Quién es el juez que falló contra Trump y a favor del asilo para migrantes en la frontera de Estados Unidos
Nominado por Barack Obama en 2014 y ratificado el mismo año por el Congreso, Randolph Daniel Moss puso un freno a la decisión del Ejecutivo de frenar los asilos a extranjeros que ingresaron de forma ilegal
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LA NACION
Un juez federal en Washington se convirtió en la figura central de uno de los fallos más relevantes del año en materia migratoria. Randolph D. Moss, magistrado para el Distrito de Columbia, declaró ilegal una medida del presidente Donald Trump que impedía a los extranjeros pedir asilo tras cruzar la frontera sur.
Un juez con una carrera forjada en la élite jurídica de Estados Unidos
Randolph Daniel Moss nació en Springfield, Ohio, y desde muy joven se destacó por su excelencia académica. En 1983, obtuvo su licenciatura con honores máximos en el Hamilton College y tres años más tarde se graduó como abogado en la prestigiosa Facultad de Derecho de Yale, donde también se desempeñó como editor del Yale Law Journal, según indica su biografía.
Tras finalizar sus estudios, inició su trayectoria como asistente legal de dos reconocidas figuras del poder judicial: primero del juez Pierre N. Leval, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y luego del juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, un puesto reservado para los egresados más destacados.
En 1989 se incorporó al influyente estudio jurídico Wilmer, Cutler & Pickering, donde trabajó hasta 1996. Ese año, ingresó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Oficina de Asesoría Legal. Allí ocupó varios cargos de alta jerarquía:
- Entre 1996 y 1998, se desempeñó como subprocurador adjunto.
- Entre 1998 y 2000, asumió como procurador adjunto en funciones.
- Desde 2000 hasta 2001, ocupó formalmente el cargo de procurador adjunto de los Estados Unidos.
Luego de su paso por el sector público, regresó al estudio jurídico WilmerHale, donde dirigió el Departamento de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales hasta 2014.
Su designación como juez federal y el respaldo del Senado
El presidente Barack Obama nominó a Moss el 3 de abril de 2014 para cubrir una vacante en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Esta vacante había surgido cuando el juez Robert Leon Wilkins fue ascendido al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
La nominación fue recibida con entusiasmo por parte del mundo legal. La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) evaluó a Moss como “Unánimemente bien calificado”, la máxima puntuación posible. Luego de una audiencia ante el Comité Judicial del Senado el 20 de mayo de ese mismo año, su nombramiento fue confirmado por la Cámara Alta con 54 votos a favor y 45 en contra, el 13 de noviembre de 2014. Al día siguiente, recibió su comisión judicial y desde entonces integra el tribunal federal con sede en Washington D.C.
La sentencia que limitó a Trump y defendió el derecho al asilo
El pasado 2 de julio de 2025, el juez Moss firmó una sentencia que anuló una de las medidas más drásticas impulsadas por Donald Trump desde su retorno al poder: una Orden Ejecutiva que suspendía el programa de admisión de refugiados y alteraba de forma radical el proceso de asilo, establecido por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En su escrito, Moss sostuvo que “ni la Constitución ni la legislación federal migratoria le otorgan al presidente la facultad de adoptar un sistema alternativo de inmigración”. Aunque reconoció los desafíos que enfrenta el Poder Ejecutivo para controlar los cruces fronterizos y procesar las solicitudes, subrayó que ninguna interpretación legal permitía eludir el marco establecido por el Congreso.
La proclamación de Trump, titulada “Garantizando a los estados protección contra la invasión”, pretendía devolver a los migrantes —incluidas familias completas— sin evaluar sus solicitudes de refugio, incluso cuando alegaban persecución o tortura. La medida fue cuestionada por organizaciones de derechos de los inmigrantes que representaban a personas originarias de Afganistán, Cuba, Egipto, Perú y Turquía, varias de las cuales habían sido víctimas de violencia política o torturas sistemáticas.
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