Deportación masiva: los delitos que mira el ICE al expulsar a un migrante desde EE.UU.

En Estados Unidos, la deportación es una medida legal que permite al gobierno federal ordenar la salida de un extranjero de ese país cuando se determina que ha violado la ley migratoria o ha cometido ciertas infracciones. El organismo responsable de ejecutar esta acción es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y su accionar cobró visibilidad durante operativos intensificados bajo la administración de Donald Trump.

El proceso de expulsión puede derivarse tanto de infracciones administrativas como de delitos penales. En algunos casos, el procedimiento incluye audiencias judiciales ante un tribunal migratorio; en otros, se aplica una modalidad conocida como “remoción acelerada”, que permite la deportación sin intervención de un juez.

Según se detalla en el sitio web del gobierno estadounidense, un extranjero puede ser expulsado si incurre en alguna de las siguientes situaciones:

• Participar en actos que infrinjan la ley.
• Ser una amenaza para la seguridad pública.
• Violar las condiciones de la visa.

Las leyes federales establecen que los inmigrantes sin estatus legal o con antecedentes penales pueden ser detenidos y procesados para su remoción. Esto incluye tanto a personas que acaban de ingresar al país norteamericano como a quienes han vivido en EE.UU. durante años.

La remoción acelerada es un proceso que permite la deportación inmediata de un extranjero sin la necesidad de una audiencia judicial. Esta medida puede aplicarse cuando una persona:

• Intenta ingresar a EE.UU. sin documentos válidos.
• Presenta pasaportes falsos u otra documentación fraudulenta.
• No cumple con los requisitos de entrada establecidos por el gobierno federal.

En estos casos, la persona puede ser detenida en un centro migratorio y expulsada de EE.UU. sin pasar por un tribunal. Esta modalidad ha sido utilizada en operativos masivos, especialmente en cruces fronterizos y aeropuertos.

Cuando no se aplica la remoción acelerada, el proceso de expulsión incluye una audiencia ante un juez de inmigración, quien evalúa la legalidad de la permanencia del extranjero en el país norteamericano. Este tribunal depende del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y tiene autoridad para dictar una orden de deportación o, en algunos casos, conceder medidas alternativas.

El migrante tiene derecho a estar representado por un abogado, aunque la asistencia legal no es proporcionada por el gobierno. El representante legal debe estar autorizado para ejercer en EE.UU. y contar con acreditación del DOJ si trabaja para una organización sin fines de lucro especializada en la materia.

Antes de ejecutar una orden de deportación, el extranjero puede solicitar lo que se conoce como “salida voluntaria”. Este permiso permite abandonar EE.UU. por cuenta propia y evitar algunas de las consecuencias negativas asociadas a una orden de remoción. La salida voluntaria debe ser autorizada por un juez o, en algunos casos, por ICE, y los gastos del viaje corren por cuenta del solicitante.

Esta opción es considerada menos perjudicial para quienes buscan evitar futuras restricciones migratorias, ya que una expulsión formal puede generar consecuencias legales que impidan reingresar al país norteamericano en el futuro.

Una vez determinada la remoción, el traslado de la persona es organizado por ICE a través de la División de Operaciones Aéreas (IAO, por sus siglas en inglés). Esta unidad es responsable de gestionar los vuelos de deportación.

De acuerdo con la agencia federal, los vuelos pueden ser locales, para trasladar a los detenidos entre centros de detención, o internacionales, cuando se realiza la expulsión a otro país. En casos considerados de alto riesgo, ICE coordina vuelos especiales para asegurar la seguridad del proceso.

Cualquier persona sujeta a un proceso de deportación tiene derecho a presentar recursos legales, como apelaciones o solicitudes de asilo, si teme persecución en su país de origen. Para ello, debe cumplir con plazos estrictos y presentar documentación ante las autoridades correspondientes. En muchos casos, las organizaciones comunitarias ofrecen asistencia legal gratuita o a bajo costo, especialmente en zonas con alta población inmigrante.