Trump trata de reconstruir el muro arancelario derribado por la Corte Suprema
WASHINGTON (AP) — El Tesoro de EE.UU. se engrosó el año pasado con ingresos procedentes de los cuantiosos aranceles que el presidente Donald Trump impuso sobre las importaciones de casi todos los países del mundo.
Pero el dinero se agotó después de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles más grandes y audaces de Trump.
La pregunta ahora es: ¿Puede el equipo comercial del mandatario cumplir su promesa de reemplazar los ingresos perdidos?
El tiempo se está agotando.
Tras el revés en la Corte Suprema, Trump recurrió primero a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles globales del 10%. Pero la Sección 122 solo autoriza aranceles por 150 días. Los de Trump vencen el 24 de julio. El Congreso tendría que prorrogar esos aranceles —algo poco probable para los legisladores a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, en medio del descontento de los votantes por el alto costo de vida.
Pero el gobierno cuenta con opciones más duraderas: la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 permite al presidente imponer aranceles y otras sanciones contra países que incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”. Trump utilizó la Sección 301 para imponer fuertes aranceles a China en su primer mandato y los está aplicando de nuevo —tan recientemente como a última hora del miércoles, cuando anunció aranceles del 25% sobre algunas importaciones brasileñas, acusando a la 11.ª economía más grande del mundo de una serie de prácticas comerciales desleales.
Abogados especializados en comercio y analistas vaticinan que el gobierno de Trump logrará ganarle al reloj y sustituir los aranceles de la Sección 122 por aranceles más altos de la Sección 301 antes de la fecha límite del 24 de julio. “Van a levantar otra vez el muro arancelario”, predijo el abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y funcionario de comercio en la primera administración de Trump y en la del presidente Joe Biden.
Trump puso a prueba el año pasado —de hecho, excedió— los límites de su autoridad para imponer impuestos a las importaciones, una facultad que la Constitución otorga al Congreso. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer fuertes aranceles a la mayoría de los países del mundo.
Justificó los gravámenes —que marcaron un giro sorprendente respecto de décadas de política de EE.UU. a favor de aranceles más bajos y un comercio más libre— al calificar los persistentes déficits comerciales como una emergencia nacional.
La Corte Suprema no lo aceptó y dictaminó en febrero que el gobernante no podía usar la ley de poderes de emergencia para imponer aranceles en absoluto. La derrota legal significó que el gobierno tuvo que enviar reembolsos a los importadores que habían pagado los gravámenes.
Como resultado, los aranceles han pasado, al menos temporalmente, de ser una ganancia inesperada a convertirse en una carga para el Tesoro.
Los ingresos por impuestos a las importaciones alcanzaron su punto máximo en más de 31.400 millones de dólares el pasado octubre. Luego, tras el fallo de la Corte Suprema, comenzaron a disminuir: a 22.000 millones de dólares tanto en marzo como en abril. A medida que los cheques de reembolso salían más rápido de lo que entraban los ingresos por los aranceles de la Sección 122 y otros, la cifra se volvió negativa: un pequeño déficit (42 millones de dólares) en mayo fue seguido por una enorme pérdida de 25.600 millones de dólares en junio.
Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han prometido recurrir a otras facultades legales para recuperar los ingresos perdidos.
Para eso se valen de la Sección 301, que otorga al presidente poder para imponer —y ajustar— aranceles en respuesta a las prácticas comerciales de otros países. Pero el gobierno primero debe cumplir con requisitos de procedimiento: recopilar comentarios y celebrar audiencias. No hay plazos para los aranceles de la Sección 301. Vencen después de cuatro años, pero pueden renovarse.
Así, el mandatario tiene flexibilidad en cómo utiliza los aranceles de la Sección 301. Trump aún puede modificarlos —después de superar los obstáculos de procedimiento—, pero no puede imponerlos ni subirlos o bajarlos por capricho, como a menudo hacía con los aranceles de la IEEPA. La incertidumbre sobre la política arancelaria de Trump ha inquietado a las empresas, dejándolas renuentes a realizar inversiones y tomar decisiones porque no saben cuáles serán las reglas comerciales.
Un cambio a la ley 301 significaría que “habrá menos incertidumbre, pero no habrá cero incertidumbre”, señaló Sarah Bianchi, exfuncionaria de comercio de EE.UU. que ahora es estratega principal de asuntos políticos internacionales en la firma de investigación de inversiones Evercore ISI.
El gobierno de Trump ha recurrido a dos grandes investigaciones bajo la Sección 301 en su campaña para reemplazar los ingresos arancelarios perdidos. Una acusa a 60 países, que representan el 99% de las importaciones de EE.UU., de no hacer lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzado. La otra investiga si 16 socios comerciales —incluidos China, la Unión Europea y Japón— están produciendo en exceso bienes, bajando los precios a nivel mundial y colocando a los fabricantes estadounidenses en desventaja.
El gobierno ya decidió qué quiere hacer respecto del tema del trabajo forzado. Al invocar la Sección 301 el mes pasado, el representante comercial Jamieson Greer propuso aranceles —10% para 16 países y 12,5% para 44— que son iguales o ligeramente superiores a los gravámenes del 10% de la Sección 122 que reemplazarían. Pero la oficina de Greer aún está recibiendo comentarios públicos sobre los aranceles propuestos y todavía no los ha impuesto.
Nathaniel Halvorson, socio del bufete Baker McKenzie y exfuncionario de comercio de EE.UU., vaticina que la oficina de Greer logrará poner en vigor a tiempo los gravámenes vinculados al trabajo forzado, de modo que no haya mucha diferencia entre ellos y los aranceles de la Sección 122. “En realidad, están operando tan rápido como es legalmente posible”, manifestó.
El gobierno aún no ha concluido la otra investigación de la Sección 301 sobre la presunta sobreproducción por parte de 16 países. El abogado comercial Majerus prevé que el gobierno propondrá más aranceles elevados en ese caso, probablemente en uno o dos meses. Sospecha que se programarán para entrar en vigor solo después de las elecciones de mitad de mandato “por razones obvias”.
Trump, quien se ha autodenominado con orgullo “Tariff Man” (“el Hombre de los Aranceles”), ha dejado claro que busca restablecer los grandes impuestos a las importaciones a nivel mundial que había impuesto en 2025. Por ello, las nuevas investigaciones 301 parecen un pretexto para hacerlo y podrían ser vulnerables en los tribunales, dijo Bianchi.
“Las Secciones 301 han sido bastante sólidas desde el punto de vista legal”, sostuvo. “Pero nadie ha intentado usarla para, básicamente, establecer aranceles universales. Creo que habrá impugnaciones legales”.
