Jueza autoriza pruebas de pintura en el edificio Eisenhower; por ahora avanza plan de Trump
WASHINGTON (AP) — Una jueza permitió el martes las pruebas de pintura en un edificio histórico del siglo XIX junto a la Casa Blanca, lo que por ahora impulsa los planes del presidente Donald Trump de añadir una nueva capa de pintura blanca al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.
Trump ha sugerido que el enorme edificio sea pintado como parte de su impulso por rehacer y embellecer la capital del país. Los planificadores indicaron que el trabajo de pintura costaría al menos 7,5 millones de dólares.
La propuesta de pintar el edificio ha alarmado a conservacionistas, arquitectos, historiadores y otros expertos según los cuales el granito no está hecho para pintarse y que la pintura atraparía la humedad y degradaría la piedra.
La jueza Dabney L. Friedrich señaló que los demandantes no habían demostrado que las pruebas mínimas previstas causarían un daño irreparable.
Los demandantes, entre los que se incluyen grupos de preservación cultural, habían solicitado una orden de restricción y una medida cautelar temporal para impedir que el gobierno realizara pruebas y otros trabajos preparatorios.
Lo que estaba en juego era si ese trabajo se adelantaría a una cuestión más amplia ante el tribunal sobre si la Administración de Servicios Generales podía delegar su autoridad para un proyecto de este tipo.
“La moción de los demandantes depende por completo del daño irreparable”, dijo Friedrich desde el estrado. Las áreas de prueba incluirían alrededor de 2 metros cuadrados (8 pies cuadrados) del enorme exterior del edificio y varios paneles que no pueden ser vistos por el público, explicó.
Friedrich afirmó que, aunque estaba permitiendo que esa prueba avanzara, no dudaría en intervenir y fallar si el gobierno iba más allá de las pruebas limitadas. Pidió a las partes presentar un informe de situación a más tardar el próximo martes y ordenó informes periódicos después de eso.
Gregory Werkheiser, abogado de Cultural Heritage Partners y uno de los demandantes, comentó que, aunque él y otros que impugnan el plan estaban decepcionados, “las razones por las que presentamos este caso no se ven afectadas por la decisión de hoy”.
El asunto de fondo, sostuvo, es si “el presidente ha arrebatado ilegalmente poder a la Administración de Servicios Generales y lo ha puesto en su oficina en lo que respecta a este proyecto y las implicaciones de eso. Si eso se confirma para propiedades históricas en todo el país, podría ser devastador”.
