Así es cómo la Ley de Enemigos Extranjeros podría acelerar las deportaciones de Trump

La Casa Blanca retomó una norma de 1798 para justificar la expulsión acelerada de inmigrantes venezolanos, a quienes acusa de integrar organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta jurídica con origen en tiempos de guerra que ahora, bajo el gobierno de Donald Trump, cobró un nuevo protagonismo.

La Ley de Enemigos Extranjeros se sancionó en 1798, cuando Estados Unidos se preparaba para un posible conflicto con Francia. El Congreso buscó entonces otorgar al presidente un margen de maniobra amplio para arrestar o deportar a personas extranjeras consideradas peligrosas durante tiempos de guerra.

A lo largo de más de dos siglos, esta norma se aplicó en contadas ocasiones:

• Durante la guerra de 1812, contra Reino Unido.
• En la Primera Guerra Mundial, principalmente contra personas de origen alemán.
• En la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó como sustento legal para encarcelar a más de 120 mil ciudadanos de origen japonés, incluidos muchos nacidos en Estados Unidos.

Desde entonces, había permanecido inactiva. Sin embargo, en marzo de 2025, Donald Trump la invocó oficialmente para enfrentar lo que describió como una “invasión” proveniente de Venezuela.

Aunque Estados Unidos no está inmerso en un conflicto armado declarado, la administración Trump sostiene que la situación fronteriza constituye una forma de guerra. La narrativa oficial apunta a una infiltración deliberada de bandas criminales transnacionales, especialmente el grupo venezolano conocido como Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos justificó su decisión con los siguientes argumentos:

• El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, bajo la ley 8 U.S.C. 1189.
• Se le atribuyen crímenes como homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas y personas.
• Según Trump, el grupo opera de forma coordinada con el régimen de Nicolás Maduro y con el llamado Cártel de los Soles, una estructura narco terrorista vinculada a funcionarios venezolanos.
• La proclamación presidencial afirma que el Tren de Aragua cometió actos de “guerra irregular” en territorio estadounidense y utilizó el narcotráfico como arma para “inundar” de drogas ese país.

A partir de estas consideraciones, el mandatario republicano declaró que “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que formen parte del Tren de Aragua, que estén dentro de EE.UU. y no tengan residencia legal o ciudadanía estadounidense, son susceptibles de ser detenidos y expulsados como enemigos extranjeros”.

La reactivación de esta ley tuvo efectos inmediatos. En marzo, más de 130 hombres venezolanos acusados de integrar organizaciones criminales fueron trasladados a El Salvador, donde el gobierno estadounidense financió su confinamiento en una cárcel de alta seguridad. Ninguno de ellos tuvo oportunidad de presentar una defensa legal previa a su expulsión, según explicaron desde Asocciated Press.

Horas antes de que comenzaran las primeras deportaciones, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la organización Democracy Forward presentaron una demanda en nombre de cinco hombres retenidos en un centro migratorio de Texas.

El juez James E. Boasberg les dio la razón y suspendió las expulsiones. Pese a esa orden judicial, dos aviones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya estaban en vuelo sobre el Golfo de México rumbo a Centroamérica.

El caso escaló rápidamente a la Corte Suprema, luego de que un juez federal suspendiera temporalmente las deportaciones. Sin embargo, el máximo tribunal autorizó al gobierno a seguir adelante con la aplicación de la ley, aunque estableció que las personas afectadas deben contar con el derecho a impugnar las órdenes de expulsión. Los magistrados no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la norma.

Ahora la batalla judicial que debe enfrentar el gobierno de Donald Trump es otra: jueces federales, como el del Distrito Sur de Nueva York, fallaron a favor de los detenidos al argumentar que, tal y como dice la decisión de la Corte Suprema, algunos acusados no tuvieron aviso previo de deportación ni la capacidad de defensa.

La administración Trump no se limitó al Tren de Aragua. Según explicó Todd Lyons, director interino del ICE, también se evalúa invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a presuntos integrantes de la banda salvadoreña MS-13.

El anuncio se realizó durante la Border Security Expo, una feria de seguridad fronteriza realizada en Phoenix. En ese marco, funcionarios del gobierno defendieron la idea de aplicar la legislación de 1798 como una herramienta moderna de política exterior y seguridad interna, explicaron desde AP.