La polémica propuesta para que los niños presenten una prueba de ciudadanía al registrarse en las escuelas

El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma presentó una controvertida propuesta que, de ser aprobada, podría obligar a las escuelas públicas de ese estado a solicitar pruebas de ciudadanía a los estudiantes al momento de su inscripción. Según el documento oficial, la medida busca, entre otros fines, evaluar necesidades educativas locales, además de determinar la asignación de fondos.

De acuerdo a The Oklahoman, en caso de entrar en vigor, la norma exigirá a los distritos escolares registrar la cantidad de estudiantes que no presenten documentación de ciudadanía o estado migratorio. Sin embargo, el texto aclara que este requisito no debería interpretarse como una barrera para que los alumnos reciban la educación a la que tienen derecho bajo las leyes estatales y federales.

La propuesta generó inquietud y diversas opiniones en el ámbito político y educativo, ya que la decisión de preguntar sobre el estatus migratorio en las escuelas públicas contradice el fallo de la Corte Suprema de 1982 en el caso Plyler vs. Doe, que garantiza el acceso a la educación para estudiantes indocumentados.

Según el medio citado, Ryan Walters, el superintendente de escuelas estatales del estado de Oklahoma, hace énfasis en la necesidad de documentar cuánto les cuesta a los distritos escolares educar a estudiantes indocumentados. En respaldo, el portavoz de la oficina del fiscal general de Oklahoma, Phil Bacharach, apoyó la legalidad de la propuesta bajo la idea de que el estado “tiene derecho a recopilar datos de ciudadanía en relación con los servicios gubernamentales”.

No obstante, legisladores como el senador estatal Michael Brooks-Jiménez cuestionaron la iniciativa: “El superintendente está tratando de hacer política con los niños. Es, una vez más, la política por encima de establecer buenas políticas públicas”. Por su parte, Karen Svoboda, directora ejecutiva de Defense of Democracy, acusó a Walters de usar esta propuesta como una herramienta para intimidar a familias de minorías culturales.

Dos días después de que Donald Trump fuera elegido para un segundo mandato presidencial, Walters emitió un memorando dirigido a los padres de Oklahoma y a los superintendentes de escuelas públicas. En este, el funcionario afirmaba que destinaría “recursos de la agencia” para contrarrestar el “impacto de la inmigración ilegal en las escuelas”.

Semanas antes, el funcionario había exigido 475 millones de dólares al gobierno federal, en especial a Kamala Harris, como reembolso para los contribuyentes de Oklahoma por “el costo de educar a hijos de padres inmigrantes indocumentados”.

Sin embargo, más allá de los números de Walters, de acuerdo con otro artículo publicado en The Oklahoman, la normativa presentada no solo afectaría a familias inmigrantes, sino también a las dinámicas educativas y culturales en un estado donde el 60% de los estudiantes del distrito escolar de la ciudad de Oklahoma se identifican como hispanos.

Ante estas cifras, el superintendente de Oklahoma City Public Schools, Jamie Polk, aseguró que su distrito no recopilará información sobre el estatus migratorio de los estudiantes, al tiempo que reiteró que la propuesta aún debe atravesar un largo proceso de aprobación.

La iniciativa sobre ciudadanía forma parte de un paquete de cambios a las reglas administrativas del Departamento de Educación de Oklahoma. Entre ellas, se incluyen restricciones al acceso a registros públicos y la eliminación de secciones relacionadas con derechos civiles y programas de equidad multicultural.

El período de comentarios públicos para esta y otras propuestas estará abierto hasta el 17 de enero de 2025. Ese día, se llevará a cabo una audiencia en el edificio Oliver Hodge, ubicado en el Complejo del Capitolio Estatal. Tras finalizar dicho espacio, el Consejo Estatal de Educación votará sobre las normas.

Mientras tanto, grupos como la ACLU de Oklahoma prometieron actuar en defensa de los derechos civiles y educativos de los niños y sus familias. Además, cuestionaron la constitucionalidad de estas medidas si llegan a implementarse.