Fin a la ciudadanía por nacimiento: el revés que busca la Administración Trump

El intento del Donald Trump por restringir el acceso a la ciudadanía estadounidense para los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. regresó a la escena judicial con fuerza renovada. En medio de disputas legales y cuestionamientos constitucionales, su administración presionó para que los tribunales levanten los bloqueos que impiden aplicar esta política, lo que desató un debate profundo sobre los límites del poder presidencial y los derechos establecidos por la 14ª Enmienda.

La política firmada por Trump, titulada “Proteger el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, busca evitar que los hijos de padres extranjeros en situación irregular o con estatus migratorio temporal accedan automáticamente a la ciudadanía por haber nacido en territorio estadounidense.

Durante una audiencia en el noveno Circuito de la Corte de Apelaciones en Seattle, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Dean McArthur, defendió la legalidad de esta orden y sostuvo que el texto constitucional permitiría al Congreso modificar las reglas actuales, si así lo decidiera. “La Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda establece un piso, no un techo”, aseguró ante los jueces, según citó CNN.

La audiencia, que se extendió por una hora, marcó la primera vez que un tribunal intermedio federal escuchó argumentos orales sobre esta controvertida política, que fue bloqueada antes de su entrada en vigencia por diversas cortes de distrito a comienzos del año.

El juez de distrito John Coughenour bloqueó la orden a nivel nacional en febrero, lo que impidió así que la Administración Trump diseñara un mecanismo claro para su aplicación. Durante la audiencia de apelación, McArthur reconoció que el gobierno no pudo definir cómo se implementaría la política debido a las múltiples órdenes judiciales que la frenaron.

Entre los grupos afectados por esta indefinición se encuentran:

• Solicitantes de asilo
• Refugiados
• Inmigrantes con visas temporales
• Personas en situación migratoria irregular

“La orden judicial impidió incluso que el Gobierno explicara cómo funcionaría la política”, lamentó McArthur, al intentar responder cómo impactaría sobre casos específicos.

A pesar de las preguntas técnicas planteadas por los jueces, el abogado del gobierno insistió en que el tribunal de apelaciones debería abstenerse de pronunciarse mientras la Corte Suprema delibera si permite aplicar parcialmente la medida.

Durante la audiencia, el juez Patrick J. Bumatay —nombrado por el propio Trump— mostró señales de simpatía hacia la postura oficialista, y planteó la posibilidad de que una interpretación más restrictiva de la 14ª Enmienda se apoyara en precedentes judiciales del siglo XIX, según comentaron desde el medio citado.

Bumatay también cuestionó si una orden judicial a nivel nacional era apropiada en este momento. Esta posición ha sido reiterada por la administración republicana, que ha expresado su descontento con los bloqueos judiciales amplios que han frenado otras políticas impulsadas por Trump.

Noah Purcell, procurador general del estado de Washington, defendió la necesidad de mantener el fallo que impide aplicar la medida a nivel nacional: “Los daños a los estados que surgirían de una regla fragmentada son los mismos daños que generaría la propia regla”, advirtió.

Purcell explicó que, si la orden de Trump entra en vigor en algunos estados y en otros no, miles de bebés podrían quedar sin número de Seguro Social y sin acceso a servicios básicos, generando caos burocrático y desigualdad entre jurisdicciones.

Según reportó CNN, la Corte Suprema escuchó los argumentos en torno a las órdenes judiciales que bloquean la política de Trump, lo que mostró cierta apertura a levantarlas parcialmente. Sin embargo, los jueces se presentaron divididos y preocupados por las consecuencias prácticas de permitir al Gobierno negar la ciudadanía a personas nacidas en Estados Unidos.

Entre las principales preocupaciones que surgieron durante la audiencia se destacaron:

• Neil Gorsuch, juez conservador, expresó inquietud por los problemas de implementación desigual si se permite aplicar la política en algunas regiones y no en otras.
• Brett Kavanaugh cuestionó directamente cómo deberían actuar los hospitales si la medida entrara en vigor: “¿Qué hacen con un recién nacido al día siguiente?”, preguntó con escepticismo.
• Amy Coney Barrett, también conservadora, mostró dudas sobre la viabilidad de frenar la orden solo mediante demandas colectivas, como sugería la administración.

Kavanaugh planteó la posibilidad de que las demandas colectivas ofrecieran una alternativa para impugnar la orden de forma más acotada que las medidas cautelares nacionales, aunque reconoció que este camino podría demorar más tiempo y sería más complejo de implementar.