Tribunal de apelaciones de EE.UU., dividido en caso de venezolanos deportados a prisión de El Salvador
WASHINGTON (AP) — Un panel de jueces de un tribunal de apelaciones pareció estar dividido el viernes sobre si bloquea o mantiene una orden que exige al gobierno del presidente Donald Trump que facilite el regreso de decenas de migrantes venezolanos que fueron deportados el año pasado de Estados Unidos a una prisión tristemente célebre en El Salvador.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia no indicó con qué rapidez emitiría un fallo tras escuchar los argumentos de los abogados del gobierno y de los migrantes, quienes fueron trasladados en avión a El Salvador sin aviso alguno ni oportunidad de impugnar sus expulsiones de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia apeló después de que el juez principal del Tribunal de Distrito, James Boasberg, ordenara en febrero al gobierno de Trump que hiciera arreglos para que algunos de los migrantes venezolanos deportados regresaran a Estados Unidos a costa del gobierno. Boasberg afirmó que la administración respondió básicamente diciéndole que “se fuera a freír espárragos”.
Dos integrantes del panel, los jueces A. Raymond Randolph y Neomi Rao, parecieron mostrarse escépticos respecto de que los migrantes tengan derecho a regresar a Estados Unidos para impugnar sus deportaciones, realizadas en marzo de 2025.
Una pregunta clave para el panel es si los tribunales de Estados Unidos tienen jurisdicción sobre las reclamaciones de los migrantes porque el gobierno de Estados Unidos sostuvo que mantenía sobre ellos una “custodia constructiva” incluso después de que llegaron a El Salvador. Rao cuestionó si los migrantes pueden cumplir con esa carga legal mediante sus peticiones de “habeas corpus”.
“Debe haber alguna demostración de que Estados Unidos tenía ese tipo de control —el control de poder presentar a un detenido a voluntad— y no veo esa evidencia por parte de los peticionarios”, manifestó Rao, nominada por Trump.
El juez de circuito Harry Edwards, nominado por el presidente demócrata Jimmy Carter, señaló que Boasberg mencionó abundantes pruebas de que el gobierno de Trump “mantuvo un control compartido” sobre los migrantes deportados y estuvo “plenamente involucrada y se mantuvo en una posición de control en todo momento”.
Edwards también indicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que los demandantes tienen derecho a impulsar sus reclamaciones de debido proceso.
“Lo único que el juez Boasberg intentaba era facilitar el ejercicio de sus derechos. Eso es todo”, expresó.
El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, argumentó que Boasberg no tenía jurisdicción para emitir la orden que se apela. La decisión “desenfrenada” de Boasberg “abriría las compuertas a reclamaciones de que Estados Unidos tiene custodia constructiva sobre prisiones en todo el mundo”, afirmó.
“No se supone que este tribunal deba cuestionar decisiones delicadas de política exterior ni socavar la capacidad de Estados Unidos de hablar con una sola voz en el escenario internacional. Eso es exactamente lo que el tribunal de distrito está haciendo aquí”, añadió Davis.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Lee Gelernt, quien representa a los migrantes deportados, afirmó que el gobierno de Trump ha reconocido que violó los derechos constitucionales de los demandantes al negarles el debido proceso, pero no intenta corregir el problema.
“Reconocen que los sacamos a toda prisa, que no les dimos un debido proceso”, dijo Gelernt. “No puede ser el final del juego. Sería una regla demasiado insostenible para que este tribunal la adopte”.
Randolph observó que los demandantes ya han sido liberados de custodia en El Salvador y trasladados a Venezuela. Sugirió que ya han recibido la única reparación legal a la que tienen derecho.
“Estamos hablando de habeas corpus. Y (con) habeas corpus, la reparación es la liberación del confinamiento. Ya están liberados”, señaló Randolph, nominado por el presidente republicano George H. W. Bush.
“La reparación para esto no es la liberación en un país del que huyeron. Es volver”, replicó Gelernt.
Randolph también cuestionó si el caso de fondo de los demandantes ha quedado sin objeto, dado que los migrantes ya no están bajo custodia.
Los abogados de la ACLU han estado en contacto con aproximadamente dos tercios de los 137 migrantes desde su liberación de la megaprisión de El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o Cecot.
Boasberg, nominado por el presidente demócrata Barack Obama, ha chocado repetidamente con la administración desde que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para deportar aviones cargados de migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas.
El juez dio una orden verbal para que las aeronaves dieran la vuelta. La administración negó haberla violado. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, lo que derivó en una apelación separada sobre la cual el pleno del Circuito de D.C. escuchará argumentos el martes.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
