Cómo afecta al bolsillo de los latinos el nuevo presupuesto de Trump: recortes en ayudas e impuesto a las remesas

El One Big, Beautiful Bill Act (“Gran y hermoso proyecto de ley”, en español), un ambicioso paquete fiscal promovido por Donald Trump, se aprobó este miércoles en la Cámara de Representantes. Pese a que logró la luz verde que el presidente tanto deseaba en la fecha clave del 4 de julio, hay extrema preocupación entre los gobernadores demócratas, que advierten que causará un efecto inmediato en los migrantes, ya que propone una batería de medidas que podrían impactar con fuerza el bolsillo de millones de latinos en Estados Unidos.

Un nuevo impuesto a las remesas que golpeará a los hogares de origen latinoamericano

Uno de los puntos más sensibles del paquete fiscal es la creación de un impuesto especial del 1% sobre el monto de cada remesa enviada al exterior. El gravamen, que recaerá directamente sobre quien realice la transferencia, se implementaría para todas las operaciones realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025. Esto afectaría principalmente a migrantes latinos que transfieren cada mes dinero a sus familias en países como México, Guatemala, El Salvador o República Dominicana.

• El proveedor del servicio de envío —sea una entidad bancaria o una empresa como Western Union o MoneyGram— será el encargado de retener el impuesto y transferirlo al Departamento del Tesoro de forma trimestral.
• Si el remitente evade el pago, la empresa podrá ser considerada responsable de forma secundaria. Además, se aplicarán normas antievasión para impedir que se utilicen transferencias multipartitas como mecanismo para eludir el gravamen.

Según la definición citada en la propuesta, se considerará “transferencia de remesa” lo mismo que la Ley de Transferencia de Fondos Electrónicos, lo que dejará fuera algunos tipos de pagos electrónicos usados en transacciones comerciales, pero afectará directamente a transferencias personales.

Restricciones más duras para migrantes para acceder a beneficios sociales

El proyecto también endurece el acceso de migrantes a programas sociales clave como el SNAP (cupones de alimentos), Medicaid y el crédito fiscal premium para seguros de salud. A través de una serie de condiciones, limitaciones y excepciones, se restringirá el ingreso a estos beneficios a quienes no tengan estatus migratorio legal permanente, así como también a ciertos grupos con protección legal específica.

Estos son los cambios principales:

• Cupones de alimentos (SNAP): solo podrán recibir este beneficio ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, beneficiarios del estatus de “Cuban and Haitian entrant”, o personas con residencia legal bajo el “Compact of Free Association”. Se tendrán en cuenta los ingresos y recursos del hogar en su totalidad, incluso los de quienes no sean elegibles, para calcular la ayuda. Además, se limitan las excepciones a los requisitos de trabajo para adultos, y ya no se aceptarán gastos de internet como parte de las deducciones por vivienda.
• Medicaid: desde el 1° de octubre de 2026, ningún estado podrá recibir reembolsos por atención médica brindada a personas que no sean ciudadanos o residentes legales. El porcentaje de reembolso federal para situaciones de emergencia también será limitado.
• Crédito fiscal premium para seguros de salud: a partir del 31 de diciembre de 2025, quienes no califiquen para Medicaid por su estatus migratorio tampoco podrán recibir este crédito. Además, se requerirá una verificación exhaustiva de ingresos, tamaño del hogar, estatus migratorio y residencia.

Tarifas nuevas que encarecen los trámites migratorios

El One Big, Beautiful Bill Act establece un aumento sin precedentes en las tarifas asociadas a procesos migratorios. Se aplicarán nuevas tasas fijas y variables que no podrán ser eximidas, salvo excepciones expresamente contempladas.

Ejemplos de tarifas incluidas en el “gran y hermoso proyecto de ley” impulsado por Trump:

• Asilo: tarifa inicial de al menos 100 dólares. Se suma un cargo anual del mismo valor mientras la solicitud permanezca pendiente.
• Permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en ignlés): solicitarlo costará al menos US$550 para asilados, personas con parole y beneficiarios de TPS. Las renovaciones tendrán valores desde US$275.
• Libertad condicional (parole): US$1000 como mínimo por cada solicitud.
• TPS (Estatus de Protección Temporal): se establece un nuevo tope de US$500 por solicitud.
• Visas temporales: las de no inmigrante incluirán una “tarifa de integridad” de al menos US$250. La inscripción al sistema EVUS costará US$30 o más.
• Formularios migratorios: solicitar un I-94 (registro de entrada/salida) costará al menos US$24.
• Procesos judiciales: apelaciones, mociones o solicitudes de suspensión de deportación tendrán precios desde US$600 hasta US$1500, según el caso.
• Multas por expulsión en ausencia o detención ilegal: nuevas tarifas de US$5000 se aplicarán a extranjeros que sean arrestados tras ausentarse sin justificación del proceso migratorio.

Además, todos estos valores estarán sujetos a una actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que significa que podrían aumentar cada año.

Miles de millones de dólares para acelerar deportaciones y mejorar la vigilancia fronteriza

La propuesta destina cifras colosales a reforzar el sistema migratorio desde una perspectiva de seguridad. En total, más de US$100 mil millones se canalizarán hacia agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

• Infraestructura y muros fronterizos: ampliación presupuestaria para extender barreras y sistemas de vigilancia entre 2025 y 2029.
• Contratación de agentes: más dinero para sumar personal, vehículos e instalaciones a la Patrulla Fronteriza.
• Capacidad de detención: mayor presupuesto para ampliar centros de detención, incluidos aquellos destinados a familias.
• Tecnología y lucha contra el narcotráfico: mejorar escáneres, radares y detección de drogas como el fentanilo.
• Apoyo a estados y condados: fondo especial que permitirá a autoridades locales reforzar la vigilancia y procesar delitos relacionados con migración.
• Sistema penitenciario: ampliación presupuestaria para la Oficina Federal de Prisiones para capacitar a personal, aumentar sueldos y renovar instalaciones.

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