Por qué esta semana es importante para quienes tienen DACA: podría cambiar el estatus de miles de inmigrantes en EE.UU.

El futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se encuentra una vez más en el centro del debate judicial en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans escuchó este jueves los argumentos para mantener la política migratoria, que otorga un permiso de residencia y de trabajo a más de 530 mil jóvenes que llegaron al país de forma irregular cuando eran niños.

Texas y otros seis estados liderados por republicanos iniciaron el caso en revisión en 2018, cuando argumentan que el programa es ilegal y que impone costos financieros indebidos a sus administraciones, indicó The New York Times. Los demandantes sostienen que el entonces presidente Barack Obama se excedió en su autoridad al crear DACA mediante una orden ejecutiva, sin pasar por el Congreso.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, conocido por su inclinación conservadora, será el encargado de revisar si el gobierno actuó dentro de su autoridad cuando intentó proteger y fortificar el programa en 2022. Además, se evaluará si el programa realmente ha generado costos significativos a los diferentes estados del país norteamericano.

Creado en 2012 bajo la administración de Obama, DACA fue diseñado como una medida temporal que permitía a los niños y adolescentes extranjeros, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, en español, obtener una suspensión de deportación. Desde su implementación, alrededor de 800 mil personas han sido beneficiarias del programa, que les ha permitido acceder a oportunidades laborales y educativas. Sin embargo, desde un primer momento ha sido objeto de controversias legales y políticas.

Aunque el fallo aún está por definirse, los beneficiarios actuales de DACA enfrentan una incertidumbre creciente. En caso de que el tribunal dictamine que el programa es ilegal, es posible que las renovaciones para quienes ya están inscritos puedan verse afectadas, y aquellos que esperaban aplicar por primera vez no podrán hacerlo. La decisión podría marcar un punto crítico en la lucha por los derechos de estos jóvenes inmigrantes.

Cabe destacar que, desde 2021, un fallo judicial impide que el Departamento de Seguridad Nacional acepte nuevas solicitudes de DACA, lo que ha generado una disminución en el número de personas inscritas en el programa.

El gobierno de Joe Biden ha defendido la legalidad de DACA al argumentar que el presidente tiene la autoridad para ejercer su discreción en materia de inmigración. Además, importantes empresas tecnológicas, como Apple, Google y Microsoft, han expresado su apoyo al programa, debido al beneficio que los “soñadores” aportan a la economía estadounidense. Cabe destacar que muchos de los beneficiarios son ahora adultos con carreras profesionales, familias e hijos nacidos en el país. El posible fin del programa tendría un impacto no solo en sus vidas, sino también en las comunidades que dependen de su trabajo y contribución.

Por otro lado, los estados demandantes insisten en que DACA representa una carga para los sistemas de educación y salud, y consideran que su creación fue inconstitucional. La postura de esos gobiernos ha polarizado aún más el debate migratorio en el país.

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