SNAP con restricciones: buscan prohibir la compra de estos productos para mayores de 60 años

A partir del 1° de julio de 2025, una nueva ley aprobada en Idaho podría transformar los hábitos de consumo alimenticio de quienes reciben asistencia a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El proyecto impulsado por legisladores propone que, tras los 60 años, los beneficiarios no puedan utilizar cupones para comprar gaseosas ni golosinas. La medida no solo apunta a cambiar hábitos personales, sino también a reducir el gasto público vinculado a problemas de salud prevenibles.

El representante Jordan Redman, principal impulsor del proyecto de ley H0109, planteó que la legislación busca excluir de la lista de productos autorizados dentro del SNAP a los alimentos con escaso o nulo valor nutricional, como caramelos y bebidas azucaradas. En palabras del propio congresista, se trata de una manera de “hacer saludable nuevamente a Idaho”, al mismo tiempo que se controla el gasto público en salud.

Según el texto presentado por la legislatura del estado, las bebidas azucaradas figuran como el producto más adquirido con asistencia alimentaria. Esta realidad, aseguran los defensores de la ley, alimenta una epidemia de “comida chatarra” y agrava el problema de la obesidad, tanto en niños como en adultos mayores. A esto se suma el creciente desembolso del Estado en tratamientos médicos cubiertos por Medicaid, financiados por los contribuyentes.

El proyecto de ley no modifica directamente las reglas federales del SNAP, pero obliga al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho a solicitar una exención ante el gobierno federal para aplicar esta restricción. En caso de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no otorgue dicha autorización, Idaho deberá repetir la solicitud cada año hasta lograr la aprobación.

La propuesta define con precisión cuáles son los artículos que ya no podrían adquirirse con beneficios del SNAP en caso de que la exención sea concedida por el gobierno federal. Estas son las categorías de productos alcanzadas por la medida:

• Golosinas: el texto legal define como “candy” a toda preparación que contenga azúcar, miel u otros edulcorantes, combinados con chocolate, frutas, nueces u otros ingredientes, siempre que estén presentados en forma de barras, pastillas o piezas individuales. El proyecto excluye de esta categoría a los productos que contengan harina o requieran refrigeración.
• Bebidas gaseosas: se considera “soda” a cualquier bebida no alcohólica que contenga edulcorantes naturales o artificiales. Quedan fuera de esta definición las bebidas que incluyan leche o sustitutos lácteos, las que contengan más del 50% de jugo natural de frutas o verduras, y aquellas que necesiten preparación antes de su consumo (como los polvos o concentrados).

Según indicó el portal oficial de la legislatura de Idaho, este texto fue finalmente aprobado por ambas cámaras estatales y enviado al gobernador el 2 de abril de 2025.

La propuesta H0109 atravesó un proceso legislativo complejo, con múltiples revisiones y votaciones reñidas. Fue introducida oficialmente el 3 de febrero de 2025 y remitida al Comité de Salud y Bienestar, donde obtuvo una recomendación favorable. Tras varias modificaciones en el Senado, el texto fue aprobado de forma definitiva en la Cámara de Representantes el 31 de marzo, con 48 votos a favor, 20 en contra y dos ausencias.

Durante su tratamiento, la ley recibió el respaldo de legisladores como los senadores Lakey, Nichols y Shippy, así como también de un sector del Partido Republicano que puso el foco en el impacto fiscal de los malos hábitos alimentarios. En cambio, los opositores, entre ellos los representantes Rubel, Erickson y Wheeler, manifestaron su desacuerdo con restringir el acceso a ciertos productos en función de criterios alimentarios impuestos por el Estado.

A pesar de las diferencias, el texto obtuvo la aprobación necesaria y fue enviado al gobernador Brad Little para su promulgación.

En el documento de intención legislativa que acompañó el proyecto, los promotores de la medida dejaron en claro su visión. Afirman que los cupones SNAP, al permitir la compra de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, contribuyen a una crisis de salud pública que incluye obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

“La asistencia alimentaria no puede ser un vehículo para seguir alimentando una epidemia de azúcar”, se lee en el texto firmado por Redman, donde también se plantea que limitar el acceso a productos poco saludables es una forma de proteger tanto a los beneficiarios como al conjunto de los contribuyentes, que deben hacerse cargo del aumento en el gasto médico.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que, al excluir ciertos productos, se priorizará el consumo de alimentos más nutritivos, como frutas, vegetales, granos integrales y proteínas magras. De este modo, el Estado buscará reducir enfermedades prevenibles y sus correspondientes costos sanitarios.