archivos Nacionales indicó que algunos de los archivos que recuperó estaban mutilados.

No se han hecho acusaciones de que Biden destruyera registros públicos.

¿Cuáles son las consecuencias legales de estas diferencias?

Las consecuencias de estas diferencias son importantes, aunque aún se podría dar a conocer más información.

Una duda es si el uso indebido de información clasificada fue intencional. Por ejemplo, una disposición de la Ley de espionaje tipifica como delito que alguien, sin autorización, retenga de manera premeditada información de seguridad nacional “y no la entregue cuando se le solicite” a un funcionario facultado para custodiarla.

Otra disposición de la ley establece que una persona puede ser culpable si, por “negligencia grave”, permite que los documentos de seguridad nacional sean sustraídos del lugar donde se custodian. Esta disposición se ha interpretado históricamente en la jurisprudencia y en la práctica del Departamento de Justicia en el sentido de que requiere un estado mental tan imprudente que no llega a ser intencionado.

La solicitud de allanamiento de Mar-a-Lago citaba la Ley de espionaje, así como las leyes contra la destrucción de documentos oficiales y la obstrucción de una diligencia oficial. Que el FBI descubriera documentos adicionales marcados como clasificados en su allanamiento de Mar-a-Lago también supone la posibilidad de que el equipo de Trump desafiara la orden judicial y realizara declaraciones falsas.

Por Charlie Savage

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