América Latina, ante un año lleno de incertidumbre y bajo la sombra de Trump
La región enfrenta uno de los contextos más exigentes de las últimas décadas, con una redefinición acelerada del orden internacional como trasfondo
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En su sexta edición, el Informe de Riesgo Político América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad Católica de Chile (UCC), que cuenta con la participación de destacados expertos, autoridades y académicos, sostiene que América Latina ingresa en un año decisivo. La región enfrenta un punto de inflexión marcado por la convergencia de un escenario internacional crecientemente inestable y por profundas transformaciones políticas, electorales, económicas y sociales en el plano latinoamericano. En un contexto dominado por la volatilidad, la incertidumbre y la confrontación geoeconómica, comprender los riesgos ya no es un mero ejercicio académico, sino una condición indispensable para la toma de decisiones estratégicas. El informe ofrece una lectura rigurosa y prospectiva de los desafíos, amenazas y oportunidades que definirán el rumbo de América Latina en 2026.
Trump 2.0 y la redefinición del orden hemisférico. En un tablero internacional hobbesiano (donde impera la ley de la jungla) caracterizado por el debilitamiento del multilateralismo y el desplazamiento del orden liberal basado en reglas hacia una lógica de poder duro y áreas de influencia, en el cual las grandes potencias no tienen freno, el factor externo más determinante para nuestra región será la política exterior del presidente Donald Trump. La Estrategia de Seguridad Nacional adoptada en diciembre de 2025, junto con el llamado “Corolario Trump”, consagra un giro doctrinario de fondo: la actualización de la Doctrina Monroe bajo los principios de la denominada doctrina “Donroe”.
Las acciones emprendidas contra el régimen chavista –el despliegue naval, el bloqueo petrolero y el ataque aéreo del 3 de enero–, la captura del dictador Nicolás Maduro y de Cilia Flores y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, inauguran una fase inédita en la política hemisférica: la normalización de la intervención armada directa en abierta violación al Derecho Internacional como instrumento legítimo de política exterior. Más allá de la clara naturaleza autoritaria del régimen venezolano, el mensaje para la región es claro: el hemisferio occidental –Groenlandia incluida– deja de ser concebido como un espacio de asociación estratégica y pasa a ser definido, en palabras del propio Trump, como “nuestro hemisferio” (nuestro quiere decir de Estados Unidos), subordinado a los objetivos de America First.
Desde la perspectiva del riesgo político, este giro introduce un factor de inestabilidad sistémica. La intervención deja de ser una anomalía y pasa a convertirse en una herramienta disponible al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos. El control de los recursos energéticos y la administración indirecta de Venezuela mediante un gobierno funcional (de momento) a Washington prevalecen sobre la prioridad de una restauración democrática plena. El país petrolero sudamericano se convierte así en el principal laboratorio geopolítico del hemisferio, con implicancias que trascienden lo nacional y se proyectan sobre toda la región. Una transición desordenada podría amplificar estos riesgos y transformar la crisis venezolana en un factor de inestabilidad para gran parte de América Latina.
Pero China y la Unión Europea (UE) también juegan. El gigante asiático seguirá intentando ampliar su presencia económica en América Latina, pero un Estados Unidos más asertivo obligará a varios países a recalibrar sus vínculos con Pekín, intensificando los dilemas de alineamiento estratégico. En paralelo, la reciente firma del Acuerdo UE–Mercosur, pese a los desafíos que aún hay por delante para su entrada en vigor, refuerza la dimensión geopolítica de la relación birregional en un contexto de competencia entre grandes potencias.
A ello se suma la relevancia diplomática de la próxima elección, este año, del secretario general de la ONU que, de resultar escogida una personalidad latinoamericana, podría abrir una ventana estratégica para nuestra región en el escenario multilateral.
Elecciones decisivas en un escenario regional de crecimiento mediocre. La agenda electoral será intensa. Cuatro países –Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil– celebrarán elecciones generales, y no se descartan comicios en Haití si las condiciones de seguridad lo permiten. Estos procesos tendrán lugar en un entorno de malestar social, alta criminalidad, todo ello combinado con fuerte fragmentación, volatilidad, polarización y desafección ciudadana. Por su parte, políticamente, coexisten democracias resilientes, sistemas estancados, regímenes en deterioro o en retroceso y gobiernos abiertamente autoritarios.
Los resultados permitirán evaluar si se consolidan tendencias recientes: voto de castigo a los oficialismos, mayor alternancia, creciente fragmentación, y si el giro a la derecha observado en los comicios de 2024 y sobre todo en 2025 continúa en 2026 o se detiene. La mayoría de estas elecciones se definirán en segunda vuelta y solo en Brasil Lula podrá buscar su reelección. También será necesario observar si tendrán lugar nuevas injerencias de Trump en algunas de estas elecciones y sus consecuencias, como ocurrió el año pasado en la Argentina y Honduras.
En el plano económico, el FMI anticipa para América Latina una tasa promedio regional del 2,2%; otro año de crecimiento mediocre y heterogéneo que refleja problemas estructurales persistentes: baja productividad, inversión insuficiente y debilidades institucionales. Pese a ello, diversos informes –entre ellos el de JP Morgan 2025– sugieren que América Latina podría estar ante un punto de inflexión estratégico: la transición energética, la revolución tecnológica y la reconfiguración de las cadenas globales de valor refuerzan su posición como proveedor clave de energía, alimentos y minerales críticos, así como destino atractivo para el nearshoring en ciertos países.
En lo social, como bien alerta la Cepal, la región llega a 2026 con avances y fragilidades coexistentes: reducción reciente de la pobreza monetaria y mejoras multidimensionales, pero persistencia de informalidad elevada, desigualdad estructural y malestar ciudadano.
Los diez principales riesgos. El ranking regional de riesgos para 2026 confirma una combinación particularmente compleja de amenazas estructurales y shocks geopolíticos que se refuerzan mutuamente y elevan de forma significativa la incertidumbre política y económica en América Latina.
Por tercer año consecutivo, el crimen organizado se consolida como el principal riesgo político de la región. Su expansión transnacional y creciente profesionalización erosionan la gobernabilidad, debilitan el Estado de derecho y facilitan dinámicas de captura institucional. La violencia crónica asociada a estas redes reduce la legitimidad estatal, profundiza la desconfianza ciudadana y limita la capacidad de los gobiernos para ejercer control territorial.
El segundo riesgo es la violencia política y la erosión democrática. La normalización de la violencia como herramienta de disputa y control distorsiona la competencia democrática y vacía de contenido los mecanismos formales de representación. Convergen la violencia criminal y el uso abusivo del poder estatal, anulando incentivos democráticos y favoreciendo la deriva hacia regímenes híbridos o autoritarios.
En tercer lugar se ubica la vulnerabilidad fiscal de los Estados. La región enfrenta un “triple candado”: bajo espacio fiscal, altos niveles de endeudamiento y limitada capacidad recaudatoria. El elevado costo del financiamiento reduce la capacidad de respuesta frente a shocks externos, mientras que la fragmentación política dificulta la adopción de ajustes oportunos y creíbles. Esta fragilidad fiscal condiciona tanto la estabilidad macroeconómica como la gobernabilidad democrática.
El cuarto riesgo es la instrumentalización política de la migración. Lo que debería gestionarse como un fenómeno humanitario es usado por algunos gobiernos como herramienta de presión diplomática o electoral, mientras que regímenes autoritarios recurren a la expulsión masiva como válvula de escape interno. Los costos políticos, sociales y fiscales recaen principalmente en los países receptores.
En la quinta posición encontramos la fragilidad frente al cambio climático. La elevada exposición a eventos extremos amplifica vulnerabilidades sociales y políticas preexistentes. Sequías, inundaciones e incendios afectan de manera desproporcionada a poblaciones rurales y de menores ingresos, mientras la falta de infraestructura resiliente agrava los impactos.
En sexto lugar aparece el debilitamiento del sistema internacional y del comercio global. El orden basado en reglas cede terreno frente a una lógica bilateral y transaccional, que relegitima el uso de instrumentos de poder económico y estratégico. El giro unilateral de Estados Unidos acelera la reconfiguración de flujos comerciales y aumenta la incertidumbre externa para la región.
El séptimo riesgo está asociado a la presión simultánea de Estados Unidos y China sobre los países latinoamericanos. Mientras Washington endurece sus políticas migratorias, comerciales y de sanciones, Pekín expande su presencia financiera, crediticia y tecnológica. Los países de la región enfrentan dilemas de alineamiento estratégico que generan tensiones internas y reducen márgenes de autonomía.
En octavo lugar se sitúa la escalada de las tensiones regionales. La fragmentación del contexto internacional se transmite directamente a la región, deteriorando la confianza diplomática y reforzando un lenguaje confrontacional entre los líderes. La ausencia de consensos básicos y de mecanismos eficaces de prevención y gestión de crisis incrementa la vulnerabilidad colectiva frente a episodios de inestabilidad.
La fragmentación regional y la consiguiente pérdida de peso global ocupan el noveno lugar. La ausencia de coordinación institucional y de una estrategia compartida erosiona la capacidad de negociación internacional de América Latina, reduce su margen de autonomía y la relega en un sistema internacional cada vez más competitivo y orientado al poder.
Finalmente, el décimo riesgo es el rezago frente a la inteligencia artificial. La adopción de IA enfrenta diversos obstáculos: baja inversión, débil gobernanza de datos y escasez de capacidades humanas. La infraestructura tecnológica se concentra en pocos países y persisten profundas brechas de acceso digital, lo que amplifica desigualdades y limita la competitividad futura de la región.
Reflexión final. América Latina inicia 2026 en uno de los contextos más exigentes de las últimas décadas: una redefinición acelerada del orden internacional; el segundo año decisivo del gobierno del presidente Trump, marcado por las elecciones legislativas de medio término de noviembre; un crecimiento regional mediocre; un malestar social extendido y una ciudadanía que exige resultados tangibles; una gobernabilidad cada vez más compleja; la expansión del crimen organizado; y un nuevo tramo del superciclo electoral 2025–2027. La convergencia de todos estos factores eleva de forma sustantiva los riesgos y reduce de manera palpable los márgenes de maniobra de los gobiernos.
Pero el momento no es solo defensivo. Si la región logra dinamizar el crecimiento, profundizar su desarrollo inclusivo, crear empleo formal, fortalecer la calidad de su gobernanza democrática y actuar con mayor coordinación y autonomía estratégica, la disrupción global también puede convertirse en una oportunidad de reposicionamiento. Como subraya el ya citado informe de JPMorgan, América Latina cuenta con valiosos activos para aspirar a una nueva etapa de relevancia en el escenario internacional.
En síntesis, la disyuntiva es clara: o los países de la región consiguen actuar como sujetos políticos autónomos y sentarse a la mesa donde se toman las decisiones, o –como advirtió el primer ministro canadiense Mark Carney esta semana en Davos al referirse a la necesidad de que las potencias medias se articulen para tener mayor autonomía estratégica y crear un nuevo orden asentado en un “realismo basado en valores” (Alexander Stubb)– corren el riesgo de quedar relegados a ser parte del menú. En este contexto, la responsabilidad de las élites latinoamericanas es decisiva.
Zovatto es investigador senior CEI-UCC y Sahd, director CEI-UCC)
