Agenda para una alternativa de cambio político positivo

En una sociedad con una justificada desconfianza en la actividad política, la construcción de una alternativa democrática y republicana es un emprendimiento colectivo tan complejo como necesario, dado que la polarización de las opciones extremas lleva en nuestros días a una brutal simplificación que no da cuenta de la rica diversidad del país ni de sus amplias posibilidades de desarrollo nacional.

Entre ambos polos se encuentra un archipiélago de fuerzas que ofreció poca competitividad a un electorado cuyas preferencias no son tan diversas.

Creo que es imprescindible construir con firmeza una alternativa vigorosa e inteligente a esa polarización muchas veces tóxica, que reconozca la complejidad de los problemas acumulados en las últimas décadas y que solo se pueden abordar si se renuncia a privilegiar intereses inmediatos y ambiciones personales.

Para eso, es necesario asumir que las dificultades a enfrentar no son solamente internas. Vivimos en un contexto global en el que se advierten signos claros de deterioro de las democracias liberales con el ascenso de líderes con tendencias autocráticas de diversa orientación, de tensiones geopolíticas crecientes, de cuestionamientos generalizados a las formas de autoridad políticas, de aceleración del cambio tecnológico, de retroceso de las reglas comerciales, de intensificación de conflictos migratorios, de aceleración de la transición demográfica, de crecimiento de las economías criminales y de una esfera pública en la que los criterios de verdad y racionalidad científica pierden entidad.

En contrario a varios pronósticos, el mundo actual sigue siendo protagonizado por los Estados nacionales. Por lo tanto, es imprescindible dotarnos de una estrategia-nación para integrarnos con ventaja a las corrientes mundiales de producción y comercio, y para contribuir a un orden mundial basado en el derecho y la convivencia plural de las soberanías y las culturas.

El actual presidente propone un experimento basado en una promesa: el crecimiento económico será resultado del estímulo a la iniciativa privada con base en el desmantelamiento del nivel nacional del Estado y de la indiferencia frente a las apremiantes necesidades de justicia social. Nuestra convicción es que eso se trata de una quimera, porque la prosperidad de los países requiere siempre dos condiciones: un orden jurídico y político en que se apoyen las libertades económicas y una distribución amplia de bienes púbicos para igualar oportunidades en la base de la sociedad.

Por eso, reconstruir y fortalecer los lazos sociales es indispensable. No será fácil ni rápido, pero es una prioridad que requiere un despliegue coordinado de esfuerzos estatales y comunitarios, siendo conscientes que los recursos públicos son escasos y deben aplicarse bajo estricto control. Tanto los pobres resultados de políticas públicas que insumieron ingentes esfuerzos fiscales cuanto el clientelismo, el patronazgo, el patrimonialismo y otras manifestaciones de corrupción son flagelos de los que debemos ponernos a resguardo.

La edificación de capacidades estatales -oficinas y reparticiones eficaces, productoras de valor público, profesionales, transparentes y en la vanguardia tecnológica- en el marco de un estricto equilibrio fiscal es una clave estratégica para alcanzar una productividad extendida sobre un conjunto diverso de cadenas productivas, que a un tiempo aprovechen la dotación de recursos en cada región y provean puestos de trabajo digno en todo el territorio.

Por cierto, es imperioso generar y asegurar condiciones macroeconómicas estables, y también disponer de políticas públicas aptas para respaldar a las empresas, dar saltos tecnológicos, reconvertir sectores, estimular el empleo formalizado y abrir nuevos mercados.

Los principales desafíos

Las aspiraciones señaladas enfrentan desafíos mayúsculos y dilemas que carecen de una respuesta única. No existe un manual con instrucciones a seguir. Se trata de pensar una construcción política en una sociedad plural que arrastra tropiezos de larga data y que ahora debe recrear la esperanza, lo que requiere articular los partidos políticos y superar, mediante ideas y acciones, el escepticismo generalizado hacia la política como vector de transformación.

• Un país más integrado a la región y al mundo. El relacionamiento externo de la Argentina requiere, hoy más que nunca, una observación continua frente a un mundo que experimenta cambios mayúsculos y de celeridad inusitada. La matriz de relaciones geopolíticas, económicas y financieras que dominó la globalización desde la segunda posguerra ya no existe: ha quedado atrás la unipolaridad, y el nuevo escenario es incierto. Paradójicamente, cuando desde nuestra pertenencia a Occidente se hace más necesario mantener una mirada abierta y atenta a un damero internacional complejo, el gobierno argentino ha optado por una alineación automática y exclusiva con los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Este cambio de postura se ha hecho de manera súbita y sin una estrategia meditada que le sirva de apoyo, y es un camino que aleja a la Argentina de las posiciones que ha defendido tradicionalmente en distintos foros internacionales. Tampoco es compatible con la orientación de nuestros flujos actuales de comercio e inversiones, ni con la necesidad de ampliar el volumen de nuestras exportaciones, atraer inversiones e incorporar tecnología. Mantenemos una política internacional y económica que se encuentra en las antípodas de nuestro principal socio en el Mercosur, y sin capacidad para gestionar las diferencias y avanzar en una agenda positiva. El probable acuerdo con la Unión Europea abre una perspectiva promisoria, pero exige trabajar con paciencia junto a los otros miembros de nuestro bloque. La integración regional y la inserción global de Argentina requiere correcciones antes de que se consoliden obstáculos de mayor costo.
• La impostergable tarea de la estabilización. El horizonte de las decisiones es sumamente estrecho y la fragilidad financiera obliga a decisiones que tienen unos pocos beneficios de corto plazo, pero que ocultan consecuencias en un horizonte más largo de tiempo. La estabilización económica “a como dé lugar” o, en el otro extremo, el manejo macroeconómico irresponsable, han ocupado el centro de atención de distintos gobiernos. Pese a reiterados intentos, los desequilibrios macroeconómicos demorarán en resolverse hasta que se restablezca la confianza en el peso, se recupere el acceso al crédito externo y se disminuya la desmedida deuda interna, consecuencia de los excesos monetarios del pasado. La trayectoria por recorrer en el futuro está caracterizada por la estrechez fiscal, con escasos márgenes de gasto público y la necesidad de generar superávit primario y asegurar saldos positivos en la cuenta corriente externa. Esto exige confrontar difíciles dilemas. La urgencia por resolver la estabilización económica no puede perder de vista una mirada más amplia y estratégica del desarrollo nacional. Hay espacio para otras políticas, reafirmando por supuesto el orden fiscal y monetario.
• El mercado y la inversión privada. La saludable posibilidad de otorgar un papel destacado al dinamismo empresarial y a la inversión también enfrenta obstáculos. Una parte importante de las actividades de mayor proyección y potencial de crecimiento —como la energía, la agroindustria, la minería, la siderurgia, la industria farmacéutica, el complejo automotriz y las telecomunicaciones— a las que cabe agregar los servicios basados en el conocimiento, pueden ser agentes de importantes transformaciones y dinamismo tecnológico en una economía más integrada al mundo. No obstante, el mayor reto es cómo transformar a los sectores que quedan en desventaja competitiva frente al contacto más estrecho con el mercado regional y global y que, como es sabido, tienen un peso gravitante en el empleo, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Importantes diferencias de productividad entre empresas conviven en el interior de las distintas actividades económicas, lo cual da lugar a una estructura productiva heterogénea y desigual. Un entorno de crecimiento sostenido, con menores vaivenes y acompañado de políticas específicas destinadas a atender estas realidades, permitirá una corrección progresiva del fenómeno.
• Revolución tecnológica, cambio climático y transición demográfica. Se enfrentan retos que tienen lugar en un contexto de mutaciones de alcance civilizatorio, sin antecedentes para la humanidad. La inteligencia artificial generativa —la más reciente de una ola de innovaciones tecnológicas— comienza a transformar nuestra relación con el conocimiento, el trabajo y la comunicación. Es necesario entenderla no solo como una oportunidad de negocios, sino como una ventana de oportunidad social, que exigirá esfuerzos y creatividad para incorporarla con provecho en la educación y en el empleo. El cambio climático, se sabe, nos obliga a responder colectivamente a la posibilidad cierta del deterioro irreversible de las condiciones de nuestra supervivencia como especie. Por su parte, la aceleración de la transición demográfica cierra un ciclo de crecimiento sostenido de la población y anticipa un futuro cercano con cada vez menos niños y jóvenes y más adultos mayores, con consecuencias directas sobre la convivencia social y la sostenibilidad de nuestros sistemas de seguridad social. Estos nuevos desafíos son de enorme complejidad: involucran procesos que escapan al control de los gobiernos, tienen alcance global y se despliegan en escalas temporales diversas. Su abordaje requiere niveles de cooperación difíciles de sostener, pero las evidencias de su importancia son cada vez más contundentes.
• Las funciones y la capacidad del Estado. La economía pública de esfera nacional tiene responsabilidades indelegables, como la orientación para el desarrollo de infraestructura, los programas sociales, el sistema jubilatorio, la educación superior o el sistema científico. A esto se agrega la necesidad de coordinar funciones y competencias ubicadas en la esfera provincial. Sin embargo, las capacidades de gestión necesarias para implementar políticas públicas se ven amenazadas por la fragilidad del servicio civil, que es particularmente agudo en ciertas áreas y organismos. Otra consecuencia de esta fragilidad radica en el desbalance entre necesidades de gasto y capacidad de financiamiento a través de impuestos. En cualquier caso, reformas sólidas y perdurables en el tiempo requieren leyes del Congreso y no decretazos unilaterales.
• Una sociedad integrada y equitativa. Nuestra histórica aspiración de igualdad social enfrenta hoy una doble dificultad. En primer lugar, la pobreza estructural se ha consolidado, abarca a varias generaciones y ha quebrado la estructura social. La falta de creación de empleo y la informalidad laboral, con su correlato de inseguridad económica y fragilidad familiar, constituyen una realidad que interpela y cuestiona toda aspiración legítima de igualdad de oportunidades. No existen remedios instantáneos, pero sí es posible avanzar con políticas coordinadas que permitan abrir horizontes y generar esperanza en el mediano plazo.
• Democracia e instituciones. Uno de los fenómenos destacables de las transformaciones recientes a nivel global es la llamada regresión democrática. La Argentina, con características que le son propias, no es una excepción. La dimensión democrática y republicana está en jaque por una debilidad institucional que permea los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Por otro lado, el abuso de las posiciones de poder, que es una forma de corrupción, obedece a la falta de transparencia, tanto de los actos de gobierno como de las conductas empresariales y corporativas. El acceso abierto a la información de calidad es un vital mecanismo de control y es también una manera de sumar activamente a la ciudadanía al debate público y, por esta vía, fortalecer la vida en democracia. El abuso de las posiciones de poder tiene causas múltiples, como la baja institucionalidad y una cultura política populista, y tiene también consecuencias múltiples, como el avance sobre libertades civiles y políticas, y el péndulo entre ciclos de euforia y desencanto que erosionan tanto la calidad como la estabilidad de la democracia. La falta de confianza en los gobiernos, el mal clima para los negocios y la inestabilidad económica no están desligadas de estos déficits políticos, que por lo tanto no son meras formalidades de segundo orden sino columnas centrales para el desarrollo.

El triunfo de la templanza.

La conveniencia de replantear valores y aspiraciones compartidas es también un intento de evitar errores del pasado y extraer lecciones hacia adelante. Los extremos se favorecen uno al otro y acorralan la sensatez como virtud política.

La demagogia recargada condujo al descalabro económico y a un nuevo deterioro del tejido social. Sus objetivos acarrearon consecuencias negativas de las que sus mentores no asumen responsabilidad alguna: el agotamiento de las finanzas públicas, el estancamiento exportador y la ineficacia que la protección indiscriminada inflige a la productividad y a la competitividad nacionales.

Frente al fracaso, el espacio fue ocupado por el gobierno de Javier Milei, inspirado en principios igualmente inviables, pero de signo contrario: la negación del Estado, la entronización de un concepto errado de libertad, el cuestionamiento de principios básicos de solidaridad social y la idealización de un modelo de economía de mercado basado en autores ubicados en los márgenes de la tradición del pensamiento económico y social.

En la práctica, sus políticas quedan reducidas al objetivo único de la reducción del gasto del Estado, ancladas en el ajuste fiscal y el atraso cambiario, al tiempo que se exhibe la carencia de una estrategia inteligente y fundamentada de inserción internacional.

En síntesis, ante el peligro de estos planteos extremos, resulta oportuno rescatar valores y aspiraciones compartidos que permitan abrir rumbos distintos y proyectar hacia el 2027 un nuevo horizonte. Es legítimo aspirar a un camino que movilice nuevamente a la ciudadanía argentina, pero esta vez buscando acumular capital político en temas que logren resignificar la configuración de la competencia política en una en la que la democracia, la Constitución, la racionalidad política, el equilibrio económico y la coherencia de valores vuelvan a ser una opción sensata y popular.

La esperanza democrático-social reside en que la Argentina adopte una estrategia-nación que inicie un ciclo largo, estable y continuado de crecimiento económico, progreso social y calidad institucional.

Por Jesús Rodríguez

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